Piden “desarchivar” una causa contra el secretario de Zannini

BUENOS AIRES (NA). El fiscal federal Patricio Evers pidió “desarchivar” y volver a investigar a Carlos Liuzzi, segundo de la Secretaría Legal y Técnica, por presunto enriquecimiento ilícito.Lo hizo mediante un escrito presentado ante el juez Norberto Oyarbide, a quien además le pidió que se aparte de esa investigación, luego de que el magistrado revelara que el funcionario lo llamó para suspender un allanamiento en una financiera.Evers solicitó que un juez “disponga el desarchivo del mencionado expediente a los fines de que se reanude la investigación en relación al presunto incremento patrimonial injustificado de Liuzzi”.La denuncia contra Liuzzi, segundo de la secretaría Legal y Técnica, daba cuenta que el funcionario incrementó su patrimonio en 38 veces “desde su ingreso a la función pública”.En su requerimiento, al que accedió NA, el fiscal se basó en distintas informaciones periodísticas en donde se da cuenta que Liuzzi “habría incrementado injustificadamente su patrimonio desde 2003 a la actualidad”.“Resultaría oportuno desarchivar el expediente y reactualizar el análisis de los sucesos allí investigados”, agregó el fiscal.No obstante, Evers planteó que por una “cuestión de decoro”, Oyarbide debe apartarse, pues él mismo reconoció en el marco de otra causa que el funcionario lo llamó ante una irregularidad que se estaba produciendo en un allanamiento, y él accedió y suspendió el operativo.Asimismo, Oyarbide y Liuzzi fueron denunciados a partir de este último episodio, por el que el magistrado reconoció que frenó un allanamiento en la financiera Propyme a partir del llamado del funcionario.En ese procedimiento, según indicó el dueño de la financiera, Guillermo Greppi, los policías de la Difoc le pidieron un soborno de 300 mil dólares para dejar sin efecto el operativo y aclararon que lo hacían en nombre del Juzgado, hecho que ahora también se investiga.Contradenuncia de los policíasLos policías sospechados de haber pedido un soborno para frenar un allanamiento acusaron al dueño de esa financiera, Guillermo Greppi, de haber “hecho gestiones” para frustrar el operativo con el fin de evitar que ellos secuestraran documentación sensible.A poco de que saliera a la luz el caso, Greppi aseguró que los efectivos de la Difoc, le dijeron que cumplían órdenes del juzgado a cargo del juez Norberto Oyarbide.Luego Greppi reconoció que llamó al funcionario, a quien calificó de “amigo”. Su explicación: los policías le pedían un soborno.A partir de ahí es que el subcomisario Fabio Ascona, por medio de su abogada Valeria Corbacho, acusó que Greppi hizo gestiones para frustrar el allanamiento y, como consecuencia, evitó que se accediera a documentación sensible.