POSADAS. La causa que investiga la muerte de la docente Carmen Mirta Rosa (47) sumó ayer un nuevo capítulo, el de mayor trascendencia en lo que va de 2014. A poco más de un año del comienzo de la investigación, la Cámara de Apelaciones en lo Penal ordenó que los dos policías vinculados al hecho sean excarcelados y permanezcan en libertad hasta la llegada del juicio.Se trata del oficial Aldo Daniel Villalba y del sargento Luis Albino Rotela, quienes podrían ser liberados hoy. Ambos permanecían detenidos ayer en la Unidad Penal VI del Servicio Penitenciario Provincial, en Miguel Lanús, imputados por los delitos de “abandono de persona seguido de muerte” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.La resolución, confirmada a PRIMERA EDICIÓN por sus fuentes, fue notificada ayer a las partes. Este diario había anticipado el último jueves que la excarcelación de los acusados era inminente, tal como finalmente se cumplió.La causa tuvo aristas particulares (ver “El expediente”) y una de las últimas actuaciones había sido impulsada por los abogados particulares Ramón Grinhauz y José Luis Rey, representantes legales de Villalba y Rotela, respectivamente.A fines del año pasado los letrados habían presentado un pedido de excarcelación ante el magistrado Marcelo Cardozo, actualmente al frente del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas por subrogación legal, donde se sustancia la causa.En su momento, el juez denegó el pedido. Entonces, la defensa recurrió a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, que finalmente ordenó la excarcelación de Villalba y Rotela, en un fallo que se hizo público ayer por la mañana.En la resolución, a la que tuvo acceso este diario, los vocales Ricardo Venialgo y Jacobo Mass coincidieron en que “debe hacerse lugar al derecho de excarcelación a favor” de los sospechados.Como ejemplo y al hablar de Villalba, los camaristas opinaron que “no se dan los supuestos consagrados por el ordenamiento procesal para considerar que el sospechado tratará de eludir el accionar de la Justicia, puesto que el mismo es un empleado provincial que cuenta con domicilio fijo conocido, no registra antecedentes ni condena anterior y menos aún ha sido declarado rebelde”.La defensa había solicitado la excarcelación de los policías al entender que ambos se presentaron de manera espontánea ante la posibilidad de ser detenidos y que jamás intentaron entorpecer la investigación.En diálogo con este diario, Grinhauz, uno de los defensores, señaló que junto a su colega ven con satisfacción que “ante las reiteradas peticiones o argumentos se está tratando de estar en consonancia con los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.Ante esta situación, las fuentes comentaron que tanto Villalba como Rotela finalmente podrían recuperar la libertad hoy y así aguardarían hasta la llegada del debate oral y público.Ambos están vinculados a la aparición sin vida de Carmen Rosa (47), hallada masacrada a golpes alrededor de las 17.30 del jueves 14 de febrero de 2013 en la cancha de fútbol del barrio Los Potrillos, en Garupá.Mediante testimonios, se supo prácticamente un mes después que una patrulla policial, que luego se comprobó que integraban Villalba y Rotela, la había “levantado” de un domicilio particular. Villalba y Rotela formaron parte también de la comisión policial que trabajó una vez hallado el cadáver, pero curiosamente no informaron a sus superiores que el cuerpo era de la misma mujer a la que horas antes habían recogido del domicilio de una vecina que llamó a la Policía porque notaba que la docente estaba desorientada, y quería regresar a su casa pero no podía. La pista de la supuesta implicación policial saltó a la luz en marzo del año pasado, a instancias de una información aportada por los familiares de la víctima. Recién entonces el magistrado Ricardo Balor, al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Posadas, allanó la seccional Quinta y procedió a la detención de los acusados, a quienes les imputó el delito de “homicidio calificado”.Sin embargo, esa resolución fue revocada por el Tribunal Penal 1, que actuó como órgano de alzada, y Balor decidió inhibirse. La causa recayó en manos del juez José Alberto López, quien finalmente procesó a ambos por los delitos que hasta hoy se le imputan.
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