BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). Son días turbulentos para el juez federal Norberto Oyarbide, denunciado por mal desempeño en sus funciones a raíz de haber suspendido un allanamiento por un llamado del Poder Ejecutivo.Diputados nacionales del Frente Renovador presentaron ayer en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político al juez federal Norberto Oyarbide por un presunto mal desempeño al suspender el allanamiento de la mutual Propyme a pedido de un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación.El pedido fue impulsado por los diputados Adrián Pérez, Mirta Tundis y Liliana Schwindt, se informó en un comunicado de prensa.En los fundamentos para solicitar la investigación, los legisladores indican que la suspensión en diciembre último del allanamiento a la mutual “reviste gravedad” porque estiman que “el magistrado pudo haber arbitrado otros medios que hubieran garantizado la realización de los allanamientos y del mismo modo atender a la denuncia que habría recibido telefónicamente” del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi.Adrián Pérez sostuvo que “se trata de un accionar repudiable” el de Oyarbide y marcó que en principio “hay una clara violación de la autonomía e independencia con que deben actuar los jueces. Tanto quienes presionaron como quienes se dejaron presionar deben rendir cuentas porque se ha afectado un pilar básico de la institucionalidad del país”.El escándalo que compromete al juez se desató al conocerse que Oyarbide suspendió el allanamiento a la Asociación Mutual Propyme tras recibir un llamado de Liuzzi, segundo del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. En tanto, el juez federal Luis Rodríguez investiga si los policías Fabio Ascona y Angel Castro pidieron unos 300.000 dólares para no allanar la mutual Propyme el 19 de diciembre último, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.También la UCRPor otra parte, los radicales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri hicieron una denuncia penal contra el juez Oyarbide, a quien acusaron por los delitos de prevaricato, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento.“Oyarbide nos tiene acostumbrados a cerrar causas de enriquecimiento ilícito en tiempo récord. Con Liuzzi pasó lo mismo y ahora él mismo reconoce que tenía una relación personal, al extremo de atenderle el teléfono y confiar a ciegas, sin chequear lo que él le dice”, señaló el legislador Garrido.El exfiscal consideró que “es probable que haya pasado lo mismo que con la llamada telefónica”, por lo que ahora pide que la Justicia revise esa decisión.Según precisó un comunicado de su oficina, deberá “determinarse si la investigación fue exhaustiva a efectos de dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los arts. 193 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, o si, por el contrario, el juez actuó con la misma parcialidad amistosa como la que evidenció en la causa en la que investigaba a empresarios amigos de Liuzzi por lavado de dinero”.Salvavidas KPor ahora, el kirchnerismo logró aplazar hasta el próximo jueves la evaluación en el Consejo de la Magistratura de la conducta de Oyarbide.Así se resolvió la noche del jueves en el plenario del cuerpo, luego de que fuera rechazada una moción del consejero Alejandro Fargosi para “suspender” al magistrado a fin de iniciar una investigación sobre su actuación.Los consejeros kirchneristas Carlos “Cuto” Moreno y Marcelo Fuentes advirtieron que la cuestión no se encontraba en el temario del día, por lo que pidieron respetar el reglamento e, incluso, amenazaron con retirarse de la reunión en caso de que prosperara el planteo.Finalmente, y para evitar posibles pedidos de nulidad de Oyarbide, se acordó notificar al magistrado y trasladar el tema a la Comisión de Disciplina y Acusación, que se reunirá el próximo jueves a las 10, y que tendrá a Moreno como consejero instructor, según se determinó por sorteo.Fue luego de que no prosperara un planteo para aplicar el artículo 11 del reglamento interno para que se le notificara a Oyarbide hacer su descargo voluntario a raíz de las denuncias planteadas.“El comportamiento de Oyarbide es indefendible y amerita juicio político. Seguramente en la investigación del sumario podamos indagar cómo se enteraron en la Casa Rosada de este allanamiento, qué vinculación hay entre el dueño de esta financiera y el Gobierno para que llamen, adviertan y decidan parar el procedimiento”, manifestó el senador radical Mario Cimadevilla.Por su parte, Fargosi fundamentó el pedido de suspensión del magistrado federal al señalar que “el juez Oyarbide ha incurrido en mal desempeño, generando un escándalo de enorme gravedad institucional, por lo que sus hechos, omisiones y declaraciones públicas imponen al Consejo la obligación de proceder con absoluta emergencia”.“Hago un pedido formal para que se suspenda hoy mismo a Oyarbide con medidas aprobatorias por mal desempeño de sus funciones”, remarcó el representante de los abogados porteños.El pedido de Fargosi no iba a ser avalado por la mayoría de los consejeros, ya que señalaron que era necesario “notificarlo para que conteste la acusación sin avasallar” la Constitución Nacional. “Le vamos a dar celeridad al tema, pero es necesario evitar que Oyarbide tenga la posibilidad de hacer nulidades”, justificó Moreno la decisión de no compartir la postura de Fargosi.Asimismo, el diputado del FpV remarcó que “no se puede violar la Constitución Nacional y la ley del Consejo” y agregó que “la suspensión es solo ante un pedido de juicio político”.La postura fue avalada por el diputado de la UCR Oscar Aguad y el abogado Daniel Ostropolsky que consideraron que era violar la garantía de defensa del juez.Su explicaciónOyarbide recibió tres denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura y dos acusaciones penales luego de que confesara haber suspendido un allanamiento a una financiera, tras ser advertido por el Ejecutivo que policías en su nombre habían pedido un soborno de 300 mil dólares.Luego de que admitiera que paró el allanamiento por el llamado de un hombre de Carlos Zannini, el juez federal dijo que no tiene nada que ocultar y se mostró preocupado porque su nombre está en juego. En la puerta de su casa, Oyarbide habló con los medios presentes y sentenció: “No tengo nada que ocultar”. Al volver a admitir que f
renó un procedimiento por el llamado de Carlos Liuzzi, hombre de confianza del secretario Legal y Técnico de Cristina, el magistrado indicó: “Estaba mi nombre en juego”.
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