BUENOS AIRES (Por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina). Las mujeres se ven limitadas para acceder a sus derechos, son víctimas de violencia y de discriminación y muchas veces no tienen autonomía para tomar decisiones familiares, sobre su sexualidad, sus cuerpos y su vida reproductiva. Esto ocurre hoy en todas las sociedades, incluso en aquellas consideradas progresistas.La celebración de un nuevo Día Internacional de la Mujer es un buen momento para revisar algunas cifras de las Naciones Unidas y de ONGs, que así lo reflejan.Unas 150 millones de adolescentes han sido atacadas sexualmente en el mundo y la mitad de ellas tenía menos de 16 años cuando eso sucedió; 215 millones de mujeres no pueden acceder a métodos anticonceptivos, lo cual genera que anualmente se practiquen aproximadamente 22 millones de abortos inseguros y que 70.000 adolescentes mueran como resultado de embarazos no deseados.Se estima que unas 50 millones de niñas de hasta quince años contraerán matrimonio durante la próxima década, la mayor parte contra su voluntad; para el 64% de las mujeres en la República Democrática del Congo, su primera experiencia sexual fue consecuencia de una violación; en Estados Unidos, el 83% de las chicas de entre 12 y 16 años sufrieron acoso sexual en la escuela.De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso a derechos.Con ese fin, tienen que eliminar las políticas y prácticas que no sean respetuosas de los derechos de las mujeres, provengan tanto del Estado como de particulares.Sin embargo, lejos de combatir la desigualdad y la discriminación, los gobiernos muchas veces las refuerzan, cuando el control de las decisiones sexuales y reproductivas termina en manos de legisladores, familiares varones o grupos religiosos que niegan a las mujeres su autonomía personal y corporal.Recientemente, el Tribunal Supremo de la India anuló una sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de la criminalización de las relaciones homosexuales. Y en España, el Gobierno envió al Parlamento un anteproyecto de ley que restringe el acceso de las mujeres y niñas al aborto.Con las mujeres y niñas como víctimas principales, Estados de todo el mundo no sólo incumplen con su obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, sino que usan la ley para perseguir conductas que consideran moralmente inaceptables. Así sucede, por ejemplo, en la Argentina, con la criminalización del aborto, que deriva en abortos clandestinos e inseguros, riesgosos para mujeres y niñas.Los gobiernos no deben utilizar la legislación penal para regular la sexualidad y la reproducción y, en cambio, deben facilitar al acceso a educación y a servicios de salud sexual y reproductiva.Esta problemática no es ajena a la Argentina, donde el Congreso tiene que asumir un liderazgo claro para que estos temas sean prioritarios en la agenda política nacional.
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