Marcando el paso

El discurso de la presidenta Cristina Kirchner al inaugurar el nuevo período de sesiones del Congreso Nacional deja abierto un nuevo escenario político de cara a un año difícil que se inició con fuertes tensiones derivadas de la suba drástica del costo de vida, producto de la tendencia inflacionaria y del cimbronazo de la devaluación del orden del 20% de enero pasado.La presidenta habló por casi tres horas privilegiando el análisis de la situación económica, que definió como de “una vuelta al crecimiento” y reiterando los tópicos centrales del relato kirchnerista, en un claro esfuerzo por recuperar una mística que parece haberse amesetado en las filas del oficialismo, luego de la crítica performance electoral de octubre pasado y de los vientos de crisis que soplaron desde principios de año.Tomando como base un informe del Banco Mundial que elogia la reducción de la pobreza en el país; y un documento de las Naciones Unidas favorable al programa de “Precios Cuidados”, la mandataria cuestionó las constantes subas de precios e instó a los legisladores a “sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente el abuso de sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”. Puntualmente, negó validez a las últimas subas de precios en el sector automotriz y que el impuesto a los bienes suntuarios, que afectó a vehículos de alta gama, haya sido la causa de los últimos incrementos.  “No hay ningún justificativo para el aumento de valores que no se condicen con la realidad y saquean el bolsillo de los argentinos”, manifestó la Jefa de Estado, que pidió  “a  nuestros empresarios que valoren el inmenso esfuerzo que se ha hecho en estos años” y recomendó a los jóvenes, que le dieron un marco militante a la ceremonia oficial, como ya es habitual, “que no se dejen engañar”.  En el discurso, en el que hubo críticas a varios sectores, la mandataria Cristina deslizó propuestas a los legisladores para que redacten una ley anti piquetes; cuestionó el alto porcentaje de maestros que no imparten clases y hasta tuvo expresiones de humor, como es su costumbre; entre ellas definir como “chiquitito pero cumplidor” al ministro de Economía, Axel Kicillof.  Como también es costumbre en la retórica presidencial, la presidenta no hizo espacio en su discurso ante la asamblea legislativa a ninguna señal de autocrítica respecto a políticas de su gobierno; esto a pesar de que las correcciones, en algunos casos drásticas, que introdujo en los últimos meses en su gestión; como el nombramiento de un nuevo titular en el BCRA en reemplazo de Mercedes Marcó del Pont, insinúan que el gobierno no desconoce los errores y excesos cometidos; entre ellos el llamado cepo cambiario. “Una vez más la economía ha vuelto a crecer y estamos volviendo a completar el período de crecimiento económico con inclusión más importante de los últimos 200 años de nuestra historia como Nación”, sintetizó la mandataria, resumiendo la sesgada óptica oficialista respecto a la realidad del país.Los analistas reconocen, en el nuevo escenario emergente, que el gobierno, mal o bien, remontó una crisis que parecía terminal hace sólo un mes y se abren mejores expectativas hacia el futuro, pero se sigue minimizando la caída del crecimiento que se siente en la economía real, sobre todo en las provincias; con una sensible disminución del consumo y las obras públicas. Sin mención a las dificultades presentes, la presidenta las asumió  en forma implícita, al menos, al referirse al final del discurso a la designación del ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, como presidente provisional del Senado, en el marco de lo cual convocó a la oposición al diálogo y  dijo que su intención es “rescatar la idea de la Concertación”. “Les pido que sigamos poniendo esfuerzo y compromiso adelante, no es cuestión de un sólo partido político, convoco a todos los partidos políticos en esta tarea”, remarcó.Concertación y controlPese a los esfuerzos por mostrar una cara dialoguista, la designación de Zamora al frente de la Cámara Alta fue vista como una jugada personalista de la presidenta, que decidió premiar a un radical K probado en su fidelidad a su liderazgo; y adelantar una ficha ante un eventual revés judicial del vicepresidente Amado Boudou; pero que no aportaría a una mayor apertura hacia la oposición y habría generado incluso resquemores en las filas del oficialismo. De hecho, el radicalismo votó en contra y renovó sus pinturas de guerra frente a la designación de Zamora al no asistir a la sesión inaugural. Desde el mismo partido, sin embargo, surgió una disidencia con esta postura. Los integrantes de la Mesa Directiva del Comité Nacional de la UCR, Ariel García, Manuel Pagliaroni y la misionera María Losada entre otros, arremetieron contra el voto de la bancada de su partido y, además, hicieron un “llamado a la reflexión” al senador jujeño titular de la bancada radical en el Senado, Gerardo Morales, por las críticas a la designación del santiagueño Zamora para la presidencia provisional del Senado. “No se puede anteponer los intereses personales por encima de los institucionales y es y ha sido nuestra tradición como partido centenario respecto a las decisiones políticas de quienes gobiernan, porque se trata de un mecanismo institucional que debe respetarse, más allá de los desacuerdos, que guste o no”; subrayaronEl entredicho nacional no sólo ilustra sobre las divisiones internas en el radicalismo nacional, en el que la definición de la estrategia de alianzas es un punto álgido cada vez que se habla de la puja electoral en ciernes. La definición también alumbra, por comparación, el menos claro panorama provincial. La bancada radical autóctona no ha seguido, en los últimos años y  bajo la batuta de Luis Pastori, la tradición que invocan los dirigentes nacionales. En la Legislatura misionera, la política de cooptación del Frente Renovador y el manejo muchas veces arbitrario de la legislación en materia electoral, reemplazan a la inmutabilidad de reglas y tradiciones propia del rol institucional que cumple el Poder Legislativo en el ordenamiento democrático.Un caso emblemático de la incerteza institucional que genera la hegemonía renovadora fue la polémica distribución de bancas en los comicios de 2011, cuando el oficialismo se quedó c
on 18 de las 20 bancas en juego por, según la oposición, una interpretación capciosa de la legislación electoral. El viernes, en la explanada de la Legislatura, un puñado de legisladores y dirigentes de los partidos de oposición con representación parlamentaria, brindó una informal conferencia de prensa vinculada al presunto “robo de bancas”.Los diputados resaltaron la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que solicitó al STJ el expediente por el cual se judicializó la citada maniobra, respondiendo a un recurso en queja elevado pro la oposición. La Corte tomó esa decisión, poco usual, debido a los tres años que lleva dormido el expediente en el STJM, con lo cual pone en un brete a este Tribunal. Aunque la judicialización de los conflictos propios de la política electoral no es una preocupación principal de la gente, la decisión de la Corte es significativa como llamado de atención respecto a los excesos del poder.En este contexto, en la semana el gobernador Closs volvió a exhibirse en la pasarela de un programa nacional de alta audiencia, derrochando opiniones positivas sobre las últimas medidas de gobierno, y subrayando su pertenencia al espacio kirchnerista; postura que sugirió un intento de borrar sus anteriores declaraciones en medios nacionales, donde había hecho alarde de una postura crítica frente al “modelo” K. La moda de los “radicales K”, que encumbró a Zamora, probablemente, alienta la ambición del mandatario misionero de jugar en la liga nacional en 2015. En la propia renovación, a su turno, hay quienes interpretan que fue una jugada obligada para no quedar “en orsai” por sus anteriores salidas a destiempo.  En las opiniones que desgranó, el mandatario se cuidó de mostrar la retórica “misionerista” que aplica tranqueras adentro, probablemente porque ya colmó la cuota de declaraciones presuntamente críticas que puede acreditar un gobernador -sin pagar las consecuencias- en el esquema fuertemente centralizado del kirchnerismo.