POSADAS. La investigación se llamó “caso Aldana”, porque fue Alberto Aldana el primero en animarse a denunciar la maniobra fraudulenta ante el Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad, el 19 de mayo de 2010. Había pagado por una moto que jamás le entregaron.Previamente, había acudido a la Defensoría del Consumidor y allí se enteró que no era el único estafado por esta banda. Los damnificados se contaban por centenares.Entonces no dudó y decidió acudir a la Justicia. Su lucha, y la de otros cientos, llegará pronto a la instancia de debate oral y público.El caso Aldana, investigado por el juez de Instrucción 2 de Posadas, César Yaya, tiene cuatro procesados que deberán responder ante la Justicia.Son Silvia Patricia Corvalán Duarte; Damián Ricardo Lampertti, sindicado como cabecilla del grupo, Juan Daniel Alegre y Ernesto Javier Tesari.Están acusados de vender motos y en la mayoría de los casos (la maniobra alcanzaría los cuatro millones de pesos) no entregarlas.Montaban negocios del rubro de distinta denominación; en ocasiones incluso cambiaban de domicilio y también de dueño. Sobre todo cuando la furia de los damnificados se tornaba tangible.Según la investigación, estas personas recurrían a distintas modalidades y ardides para quedarse en forma irregular con el dinero de los defraudados clientes.Incluso, tenían diferentes planes de adquisición y financiación. Algunos eran de “entrega programada”; otros de “entrega de un anticipo y financiación”; sino por “compra al contado o por tarjeta de crédito”.Lo cierto es que cuando los clientes iban por el modelo adquirido, se encontraban con excusas, pretextos y en algunas ocasiones, con amenazas para que “dejaran de molestar”. Es decir, de reclamar por lo suyo.En septiembre de 2011, la Justicia allanó uno de los locales de esta banda y secuestró motocicletas. ConfirmadoLa Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la provincia confirmó el procesamiento de los involucrados en la maniobra, que trascendió a la prensa como “Moto-estafas”, y por ende, ratificó lo actuado por el juez César Yaya, quien en su momento había sido recusado por la defensa de la única mujer imputada.El expediente volvió al Juzgado de Instrucción 2 de la Primera Circunscripción Judicial y está en condiciones de ser elevado a la instancia de debate oral y público.Con el debut de las modificaciones al Código de Procedimientos, será el fiscal de ese cuerpo, Cristian Antúnez, quien deberá decidir cuándo.Los peritos contables hablaron en su momento e indicaron que el monto de la estafa alcanzaría los cuatro millones de pesos, en toda la provincia.
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