POSADAS. Tras las elecciones de 2011, la polémica distribución de bancas decidida por el Tribunal Electoral provincial que otorgó 18 de las 20 bancas a la renovación, terminó judicializada a través de un recurso extraordinario de “inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad”, en el expediente 6/2011. Se acusó al oficialismo renovador de supuesta “violación del inciso 5 del artículo 48 de la Constitución Provincial que garantiza un tercio de las bancas de diputados provinciales y concejalías para la minoría”.Tras casi tres años de aquella contienda electoral y las interpretaciones jurídicas y constitucionales, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones (STJ) sigue sin resolver el reclamo de los partidos de oposición que quedaron sin sus escaños.Por esta razón, el año pasado, uno de los partidos (la UCR) presentó una denuncia por “retardo y denegación de justicia” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), radicada bajo expediente 623/13 letra D.Ayer, se confirmó que el máximo Tribunal judicial argentino decidió solicitar con fecha 21 de febrero mediante oficio al Superior Tribunal de Justicia misionero “remita copias de las actuaciones del expediente que correspondan ante el trámite cumplido ante su sede y, de considerarlo apropiado, realice un informe circunstanciado sobre los antecedentes concernientes al pronunciamiento que se invoca como pendiente de decisión”. A tal fin, la Corte le dio al STJ un plazo de diez días para cumplir con la medida.“En el caso de que el STJ continúe demorando la contestación, nosotros solicitamos además a la Corte Suprema se expida también por el fondo de la cuestión, es decir, para que se pronuncie si el partido oficialista violó o no la Constitución Provincial en el reparto de los cargos legislativos en las elecciones de junio del 2011”, amenazan desde el radicalismo.
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