El Gobierno nacional presentó el jueves pasado el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) elaborado por el Indec, que estimó una inflación de 3,7% en el mes de enero en relación a diciembre del año pasado; guarismo que implica un reconocimiento de hecho de la tendencia inflacionaria que el gobierno se empeñó en desconocer hasta hoy.El nuevo esquema de medición del organismo oficial, que incorpora por primera vez datos de conglomerados urbanos del interior del país, incluyendo a Posadas, fue bien recibido por la mayoría de los economistas, aunque predominó una actitud cautelosa basada en una verdad casi de Perogrullo: la elaboración de un índice más cercano a la realidad no cambia mágicamente la realidad.Para los economistas que desde un principio cuestionaron la politizada intervención del Indec, el nuevo Indice representa “un paso sustancial en el intento de sinceramiento de la difusión de la variación de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias”, pero se tendrá que demostrar su continuidad en el tiempo. Fundamentalmente, se requiere del Gobierno que ponga en práctica una política anti inflacionaria eficiente, preferiblemente -coinciden la mayoría de los analistas- en base a un consenso con los actores económicos y metas mensuales de reducción gradual de la inflación.Por su parte, el ministro Axel Kicillof prefirió no hablar de inflación y se limitó a admitir que “en enero pasó algo con los precios” y asegurar que “el Gobierno está abordando y atacando con una batería enorme de medidas” la problemática inflacionaria a la que prefiere concebir como una “aceleración de los precios”.Desde la oposición insisten, no obstante, en que dos de los prerrequisitos básicos que establece la definición de inflación se cumplen, los aumentos generalizados de precios y el carácter sostenido de dichos aumentos. Observan, asimismo, que la alta inflación se alimenta del desbande del gasto público y el exceso de emisión monetaria. Un economista crítico con el gobierno, el ex titular del BCRA, Aldo Pignanelli, opinó que el nuevo índice “empieza a blanquear la realidad” y sostuvo que servirá al menos “para que se pueda hacer un buen diagnóstico y para que nos dejen de acusar de desestabilizadores cuando decíamos que la inflación era alta”. Estimó que el mes próximo la inflación será tan alta como la que relevó el nuevo índice en enero, y expresó dudas sobre las posibilidades de salir indemnes de un alto nivel de inflación como el actual. Panorama más claroUn economista más cercano al Gobierno, Aldo Ferrer, estimó que “el ajuste cambiario fue muy fuerte el mes pasado, y desde esa perspectiva este índice inflacionario es alentador”. Para el ex funcionario, “se puede entrar en un panorama más positivo para que bajen la tasa de inflación y la fuga de capitales” y sostener un escenario razonable de cara a las discusiones salariales que se vienen. El panorama relativamente más estable, presionado por la fuerte devaluación del mes pasado, se reflejó en las cotizaciones del dólar paralelo y el oficial, este viernes; ubicadas en 11,85 y 7,77 pesos, respectivamente; la tendencia a la baja responde a las nuevas normativas del BCRA, la Comunicación A-5536, que estableció un límite a los saldos diario en divisas de los bancos, los acuerdos para el mayor ingreso de divisas del campo y las restricciones a los importadores.Con mano dura En este marco, Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, anunciaron el viernes duras sanciones a seis grandes cadenas de supermercados debido al incumplimiento del programa de “Precios Cuidados” por un total de 3.508.000 pesos. La multa más alta fue de 1.316.000 pesos, por 46 faltantes de productos en las góndolas de la cadena Carrefour. Las sanciones, sin embargo, probablemente no prosperen en lo inmediato, ya que se descuenta que las empresas afectadas presentarán un recurso de amparo.Kicillof defendió las sanciones y aseguró que la Secretaría de Comercio se ampara en las leyes 24.240 de Defensa del Consumidor y 22.802 de Lealtad Comercial para elaborar las actas de infracción y anticipó que se confeccionará un ranking semanal de infractores; no obstante ello, el carácter voluntario del acuerdo y la complejidad del sistema de controles auguran una judicialización que lo más probable es que ahogue el intento punitorio del Gobierno en aguas de borrajas. Los controles de precios, según la mayoría de los especialistas, no funcionan sino en períodos cortos, de noventa días a lo sumo; lo que indicaría que el contexto de previsibilidad que se le quiere dar a las paritarias, de prosperar, necesitaría ser apoyado con una rápida definición de las negociaciones. Hacia esa meta avanzaron en la semana los gobernadores de 15 provincias, que acordaron un techo de 25% para las paritarias estatales, y en el mismos sentido actuó la presidenta, Cristina Kirchner, al acercar posiciones con el sindicalismo oficial, al que pidió que se ajusten a una paritaria anual única y sugirió -como contrapartida- una eventual resolución de la deuda que mantiene el gobierno con las obras sociales.La provincia a la deriva En la provincia, el gobernador Closs volvió a mostrarse vacilante, al salir a negar el aumento de la tarifa eléctrica que se estableció mediante una Resolución de su propio ministro de Economía, “Rulo” Hassan, publicada en el Boletín Oficial. Pese a que dicha publicación convierte en ley la aplicación a partir de este mes de un incremento del 5% a todas las categorías de usuarios de Emsa, y del 4,5% a los socios de las cooperativas eléctricas, el mandatario aseguró -al otro día de que el tema fuera tapa de PRIMERA EDICIÓN-, que “no es inminente la aplicación de una Resolución que ha salido de parte de la autoridad de aplicación”. Paradójicamente, en forma simultánea justificó el reajuste hablando de la abultada masa salarial de Emsa y de la incertidumbre económica. La marcha atrás del gobernador trajo a colación similar actuación respecto a la “Tasa yerbatera”, una carga impositiva que fue suspendida pero que se envió bajo cuerda a la Legislatura a la espera de una reafirmación por esa vía. En uno como en otro caso, pareciera que se lanzan globos de ensayo para medir la reacción de los afectados; aunque no se descarta que estos como otros ab
usivos incrementos de tasas respondan a una errática reacción del gobierno de la renovación ante una doble incertidumbre; las cuentas en rojo por un lado y la desorientación política por el otro. En este síndrome de desorientación se enmarca el abrupto llamado a un diálogo político con sectores de la oposición, sin una agenda clara; iniciativa del ministro de Gobierno, Jorge Franco, que inició Closs esta semana. Las declaraciones de legisladores de la UCR anunciando extraoficialmente que Garabí “no se hará en lo inmediato” y que el plebiscito por esa obra, que debe hacerse por la Ley de Soberanía Energética, “no está en agenda”, son el único resultado concreto, por el momento, de la serie propuesta. “Mauri lo único que tiene en mente es cómo sobrevivir a las paritarias docentes”, dijo una fuente del propio gobierno al ser consultado sobre las febriles marchas y contra marchas del gobernador; criticado en el propio seno de la dirigencia renovadora por sus declaraciones apocalípticas de unas semanas atrás. Al parecer, la interna de la alianza de gobierno tiende a reciclarse en el escenario actual a partir de las declaraciones de Closs que desde el rovirismo deslizaron que “confunden autonomía con ruptura”. Para el sector que sigue al presidente de la Cámara, ausente de la escena provincial, la línea de autonomía que Rovira dejó sentada al no sentarse, valga la redundancia, junto a la Presidenta en su último acto en tierra misionera, no se puede asimilar a los excesos declaracionistas de Closs este verano. Lo cierto es que en los últimos días se reflotó el tema de la creación de una bancada independiente de los legisladores renovadores en el Congreso, supuesta expresión de un alineamiento crítico respecto al gobierno kirchnerista -obviamente influido por el fin de ciclo inminente- que no hace más que crear confusiones hacia adentro y hacia afuera.




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