SANTA ANA. Empleados de la sede local del Registro de las Personas están en pie de guerra ante lo que consideran un nuevo caso de acomodo político: cada vez son más fuertes las versiones que indican que la ex intendenta Mabel Pezoa, hoy diputada provincial, trabaja para que designen a una de sus hijas al frente de la delegación del organismo provincial. La situación es de vieja data. Ayer llegó a un punto de ebullición, cuando la directora del Registro, Virginia Alejandra Soto, desplazó de sus puestos a tres empleadas.Las trabajadoras que expresaron su malestar tienen entre 15 y 28 años de antigüedad y temen que el trabajo que hace tiempo vienen cimentando se tire por la borda ante la irrupción de acomodados sin idoneidad para el cargo.Hoy por hoy el trabajo en la dependencia está paralizado. No hay responsable designado y dejaron de hacerse trámites como DNI, casamientos, defunciones o cambios de domicilio.Fuentes consultadas apuntaron que Pezoa quiere formar una “Municipalidad paralela y seguir influyendo en las decisiones del municipio y sus organismos”.“Nunca se acordó de arreglar el edificio en diez años, y ahora que quiere que su hija sea la jefa de esta delegación, impulsó a que nos traslademos a un nuevo edificio, en confabulación con la directora del Registro”, detalló una de las empleadas. La hija de la ex intendenta que pretendería asumir en el organismo tiene 27 años y sería empleada de Emsa.Ayer Soto envió un documento a las tres empleadas “díscolas” donde les comunicaba que habían dejado cesantes. Una reunión tensaEl jueves, hubo una reunión tensa entre el personal de la sede local del Registro de las Personas y la titular provincial del organismo, Virginia Alejandra Soto. La funcionaria, de acuerdo con el relato de los presentes, amenazó con sumariar a los empleados si seguían resistiéndose a la mudanza. “Nos dijo que venía de trasladar a personal del Registro de Garupá a Posadas y con nosotros haría lo mismo”, apuntó una empleada.“Sostuvo que esta sede está intervenida. Pero no hay un papel que indique eso”, añadió. Según la empleada, “Soto dijo que ya había alquilado el otro edificio y que cómo iba a justificar ante sus superiores los 5.000 pesos que había abonado si no nos mudábamos.La reunión siguió luego en la Municipalidad, donde el intendente Pablo Castro, trató de poner paños fríos.Ayer, Soto decidió desplazar a las tres empleadas que la habían cuestionado. La historia del CDR “levantado”En el último tramo de la gestión de Mabel Pezoa (debió dejar su cargo al asumir como diputada por la renovación), funcionó en Santa Ana un Centro de Documentación Rápida. Pero no en la sede del Registro, sino en la Municipalidad y quien tomaba los trámites era una empleada de la Comuna, supuestamente contratada para ese fin.De acuerdo con el personal del Registro, una vez que Pezoa pasó a la Legislatura, “levantaron” el CDR: “Se llevaron las máquinas, sin siquiera avisarle al actual intendente”, apuntaron los informantes.También al frente de la oficia del Registro estuvo una empleada municipal, luego desafectada al culminar la administración de la ahora legisladora renovadora.El argumento de Soto para mudar la sede local del organismo es que se necesita más “seguridad”. Pero el personal de planta cree que en realidad es una movida de la ex alcalde para acomodar a su hija al frente, aprovechando la ocasión.
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