BUENOS AIRES (NA). El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la indagatoria del vicepresidente Amado Boudou, así como del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de su intervención en la venta de la empresa ex Ciccone Calcográfica.Luego de dos años de iniciada la causa, en febrero de 2012, el fiscal pidió la indagatoria de Boudou, Echegaray, del socio y amigo del Vicepresidente, José María Núñez Carmona, y del abogado Alejandro Vandenbroele.Vandenbroele en nombre de la firma The Old Fund adquirió la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), luego de conseguir un dictamen a favor del Ministerio de Economía para que se le levantase la quiebra.El pedido del fiscal incluye a Nicolás Ciccone, entonces dueño de la empresa, antes de cambiar de manos; de su yerno Guillermo Reinwick; de Rafael Resnick Brenner, jefe de Asesores de la AFIP, y de Máximo Lanusse, quien acompañó a Vandenbroele en The Old Fund.A Ciccone y Reinwick, el juez Ariel Lijo los tomó como querellantes en el caso, o sea víctimas, con lo cual podría haber una primera discrepancia evidente entre lo que pidió Di Lello y lo que dispone el Juzgado; y lo mismo en el caso de Echegaray, quien incluso había sido convocado el año pasado como testigo.Ambos fueron quienes, al declarar como testigos a fines de 2013, aseguraron que Boudou intervino en las negociaciones por la venta de Ciccone y que fueron obligados a vender; y luego el juez Lijo los aceptó como querellantes.El pedido de indagatoria también alcanzó a Pablo Amato, ex yerno de Ciccone y director de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS); de Sergio Gustavo Martínez y Jorge Capirone, ambos de The Old Fund.En la misma presentación, el fiscal pidió la citación como testigo del banquero Jorge Brito, titular del Banco Macro, así como de integrantes de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda porque considera “necesario ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos”.Di Lello recordó los préstamos otorgados por el Banco Macro y al acreditarse que entre 2011 y 2012 “la Cooperativa firmó préstamos con garantías de mutuos a favor del Asociado The Old Fund”.Para el fiscal, el hecho imputado es que “con fondos cuyo origen fueron puestos en duda”, Vandenbroele y Martínez adquirieron Ciccone y mostraron el consecuente interés en lograr el contrato con el Estado nacional para la impresión de billetes.Según agregó, en esa instancia intervino Boudou porque se “habría interesado en la operación comercial”. Pedido de EchegarayEl titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le solicitó al juez federal Ariel Lijo que resuelva su situación procesal en la causa.“No me queda claro cuál es mi estado procesal. Si soy un auxiliar de la Justicia, un testigo -como el juez recientemente me citó- como imputado o si seré indagado, como ahora lo requiere el fiscal”, se quejó Echegaray en el escrito.El titular de la AFIP pidió que se tome en cuenta la presentación “como declaración indagatoria”, recordó que el 27 diciembre de 2012 rechazó la imputación “por no sustentarse en ningún elemento de cargo cierto” y reclamó que “a dos años se resuelva” su situación. “Ha tenido protección política” La titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer, aseguró que el vicepresidente Amado Boudou “ha tenido protección política” por parte del “matrimonio Kirchner” y consideró que “la cadena de complicidades involucra al Banco Central, la AFIP, la UIF, Casa de la Moneda, Ministerio e Inspección de Justicia y varios funcionarios”. “Detrás del plan para quedarse con la máquina para hacer billetes, es imposible pensar que el matrimonio Kirchner no supiera de la existencia de semejante negocio. Ahora que la situación se ha vuelto insostenible, le sueltan la mano”, afirmó Stolbizer.Por su parte, los diputados de Unión PRO, Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Roberto Pradines, y de la UCR, Oscar Aguad, reclam aron la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar “con urgencia” un pedido de juicio político contra el vicepresidente Amado Boudou, quien deberá declarar ante la justicia en calidad de imputado por la causa Ciccone.Los diputados nacionales presentaron un escrito a la presidenta Cristina Fernández para que “de forma urgente” convoque al Congreso a sesiones extraordinarias “para dar inmediato tratamiento al pedido de juicio político” contra Boudou, por su posibilidad de incurrir en “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
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