CÓRDOBA (NA). Efectivos de la Policía de Córdoba imputados en la causa que investiga los autoacuartelamientos de diciembre rechazaron las acusaciones en su contra y se negaron a prestar declaración indagatoria ante el fiscal de 7° turno del Distrito III, Raúl Garzón.Se trata de 4 de los 16 miembros de la fuerza que fueron detenidos el pasado jueves y están imputados por presunta desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos durante las protestas policiales que sacudieron a Córdoba los días 3 y 4 de diciembre pasado y tuvieron como desenlace una oleada de saqueos que dejaron un muerto.Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Noticias Argentinas que los imputados “negaron la acusación en su contra y se abstuvieron de declarar por el momento”, siguiendo las recomendaciones de los abogados que los patrocinan.Asimismo, los letrados pidieron la excarcelación de los detenidos, solicitud que recién sería tratada por Garzón una vez que concluya el proceso de las indagatorias.En declaraciones a Cadena 3, la abogada Mariela Pérez Cesaratto, que representa al oficial ayudante Fernando Arrascaeta, explicó: “Ha negado los hechos y se ha abstenido de declarar. Este miércoles (por hoy) voy a presentar un pedido de control jurisdiccional por entender que esta imputación no corresponde”.La única civil detenida, la ex agente y esposa de un efectivo Adriana Rearte, declarará este miércoles en la investigación que la tiene imputada por el presunto delito de “entorpecimiento funcional” por el bloqueo que se realizó frente a la sede de la Guardia de Infantería.Ordenados alfabéticamente, los imputados concurrirán a la Fiscalía en tandas de cuatro, por lo que el viernes concluirá el procedimiento de declaración indagatoria a cargo de Garzón.Durante la mañana del martes, previo a su encuentro con los detenidos, el fiscal había afirmado que “el tiempo de extensión de las declaraciones tendrá relación a la posición que cada uno tenga, si declarará o se abstendrá, de acuerdo al consejo de las defensas”.Por otra parte, allegados al gobernador, José Manuel de la Sota, confirmaron a la prensa local que el 1 de febrero el Ejecutivo provincial enviará un proyecto de ley a la Legislatura para reglamentar las huelgas en los servicios esenciales.La propuesta se da luego de un 2013 que concluyó con varias protestas que, además de la de los policías, incluyó a en médicos de los hospitales públicos y choferes de transporte interurbano, por lo que el mandatario buscará legislar sobre las medidas de fuerza en las áreas de seguridad, justicia, transporte público, salud y educación.
Discussion about this post