BUENOS AIRES. Los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos humanos han sido violados podrán elevar sus casos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), gracias a un nuevo mecanismo internacional que entró en vigencia ayer, según revelaron desde Unicef.Alrededor del mundo, los niños y las niñas son víctimas de abusos que incluyen trabajo infantil, abandono y diversos tipos de violencia, además del abuso sexual. Sus casos son frecuentemente dejados de lado y sus puntos de vista muchas veces ignorados.A partir del próximo 14 de abril (tres meses a partir de ayer), los niños y niñas que sean víctimas de violaciones a sus derechos en Estados que hayan ratificado el tratado podrán elevar sus casos ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, de no encontrar solución a nivel nacional. Esta posibilidad se denomina Procedimiento de Comunicaciones o Tercer Protocolo (Ratify OP3 CRC, por sus siglas en inglés) y fue impulsada por la Coalición Internacional para el Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño integrada por organizaciones que trabajan por la infancia alrededor del mundo. Hasta ahora fue ratificado en Costa Rica, Albania, Bolivia, Gabón, Alemania, Montenegro, Portugal, República Eslovaca, España y Tailandia.Vulnerados“Todos los días, niños y niñas están sufriendo violaciones a sus derechos a través de los conflictos armados, la discriminación, la violencia en sus comunidades, escuelas y hogares, porque carecen de acceso a servicios básicos como educación y salud, y porque sus opiniones son ignoradas. La lista no termina. Es momento de que las violaciones a los derechos de los niños sean llevadas ante Naciones Unidas.”, afirmó Flore-Anne Bourgeois, directora de dicha Coalición Internacional.“Urgimos a todos los Estados a mostrar su compromiso con la promoción y protección de los derechos de la infancia ratificando este tratado con urgencia, con el fin de que más niños y niñas puedan tener acceso a mecanismos internacionales de protección”, agregó.“Este es un paso importante en la defensa de los derechos de la niñez. Es momento de continuar incidiendo con los gobiernos de los países la región que aún no han ratificado la Convención o sus protocolos facultativos, con el fin de que ratifiquen y que el mecanismo de comunicación pueda ofrecer una alternativa a todos los niños y niñas del mundo cuyos derechos son diariamente vulnerados” afirmó a su turno Paul Bode, en nombre de la Secretaría del Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe (MMI-LAC).IndemnizaciónEl Comité atenderá las denuncias solamente luego de que los recursos de protección a nivel nacional han sido agotados, por lo tanto es necesario que se haya llevado el caso a todas las instancias posibles bajo la legislación nacional.Si el Comité encuentra válido el caso de la víctima, podrá recomendar que el Gobierno en cuestión ofrezca al niño, niña o adolescente víctima compensaciones como rehabilitación, reparación, compensación económica o garantías de que el hecho no se vuelva a repetir. ¿Cómo funciona?El Tercer Protocolo es un tratado internacional que permite que las denuncias por violaciones a cualquiera de los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño al Comité de Derechos del Niño de la ONU, integrado por 18 expertos independientes encargados de asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.Existen tres clases de quejas: 1) Individuales, por parte de individuos (niños, niñas y adolescentes) o grupos; 2) Investigaciones iniciadas por el Comité sin previa denuncia de un niño o grupo; 3) Comunicaciones entre Estados, en que un Estado puede presentar una queja hacia otro Estado. El Comité atenderá las denuncias solamente si los recursos de protección a nivel nacional han sido agotados, por lo tanto es necesario que se haya llevado el caso a todas las instancias posibles bajo la legislación nacional.Si el Comité encuentra válido el caso de la víctima, podrá recomendar que el Gobierno en cuestión ofrezca al niño, niña o adolescente víctima compensaciones como rehabilitación, reparación, compensación económica o garantías de que el hecho no se vuelva a repetir.El Protocolo entra en vigencia tres meses después de que el Estado lo haya ratificado.
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