POSADAS. El 3 de enero del año pasado, Prefectura Naval Argentina interceptó y decomisó un cargamento de 1.038 kilos de marihuana en Colonia San Alberto, municipio de Puerto Rico. Tres hombres resultaron procesados por el delito de transporte de estupefacientes, aunque con distintos niveles de responsabilidad. Dos de ellos fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal de Posadas, en un debate presidido por la jueza Norma Lampugnani, secundada por sus pares y vocales Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi. Mario Federico Arriola fue declarado penalmente responsable en calidad de autor y condenado a siete años de cárcel.Mario José Villalba, en tanto, recibió tres años como partícipe secundario y su liberación era inminente porque el plazo de las dos terceras partes del castigo estaba agotado.Los magistrados fallaron por la absolución del tercer imputado, identificado como Ramón Andrés Benítez, basados en la aplicación del principio “in dubio pro reo” (beneficio de la duda).La fiscal de Cámara, Vivian Andrea Barboza, había solicitado, al final de su alegato, ocho años de prisión para Arriola, cuatro para Villalba y seis para Benítez.Este último caso marcó la mayor discrepancia entre la representante del Ministerio Público y los miembros del Tribunal.Sin dudas, en la visión de Barboza, las pruebas contra Benítez eran concluyentes, incluso por encima de las que ubicaban a Villalba como partícipe secundario.La jornada de declaraciones más explosivas se produjo el lunes, cuando Arriola subió a estrado y se declaró único responsable del transporte de los 1.038 kilos de marihuana, aquella tarde del 3 de enero de 2012.Su intención era -lo reiteró ayer- desincriminar a los otros acusados.Pero el hombre no se anduvo con chiquitas. Fue más allá y denunció que todo se trataba de una maniobra supuestamente orquestada por Prefectura; un pase de facturas porque él no pagaba el “canon” para introducir droga desde Paraguay.En los alegatos de ayer, la fiscal Vivian Andrea Barboza le informó que hoy, a las 9, deberá presentarse en la fiscalía de instrucción Federal, a cargo del abogado Juan Carlos Tesoriero, para ratificar y judicializar las acusaciones que vertió el lunes contra integrantes de la fuerza de seguridad fluvial.Claro que en este caso deberá precisar los términos de su denuncia, con nombres y apellidos de las personas que supuestamente lo sobornaban y acosaban para que pagara el “canon” ilegal.La lectura de los fundamentos de la resolución, que se conoció minutos después del mediodía de ayer, se realizará el jueves 26 de este mes, a las 12, en el recinto de audiencias del Tribunal Oral Federal, ubicado en la calle Félix de Azara 2170 de la capital provincial.La droga incautada en Colonia San Alberto, que alcanzó los 1.038 kilos de marihuana, de llegar al mercado consumidor, se traduce en dos millones de dosis. Para tener idea de la magnitud de este flagelo. Audiencia de ratificación de denunciaEl lunes fue la jornada de las declaraciones polémicas y en este sentido, Mario Arriola le sacó varios cuerpos al resto. No sólo se adjudicó la responsabilidad absoluta por el transporte de los 1.038 kilos de marihuana incautados, también se consideró víctima de una persecución por parte de Prefectura.El dato -que deberá ser investigado por la Justicia de Instrucción Federal- asoma al menos enigmático, sobre todo porque lo lanzó un ex integrante de esa fuerza de seguridad fluvial.Al parecer, fue dado de baja y desde entonces -al decir de sus propias palabras- es perseguido en forma obsesiva.Hoy, a las 9, será trasladado a la fiscalía de Instrucción federal en turno.Allí se aguarda con expectativa su testimonio, sobre todo más precisiones de lo que manifestó el lunes en el Tribunal que ayer lo condenó a siete años de cárcel, consignó una fuente consultada por PRIMERA EDICIÓN.
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