PUERTO IGUAZÚ. A pesar de la instrucción del juez que dio a conocer la Policía a los ocupantes ilegales del predio en el barrio Almirante Brown, se resisten a dejar el lugar y exigen que el municipio les adjudique un lote social.El fiscal se acercó a dialogar con los ocupantes en la mañana de ayer, y les sugirió que se instalen en el espacio de Acción Social hasta que el municipio les solucione el problema habitacional, ya que ese es un espacio público. La intrusión se produjo el martes y el propietario de las dos chacras ya se encuentra en la localidad.“Vengo en carácter de la acción pública. Este es un conflicto que nos tiene altamente preocupados, tenemos por un lado una persona que reclama su terreno que ha acreditado su propiedad. Y también su Señoría entiende la situación por la que están pasando estas treinta familias”, comenzó explicando el fiscal de instrucción, Martín Brites.Los voceros de los ocupantes del predio les indicaron que no se trata de 30 sino de 257 familias. Reunidos alrededor del fiscal escuchaban sus palabras y les pedían garantías para tener acceso a una vivienda.Brites indicó: “Le pedimos a la Municipalidad que realice un informe detallado de la situación de cada uno de ustedes, de la situación que están atravesando, de dónde son, cómo está conformada la familia, y todo eso. La Municipalidad de manera extraoficial nos decía que no podían dar solución inmediata, pero proponían que provisoriamente que las familias se alojen dentro del camping municipal que es un espacio público para ir solucionando, porque no se puede de un día para el otro resolver este problema”.Los ocupantes ilegales se resisten a salir del predio y momentos de tensión se vivieron cuando luego de leerse la notificación por parte del juez de Instrucción 3, Juan Pablo Fernández Rissi, quien determinó 72 horas para que se desaloje el predio, se observó la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía. Los intrusos se alzaron con machetes y palos para resistir, hasta que dialogando con agentes policiales, el GOE dio marcha atrás. “La Justicia no quiere conflicto, no quiere que haya personas lastimadas. Yo veo acá gente con la cara tapada, veo gente con palo, gente con machete por lo tanto la situación se vuelve complicada”, señaló el fiscal. Mientras que Magno Britez, la voz de los ocupantes, indicó que “se taparon la cara porque el GOE avanzó y eso intimida y la gente se desesperó”.“La presencia policial es para evitar que esto se agrande. Para evitar que haya personas que se sigan incorporando”, afirmó Brites. Por su parte, los ocupantes aún se resistían a dejar el predio de trece hectáreas y a medida que pasaban las horas se acercaban más personas a apoyar la intrusión.Mujeres con niños predominaban en el lugar y hasta algunas jóvenes se alzaron con machetes para evitar el posible desalojo. Pedían dialogar con el intendente para que les aseguren un lugar para vivir.Algunos decían provenir de espacios verdes donde la pasada tormenta inundó sus viviendas. Otros en cambio, argumentan dificultad para pagar un alquiler.El propietario de las 13 hectáreas usurpadas es un abogado domiciliado en Posadas y ya se encuentra en Puerto Iguazú a la espera de la pronta solución del conflicto.
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