POSADAS. Ayer se cumplieron tres años del 10 de noviembre de 2010, cuando entró en vigencia la primera revisión de la Carta Orgánica Municipal (COM) que había sido redactada en 1988. Unas pocas semanas antes había concluido la tarea de la Convención Constituyente Municipal, que oficialmente se disolvió el 7 de diciembre siguiente, y el 8 la habían jurado el intendente municipal, funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y concejales del oficialismo, en un acto solemne que sirvió también para recordar el 140 aniversario de la última fundación de la ciudad. Días después y demostrando, quizás, las diferencias políticas con algunos aspectos de esa norma municipal introducidos forzadamente por los representantes del partido gobernante, también hicieron lo propio los restantes ediles, todos ellos opositores, y la entonces Defensora del Pueblo. El Concejo había sancionado meses antes una ordenanza, luego vetada por el DEM, que establecía lo contrario a lo ahora cuestionado y que, incluso, lo derogaba.Un polémico sistema integrado institucionalizadoAunque de manera general las reformas al cuerpo original se dieron unánimemente -había paridad entre convencionales oficialistas y opositores-, las discrepancias fundamentalmente estuvieron dadas en la consideración particular que se daba al Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano (Situm) dándole rango constitucional municipal. Y, sobre todo, que para ello fue necesaria la defección de un constituyente surgido de la oposición, Carlos Contristano, quien, a diferencia de sus pares, se sentó junto a los renovadores para lograr quórum y permitir al oficialismo, con sus seis votos (de catorce miembros de la Convención) la aprobación de los artículos que defendían los intereses de la empresa concesionaria de ese servicio.La incorporación del convencional había sido desde ya indebida, porque, si bien nadie lo mencionó -lo ignoraban, quizás-, pese a no tener una relación laboral directa con la principal empresa operadora del servicio, si lo tenía en el ejercicio de su profesión, ajustándose a las incompatibilidades que establecía la COM a ser revisada para quienes emprendieran esta tarea. Cuestiones pendientesPero, aceptada de hecho esa previsión, incorporada y aprobada a último momento con la ausencia opositora, el trabajo que se había iniciado el 7 de diciembre de 2009 se desarrolló con un enorme consenso entre sus integrantes y permitió la corrección de algunos temas y la incorporación de otros que apuntaron a la transparencia en la gestión municipal y la cesión de nuevos derechos para los vecinos de la ciudad. Aunque algunas de esas previsiones aún siguen incumplidas y varias de ellas debieron esperar que transcurriera largamente el término de doce meses para su aplicación antes de que se las pusiera en vigencia.Entre éstas, por ejemplo, hay dos que se remontan al texto original de hace 25 años: el Tribunal de Cuentas Municipal y el Jurado de Reclamos. El primero para que controle las ejecuciones financieras y administrativas de la gestión; y el segundo, destinado a que los contribuyentes tengan hacia dónde dirigir sus quejas por algún acto administrativo que los disguste.Una tercera integración pendiente lo constituye el Tribunal Electoral Municipal, encargado responsable de toda la tarea comicial en el ejido comunal, pero pende sobre él una decisión en contrario de la Justicia provincial, cuando en 2005 se intentó modificar el sistema de lemas, aún vigente en las elecciones municipales provinciales, por otro mixto, más transparente y de postulación uninominal. Además del oficialismo de entonces, la renovación, llamativamente también se sumó a la acción judicial -y abrió esa vía el Partido Socialista misionero-. Con fórceps, pero…A estas cuestiones pendientes y, por ahora, sin visos de que se avance en ellas, también existen otras cuya ejecución recién hoy parecen haberse tenido en cuenta; así como otras que fueron desechadas y cuya insistencia llevarían a una forzada judicialización. Tal el caso, por ejemplo, de la restricción horaria para los casinos y salas de juego, de competencia municipal, pero que colisiona con poderosos intereses particulares que se defienden desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC).Otros dos aspectos de la Carta Orgánica parecen ahora estar encaminados. El primero de ellos, la gratuidad en el transporte urbano de pasajeros a las personas mayores de setenta años, recién tuvo plena sanción esta semana. Para ello se necesitó una larga lucha, con demandas reiteradas que sistemáticamente fueron desoídas por el oficialismo, de algunos ediles de la oposición y, particularmente, de quienes eran beneficiarios de ese nuevo derecho.Ni los concejales de la renovación, ni la Defensoría del Pueblo se interesaron en estos tres años del tema, soslayaron toda posibilidad de abordarlo, hasta que este año el panorama electoral adverso, primero, y los sucesivos reveses electorales posteriores (con derrotas y triunfos ajustados) los obligaron a cambiar de actitud. Concedieron primeramente un beneficio a término, para este jueves último concluir aceptando la letra que venían soslayando desde 2012.También este año parece haberse encausado la ampliación de los Tribunales Municipales de Faltas, en cuanto a la creación de dos nuevos Juzgados y de una Cámara de Apelaciones Administrativa y de Faltas que actuaría en alzada de los primeros. La justificación en este caso se dio en la necesaria e indispensable ampliación del edificio de la calle San Martín, habilitado con ese propósito y cuyas obras están próximas a concluir.
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