MONTECARLO. Ninguno de los dos sectores en conflicto del Norte de la provincia que fueron citados a audiencias conciliatorias aceptó la semana pasada la propuesta de la contraparte respectiva, por considerarla insatisfactoria e incluso “una burla” con respecto a sus reclamos originales, y resolvieron, en conjunto con los demás trabajadores en lucha, volver a las medidas de acción directa en el marco de la huelga convocada por la Central de Trabajadores Argentinos para mañana.Mientras se desarrollaba el corte de ruta en el paraje Línea Chica, en el marco del paro convocado por la CTA, los vecinos de los barrios Iprodha de Eldorado y los obreros del aserradero Caraguatay participaban de reuniones con las otras partes de los conflictos, pero sin poder arribar a un acuerdo. La primera reunión se realizó en Eldorado entre vecinos del barrio Los Lapachos y otros complejos habitaciones de la localidad y funcionarios del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, entre los que se encontraban Silvina Ramos, de Asuntos Jurídicos, Silvana Giménez, de Promoción Socioeconómica, el arquitecto Jorge Riera, Osvaldo Rhiner, de Recupero y Juan Carlos Descotte, gerente del organismo.Aunque la delegación oficial reconoció que el planteo de los vecinos era “razonable”, adujo que no tenía “la facultad de volver atrás” con la resolución 103/08, que los manifestantes piden que se derogue.Esta resolución es la que habilita al instituto a subir discrecionalmente los intereses de las cuotas de las viviendas, lo que provoca que haya aumentos de incluso más del 100% con respecto a las cuotas de hace unos meses, y que el importe llegue a los $1.500, por ejemplo. Con respecto al reclamo del mal estado de las viviendas, que apenas entregadas muestran roturas, los funcionarios se comprometieron a pasar casa por casa para arreglarlas.La propuesta oficial con respecto al desproporcionado -e injustificado- aumento de las cuotas fue que los damnificados elevaran, en forma individual, un escrito con todos sus problemas, adjuntando recibo de sueldo y propuesta de importe, lo que fue considerado como una “burla” por los vecinos.Los obreros despedidos del establecimiento administrado por el intendente de Caraguatay, el renovador Ricardo Waidelich, mantuvieron una audiencia con la patronal, que adoptó la estrategia de dividirse en dos (El cerro, por un lado, nombre anterior del aserradero, y Caraguatay, por el otro, actual denominación) a pesar de que corresponden al mismo grupo empresario, que cambió de razón social para evitar pagar la antigüedad de sus empleados.
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