MONTEVIDEO, Uruguay (AFP-NA). El Gobierno uruguayo estudia cómo responderá al pedido argentino de que dé marcha atrás en el aumento de la producción autorizado a una planta de celulosa cuestionada por Argentina, pero confía en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya lo respalde si Buenos Aires acude al organismo por el renovado diferendo.“Oportunamente, en breve, el Estado uruguayo se manifestará al respecto, por la vía que entienda correspondiente”, dijo a la agencia AFP el capitán Gastón Silbermann, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrado por delegaciones de los dos países.Silbermann evitó pronunciarse sobre el pedido argentino, indicando que “el tema lo está tratando el Poder Ejecutivo”.Una fuente del Poder Ejecutivo recordó en tanto a la AFP que cuando se avivó la tensión, hace una semana, el presidente José Mujica pidió a sus colaboradores apelar al silencio y no estar respondiendo a diario las declaraciones argentinas.Añadió que como el canciller Luis Almagro está en misión en el exterior, si hay una respuesta formal probablemente se daría a su regreso, el fin de semana.En la noche del miércoles, el canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que pidió “formalmente” a Uruguay que retrotraiga la autorización dada a la planta de celulosa de UPM (ex Botnia) de aumentar la producción, por considerar que contamina el limítrofe río Uruguay.Una semana antes Mujica había aprobado aumentar de 1,1 millón de toneladas anuales a 1,2 millones la producción de la planta, lo que generó tensión en las relaciones bilaterales, luego de un extenso conflicto que se había zanjado en 2010 en la Corte Internacional de La Haya.“Voy a esperar un par de días” antes de volver a llevar el caso a la Corte de La Haya, dijo el miércoles Timerman, tras presentar los resultados de un informe argentino sobre la situación de las aguas en el río Uruguay, según el cual se detectaron “violaciones a la normativa vigente en la temperatura de los efluentes (en el río), así como presencia en niveles superiores a los permitidos de fenoles, fósforo, cromo y níquel, sólidos disueltos y endosulfán”.Aunque declinaron opinar sobre el pedido de Timerman, algunas autoridades manifestaron su confianza en lo actuado por Uruguay y reiteraron lo defendido la semana pasada por Almagro, quien aseguró que los vertidos de la planta “están dentro de los límites” que marca la normativa uruguaya y por lo tanto “en perfecta consonancia” con los estatutos del río y lo resuelto por la CIJ.“Los informes están, hay que (…) sacar las conclusiones viendo los informes y no tomando algunos números puntuales y antojadizamente”, dijo ayer a periodistas el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame.Por su parte, Jorge Rucks, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), opinó que un nuevo fallo de La Haya le daría la razón a Uruguay.“Podemos estar muy tranquilos de que tenemos la información que certifica que hemos actuado dentro de los marcos que la Corte Internacional de La Haya”, aseguró.“Creo que sería lamentable que tengamos que enfrentarnos nuevamente a este tipo de pruebas internacionales entre dos países hermanos, pero no somos nosotros los que estamos tomando esa iniciativa”, añadió.La planta, en funcionamiento desde 2007 en la margen uruguaya del río Uruguay, ha sido centro desde su construcción de un prolongado conflicto con el país vecino.Manifestantes argentinos que la acusan de contaminar el río bloquearon durante casi cuatro años un puente fronterizo y Buenos Aires llevó el caso a la CIJ, que en 2010 respaldó la posición uruguaya de que la planta no contamina pero ordenó un monitoreo regular para observar el impacto en el río.Pese a que ambos países crearon una comisión científica para monitorear el río, incluyendo la desembocadura del argentino río Gualeguaychú, donde hay otras pasteras, sus informes nunca fueron difundidos por falta de acuerdo entre los países.El ex presidente del argentino Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), Enrique Martínez, reveló al diario El País de este jueves que en momentos claves del litigio en La Haya la Cancillería de su país ordenó retirar de la página web del instituto las conclusiones de doce informes que probaban que la planta no contaminaba.“No se demostraba que la pastera contaminaba. Publicamos los datos en Internet pero la Cancillería argentina nos pidió que los sacáramos cuando comenzó el conflicto en La Haya”, indicó.
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