POSADAS. “La investigación fue nada más que una excursión de pesca porque, antes de las intervenciones telefónicas, no preexistían medidas conducentes al esclarecimiento del hecho investigado ni a la identidad de los supuestos responsables ”, aseguró el abogado penalista Ramón Moisés Grinhauz en alusión a la causa por el decomiso de 61 kilos de cocaína, que tiene a su cliente Diego Toledo como uno de los principales imputados.Es más, este hombre fue procesado semanas atrás por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de “organizador”.Grinhauz adelantó así los ejes de los fundamentos de la apelación que interpuso ante la Cámara Federal de Apelaciones.Los argumentos del recurso serán esgrimidos en el transcuro de esta semana ante ese Alto Cuerpo.El petitorio incluye la nulidad de las escuchas telefónicas; la recalificación de los cargos contra su defendido y la revocatoria del auto de procesamiento dictado por el juez federal Ramón Claudio Chávez.Para el letrado, la instrucción no tenía elementos concluyentes para disponer la intervención telefónica de los sospechosos, razón por la que considera cercenado el derecho a la intimidad amparado por la Constitución Nacional.“El derecho a la intimidad no tendría razón de ser, ninguna relevancia, si el Estado tuviera el poder de entrometerse en la vida privada de las personas ante una simple sospecha”, consignó en una entrevista mantenida con PRIMERA EDICIÓN. Consultado por la situación judicial de Toledo, en la que aparece procesado en calidad de “organizador”, figura que establece un mínimo de ocho años de prisión, el abogado respondió que “no hay elementos para esa acusación. El único fundamento de la participación y consecuente responsabilidad de mi asistido fueron las escuchas telefónicas. No se demostró su participación real y efectiva en el transporte de drogas. No hizo ningún aporte para la comisión del hecho investigado”.En cuanto a la relación de Toledo con dos de los vehículos secuestrados por GN, que supuestamente estaban siendo acondicionados para el traslado de la droga, explicó que “en el caso de la Peugeot Partner se la llevaron para venderla, negocio al que él se dedica. Tenía intenciones de comprarla para su mujer, porque estaba embarazada y se movilizaba en moto. En cuanto a la Renault Duster, la mandó al taller porque le destrozaron el parabrisas de una pedrada y el aire acondicionado perdía agua. En ambos casos se la llevó Czernecki, otro de los procesados en calidad de organizador. Distinto hubiera sido si hubiera conseguido el vehículo por otros medios y entregado para llevar el estupefaciente. En el peor de los casos, podríamos estar ante una posible participación secundaria”, sintetizó.Los fundamentos de la apelación se conocerán esta semana. Golpe al narcotráficoEl 12 de agosto pasado Gendarmería interceptó una Peugeot Partner en San José, conducida por Osvaldo Amarilla, un hombre que trabajaba como motomandado en un delivery. Llevaba 61 kilos de cocaína.En la redada también cayó un Ford Fiesta, en el que viajaban Christian Czernecki (iba al volante), el paraguayo Armando Echauri Detez y el gendarme Gustavo Martínez. Al parecer, este coche limpiaba la ruta y hacía de campana ante un eventual problema.El primero fue procesado en calidad de “organizador”, al igual que Toledo. El resto como autores del delito de “transporte de estupefacientes”.La figura de participación necesaria recayó en el chapista Walter Kurtz y su ayudante Sergio. El ingreso fue por Ciudad del Este Los 61 kilos de cocaína ingresaron a Misiones desde Ciudad del Este. El destino final del cargamento, de acuerdo con el trabajo de Inteligencia efectuado por Gendarmería Nacional, era Europa, previa escala en Uruguay.La versión oficial indica que la investigación arrancó en diciembre del año pasado, con el arresto de un gendarme misionero en la ciudad uruguaya de Canelones. Llevaba 323 kilos de cocaína.Desde ese momento se inició un minucioso trabajo de escuchas telefónicas que desembocó en el procedimiento del 12 de agosto pasado, con la consecuente detención de siete misioneros y un ciudadano paraguayo.Al parecer, el alucinógeno entró desde Paraguay un día antes. Los sabuesos creen que lo guardaron 24 horas en Posadas para reiniciar la marcha hacia Uruguay el 12 de agosto. Para ese entonces, GN seguía los movimientos de los implicados a través de sus celulares intervenidos. Dicen que, en determinado momento, se perdió el rastro a la Peugeort Partner que llevaba el alucinógeno y decidió reabrir las escuchas, percatándose de que estaba cerca de San José.Entonces los gendarmes decidieron precipitar la redada y detener a los sospechosos, porque la idea original era seguirlos hasta que cayera la totalidad de la banda.
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