BUENOS AIRES (NA). El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue procesado por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a raíz de haber multado a una consultora privada que midió los índices de precios al consumidor en forma paralela a los que arroja el Indec.Fuentes judiciales informaron que el magistrado en la misma resolución procesó al director Nacional de Comercio Interior, Fernando Carro; y al director Nacional de Lealtad comercial, Adalberto Guillermo Rotella, mientras que sobreseyó a Guillermo David, funcionario de esa misma dependencia.“Se confirmará la libertad provisional de los encartados, temperamento que es justamente el que fuera adoptado en autos en todo momento, ya que no se da ninguno de los dos supuestos que autorizan a dictar la prisión preventiva”, aclaró Bonadío, quien impuso sobre los procesados un embargo de 50 mil pesos.Bonadío, a su vez, a raíz de comparativos que estableció entre los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y por los que calculan varias provincias, sostuvo que los privados “hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada, es indiscutible”.“Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport SA en particular, de cara a la obtención del IPC -o aún su deliberada falsedad- se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados, los cuales no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público”, añadió el juez.500 mil pesos de multaLa denuncia fue realizada el 11 de marzo de 2011, tras una sanción de 500 mil pesos de multa que se le fijó a Finsoport tras haber dado a conocer los índices de precios, tras lo cual el denunciante aseguró que esas acciones “importaron pretender obturar la labor profesional de los expertos de las ciencias económicas a fin de intentar intimidarlos de modo tal que no difundieran ningún informe micro, macroeconómico o de ninguna índole que difiriera de los que proporciona el gobierno central”.Para Bonadío “los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin limitación de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido”.“Se la multó con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente, y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocida por los propios responsables -solo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión- no es mucho lo que a ello puede agregarse”, agregó.Por ello, “la arbitrariedad de los funcionarios y su intención maliciosa también se trasluce en la violación al derecho de los particulares a exponer sus opiniones independientemente de la pretendida cobertura científica que ella tenga como soporte”.
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