PUERTO IGUAZÚ. El Gobierno provincial volverá a insistir en la aplicación de la ley 1699 de provincialización del río Iguazú a la altura de las Cataratas, por la cual la Corte Suprema de Justicia dictaminó una medida de no innovar ante el pedido de inconstitucionalidad de la Administración de Parques Nacionales. Esta vez será reclamando los derechos de los pueblos originarios, utilizando la figura del defensor del Pueblo de Posadas para bregar por los derechos de incidencia colectiva de los ciudadanos de Puerto Iguazú. Sin análisis previo, el Concejo Deliberante autorizó al ejecutivo municipal a realizar un convenio para que el defensor del Pueblo de Posadas, Marcelo Javier Vairo, represente a los iguazuenses en la causa que comenzó en el 2008 con la sanción de la ley 4467 (actualmente 1699) aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes. El convenio establece que “el intendente de la ciudad de Iguazú encomienda al defensor del Pueblo de Posadas, tomar a su cargo la representación de los habitantes de la ciudad de Puerto Iguazú en procura a la defensa de sus derechos e incidencia colectiva y demás relativos a su condición de habitantes de la zona lindera al río Iguazú”. El intendente, Marcelo Sánchez le solicita que se presente ante la Corte Suprema y solicite la intervención del proceso en términos del artículo 90 del Código Civil de la Nación. Vairo se apersonó al deliberativo con el proyecto una hora antes de la sesión y causó sorpresa su apresurado tratamiento, ya que la concejal Marcela González, pidió que se incorpore a los asuntos ingresados y luego pidieron tratamiento sobre tablas. Fue aprobado por cinco votos y uno en contra e incluso fue modificado a último momento el inciso por el cual establecían que los gastos serían afrontados por el ejecutivo municipal. Mediante la ley 4467 se creó el Parque Fluvial del Río Iguazú oficializada con el decreto 2338 en octubre del 2008. Pero la Administración de Parques Nacionales pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley debido a que “el dominio sobre el río Iguazú le corresponde a la nación, porque se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú”. La corte dictaminó la medida cautelar, fallo que no está firme y que el defensor del Pueblo reanudaría, esta vez incorporando la discusión por “el dominio original que no solamente es de la provincia sino que forma parte de los pueblos originarios representados por este municipio. Se compromete la subsistencia de los pueblos originarios, ya que viven del aprovechamiento de los recursos naturales la fauna y la flora hídrica de pesca”. Atractivo turísticoEn el momento de la sanción de la ley, algunos sectores de la comunidad de Puerto Iguazú, como trabajadores de parques, trabajadores del área de Cataratas y vecinos de la localidad se habían manifestado en contra de la aplicación. En diciembre del 2008 La Cámara que nuclea a todo el empresariado local, además de la Cámara de Comercio y el ente municipal de turismo habían discutido este tema con posturas muy encontradas, pero sí coincidieron en que es primordial que se conserve la reserva natural como hasta el momento ya que corresponde el principal atractivo turístico de Misiones. “Pruebas contundentes”Por su parte, el defensor Marcelo Vairo indicó que “tenemos que presentar pruebas contundentes para defender los derechos sobre el río Iguazú que es retenido por Parques Nacionales”, y aclaró que “esto está en una etapa que no está con sentencia firme, nosotros vamos a pelear la medida de no innovar que falló la Cámara, entonces desde la provincia sí podemos tener la competencia de esta ley”. Además, adelantó que el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, Carlos Rovira, “presentó un proyecto donde amplía los alcances de esta ley preservando los intereses originarios de la reserva natural de proteger todo lo que sea la reserva o sea que no habrá ninguna intromisión de la provincia en lo que sea el río Iguazú tal cual se lo conoce”. Vairo aclaró sobre especulaciones en la explotación del río Iguazú y señaló al respecto que “los recursos naturales nuestros queremos que nos pertenezcan, los cuidemos, no se los explote, que no tengan otro destino que la producción apícola, preservación de la flora y fauna en una provincia que es cada vez más rica y más lo tenemos que cuidar”.
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