POSADAS. En Argentina habitan 40 millones de personas. Cerca de un millón son descendientes de comunidades originarias y muy pocos de ellos pueden afirmar hoy que la tierra que habitan es de su propiedad, es decir, que no pueden ser desalojados o invadidos por las industrias extractivas. En consecuencia, comunidades de todas las latitudes viven un permanente avasallamiento de “los blancos”.Para cambiar esta realidad, en 2006, la Ley 26.160 ordenó un relevamiento de los territorios utilizados por las más de 1.500 comunidades en el país que debía completarse en tres años. El plazo no se cumplió y en 2009 fue prorrogada otros tres años. Se destinaron en total 60 millones de pesos -10 por año- pero según un informe publicado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen el 29 de julio pasado, apenas se relevaron 197 comunidades de las 1.578 que existen actualmente en Argentina, es decir, sólo un 12,48%.“A este paso harían faltan otros cuarenta años más para concluir con el trabajo”, señalan en el informe, donde también explicitan las dificultades que debieron atravesar desde el Endepa para conocer el estado de los relevamientos que son ejecutados por equipos técnicos coordinados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).La norma caducará en noviembre próximo, con lo que cesará la suspensión de desalojos de las comunidades que estén viviendo en tierras que son reclamadas por privados. Lo que el informe enfatiza es que “en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del INAI”. LamentableEn Misiones, según el INAI, de las 103 aldeas que figuran en su registro, se relevaron 34 y 7 de ellas ya recibieron su informe. No obstante para el Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen, tiene registradas al menos 110 aldeas en tierras provinciales y sólo 4 han recibido las carpetas con los informes terminados, las cuales deben ser revisadas por las autoridades de la comunidad y corregidas en caso que haya errores -aunque esa parte en algunos casos no se respetó-.“El relevamiento, si funcionara, es un proyecto muy importante, porque analiza la ocupación de tierras y sus usos -caza, extracción, plantación, etcétera- desde una perspectiva antropológica, se toman las coordenadas geográficas, se recorren las tierras, pero en todos estos años se avanzó muy poco, pese a que se destinaron sumas millonarias”, señaló a PRIMERA EDICIÓN “Kiki” Ramírez, integrante del Emipa. Como señala el informe, en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, donde habita el 65% del total de las comunidades indígenas del país, el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11%. “La mentira como herramienta”Los resultados del informe ponen de manifiesto “la dualidad del discurso y la mentira como herramienta”, señala el Endepa. Ocurre que desde 2006 a esta parte las contradicciones y datos erróneos fueron moneda corriente, así como el ocultamiento de información y dilatados plazos para dar respuesta a los pedidos de informes. “De algún modo esta investigación del Endepa pone de relieve que como política pública la aplicación de esta ley es bastante deficiente, porque ha habido muchas contradicciones en los informes que el INAI ha remitido a las organizaciones y comunidades que lo requirieron”, dijo Ramírez.En Misiones, un ejemplo de esta modalidad de trabajo se evidenció en las aldeas de la Reserva de Biosfera Yabotí: las aldeas Itao Mirí y Tekoá Yma -2 de las 7 relevadas- recibieron las carpetas pero los equipos del INAI no les dejaron revisarlas para corregir errores en la demarcación de los terrenos sino que las obligaron a firmar la conformidad con el mismo. “De esta manera hay tierras que utilizan pero que quedaron afuera del plano”, remarcó Ramírez. Fin del relevamiento, ¿y después?Si bien el programa no está ni cerca de completar la mitad de la tarea, el contar con la carpeta de relevamiento por el momento no significa nada. Para que la titularización de las tierras se encamine se debe sancionar otra ley, pero por el momento, según Ramírez, la comisión creada a estos fines por medio de un decreto presidencial, hasta el momento no ha empezado a trabajar.
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