Tarjeta amarilla

Las más de cien familias que se instalaron en los terrenos aledaños al acceso sur a esta ciudad, destinados por la EBY a futuros espacios verdes, le dan una inesperada rúbrica al resultado electoral que cosechó el domingo pasado el Frente Renovador, en su quinta elección legislativa y cuando cumple una década en el poder.En el oficialismo se admite que las derrotas en Eldorado y Puerto Iguazú y el resultado “cabeza a cabeza” en Posadas se explican como una advertencia del electorado al elitismo de una dirigencia excesivamente acomodada a una larga permanencia en el poder; pero les cuesta admitir evidentes errores de concepción política y de gestión. Junto a los reclamos de los productores tabacaleros, la desesperación de estos pobladores de la zona de Miguel Lanús, que desde abril iniciaron un ascendente y preocupante proceso de intrusión en tierras privadas, expresa, mejor que cualquier experto en marketing político, el trasfondo de la “tarjeta amarilla” que le marcó una franja del electorado a un proyecto político que apuesta al desarrollo multiplicando las estructuras, pero descuida a los sectores más vulnerables.  Detrás de la intrusión, y de las mismas maniobras o”avivadas” que esta puede encubrir, se oculta el drama de la falta de vivienda y de trabajo digno de miles de misioneros, y no es casualidad que la mayoría de los jóvenes que se decidieron por la ocupación pertenezcan a familias de relocalizados, a las que Yacyretá abandonó a su suerte en conglomerados urbanos sin proyección a futuro.  Muchas son las voces que, en los últimos años, advirtieron, por ejemplo, sobre el sesgo comercial y elitista de las políticas de vivienda del Iprodha, que llegan sólo a sectores de ingresos medios y altos, pero soslayan el problema habitacional de las familias de menores ingresos, entre ellas las que irrumpen hoy reclamando una carencia básica, como lo es la vivienda familiar, en medio del moderno proyecto urbanístico que impulsa el Gobierno.  La demanda de los jóvenes sin techo que produjo la represa; y que ahora la EBY pretende sintetizar en una denuncia penal, no es más que una señal de una problemática social irresuelta; la de una de las poblaciones más jóvenes y con uno de los mayores índices de crecimiento poblacional del país -como lo reveló el último censo- que concentra a la vez los salarios más bajos y los mayores índices de precariedad laboral. La deuda social que subyace a las intrusiones, y que incluye núcleos duros de pobreza estructural difíciles de remover, tanto como la precariedad del ingreso en el sector agrario, es justo decirlo, vienen de arrastre; y no son obra exclusiva de la década renovadora, pero, a esta altura, está claro que la falta de políticas consistentes frente a los sectores sociales y productivos más desprotegidos está detrás de la pérdida de caudal electoral que registró el oficialismo. Errores que se repitenPor una desgraciada circunstancia, la campaña electoral se cerró bajo el impacto de la tragedia de Salto Encantado, que puso en el primer plano la dura realidad social y laboral que sobrellevan los tareferos, coincidiendo además, con una inexplicada demora del pago del retorno del FET a los tabacaleros. En ambos casos, el gobierno que encabeza Maurice Closs demostró una notable falta de sensibilidad – y de cintura política- dejando al descubierto el peso de los años de acomodo al poder en la gestión gubernativa. La “comodidad” que Closs y Rovira salieron a fustigar en la noche del domingo, bajo el impacto de un resultado electoral no esperado, ya era visible en los citados sucesos previos. Ante la nueva protesta tabacalera, que se desató al día siguiente de las elecciones en reclamo por el FET y por la renuncia del ministro Ortega. Al denunciar penalmente a los manifestantes, el Gobierno volvió rápidamente por sus fueros represivos, curiosamente  al otro día de que Closs pidiera a la dirigencia renovadora un drástico cambio de actitud. Aunque se apunte a una legítima protección de la libre circulación, la penalización de la protesta pone al desnudo la reconocida incapacidad del Gobierno para resolver los conflictos por medio de la negociación y el diálogo, un tema  no menor, al punto de que la gestión del ministro de Gobierno, Jorge Franco, aparece desdibujada por las continuas denuncias a manifestantes y dirigentes sociales en los últimos años. La supuesta participación del diputado opositor Héctor Bárbaro, cuya agrupación política, el Partido Agrario y Social, fue el instrumento del voto-castigo por el que optó una parte importante de los pequeños productores misioneros, en zonas como el Alto Uruguay, le da la excusa al gobierno para ignorar el reclamo de los productores y defender a ultranza la  debilitada gestión del ministro Ortega al frente de la cartera agraria. También se observa la miopía social del Gobierno, que invirtió una suma millonaria en la modernización del ingenio azucarero de San Javier, pero no previó la situación actual, en la que los productores no encuentran a quién vender el producto, y arriesgan perder la cosecha, según sus propias denuncias.  El relevamiento de Marciano Martínez, un funcionario cuestionado desde hace años, se justifica como pase de factura interno de la renovación, pero parte de una premisa errónea, que es adjudicar a “falta de militancia” de la dirigencia a un resultado adverso -en la zona del ingenio- que refleja los errores y vicios de una política. El discurso contra la “comodidad” y el “aburguesamiento”, que mantiene tensionada a la interna renovadora, y que inspiró a Closs una serie de cortes de cabezas de funcionarios de segundas y terceras líneas, no parece estar afianzado en una genuina autocrítica que ponga en la balanza los errores de fondo en las políticas y la gestión de gobierno; y que se le anime a la reflexión sobre el peso de los liderazgos absolutistas, latente en la interna renovadora. La tenaz negativa de Closs a cambiar a los funcionarios más cuestionados de su gabinete, manteniéndolos con independencia de los resultados de su gestión y del nivel de desgaste, es un botón de muestra del corto aliento autocrítico.  En la actualidad, a los nombres de Ortega y Franco, como candidatos a la guillotina, habría que agregar, por lo menos, el del titular de la cartera educativa, “Lucho” Jacobo.El gobernador amenaza con sanciones drásticas, pero la única funcionaria de rango que fue efectivamente castigada con el abandono del cargo -la ministra de Trabajo Claudia Gauto- en realidad ya estaba fuera de la función, al haber ganado
una banca legislativa; lo que disminuye significativamente la gravedad de la pena de desplazamiento.  Carlos Rovira, el conductor político de la alianza de gobierno (y mentor en soledad de la lista de candidatos a diputados provinciales del oficialismo), por su lado, asumió oficialmente una postura más expectante, advirtiendo sobre la necesidad de “no interpretar el voto del pueblo” y llamarse a un silencio reflexivo sobre los motivos de la baja electoral. Probablemente, intenta aplacar un estado de agitación interna, y reorientar la acción hacia los próximos comicios, en agosto y octubre, en los que la renovación pondrá en juego su representación en el Congreso nacional, y en ello una nada despreciable cuota de poder. En este marco, se llevó a cabo desde el miércoles el escrutinio definitivo de los votos emitidos el domingo, el cual no alteró significativamente los guarismos del conteo provisorio; y, salvo por la ausencia total de votos en una urna, y algunas decisiones controvertidas de la autoridad electoral; dejó mal parados a quienes habían intentado instalar desde el inicio del acto comicial una hipótesis de “fraude institucional”. También ratificó que el gran ganador en estos comicios fue el radicalismo.