Buscan quitarle atribuciones al Poder Judicial

(DyN). El kirchnerismo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que le quita al Poder Judicial y a la Corte Suprema facultades presupuestarias, de manejo de personal y hasta de fijación de sueldos y se las pasa al Consejo de la Magistratura, tras haber retrocedido en esos puntos cuando se trató en la Cámara baja la ley de los cambios en la conformación del organismo.En esa oportunidad, las sorpresivas variantes motivaron una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien ventiló un “pacto” entre el Gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.Ahora, el texto modifica seis leyes nacionales y vuelve a lo que fue el proyecto original del Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura que, entre otras cuestiones, le otorga al Consejo la potestad de “aprobar” con mayoría simple el anteproyecto del Presupuesto anual del Poder Judicial, cuando el actualidad sólo “toma conocimiento” del mismo y lo pasa, “para su consideración”, a la Corte.Tras el fallo de la semana pasada que anuló la elección directa de jueces y abogados por considerarlo “inconstitucional”, el Gobierno disparó contra la Corte duras declaraciones y se denunció una supuesta investigación fiscal de la AFIP hacia Lorenzetti, que el organismo negó.El nuevo proyecto, que presentaron los diputados del Frente para la Victoria, Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Gloria Bidegain es un texto similar al que originalmente había enviado el Ejecutivo en el paquete de leyes de Reforma Judicial y fue uno de los pocos cambios que aceptó hacer el kirchnerismo.Una fuente del Frente para la Victoria le dijo a DyN que haber retrocedido en su momento “era parte del acuerdo para mantener la administración del Poder Judicial, a cambio de no dictar la inconstitucionalidad de la norma”, pero como no se cumplió con esa parte “ahora, se vuelve a la idea original”.En otras partes del articulado queda claro que se eliminan artículos de la reciente Ley 26.855 que reglamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y se vuelve al texto original, dejando de lado que las leyes modificadas señalaban que iban a quedar “sin efecto” todas las disposiciones.