POSADAS. Fueron allanadas en las últimas horas las oficinas del Juzgado en lo Civil y Comercial 1 de esta capital, luego de que la jueza a cargo del mismo, Gabriela Fernanda Canalis, denunciara a algunos de sus propios empleados por presunto “boicot”, señaló una fuente. Un grupo de policías de la Dirección Criminalística irrumpió poco antes del mediodía en el edificio del Palacio de Justicia, situado sobre la avenida Santa Catalina 1735 y se dirigió a la planta baja, donde funciona dicha dependencia. Ante la sorpresa de los trabajadores judiciales, los uniformados procedieron a requisar el lugar y a colectar datos e incluso le habrían tomado huellas digitales a algunas personas, que según trascendió cumplen funciones en el lugar. El motivo de la diligencia policial, investigar la denuncia de la jueza que daba cuenta de un supuesto “boicot” para atrasar, demorar e incluso “cajonear” algunas causas con el objetivo de dañar la imagen del Juzgado, indicó un vocero consultado por este diario. Aparentemente, la funcionaria judicial habría decidido radicar la denuncia cuando detectó irregularidades en algunos trámites. Uno de ellos habría sido el excesivo tiempo que demoraban los expedientes en regresar a sus manos o en completarse debidamente. La sospecha fue cada vez mayor, e incluso una versión no confirmada daba cuenta del hallazgo de un paquete en el interior de las oficinas, conteniendo gran cantidad de documentaciones, archivos y otros papeles de distintas causas.Una fuente confió que este bulto, hallado en un mobiliario del lugar, estaría en poder de la Justicia, que realizaba pericias para establecer responsabilidades, teniendo en cuenta que los documentos presuntamente “empaquetados” no pueden ser manipulados ni extraídos de los expedientes por personas no autorizadas. Sociedad perjudicadaEl ocultamiento de documentaciones en muchos de los casos perjudica a la sociedad en general, teniendo en cuenta que ocasiona atraso injustificado en los plazos legales para resolver las causas. Esto acarrea además irregularidades en procedimientos y serios impedimentos a la hora de pronunciar fallos. Todo ello perjudica seriamente a la comunidad.
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