POSADAS. En la recta final de las elecciones del 30 de junio, el Frente Renovador corre con la gran ventaja de tener la caja del Estado para financiar su campaña, los gastos de propaganda, publicidad oficial y marketing político. De acuerdo a averiguaciones de este diario y cálculos oficiales, entre los diversos organismos provinciales se reparten más de dos millones de pesos por mes a medios y periodistas de la provincia en concepto de publicidad. Esta maniobra tiene la gravedad de que muchas veces condiciona la libertad de prensa y la linea editorial de los medios que reciben la pauta oficial.Además, con fondos públicos, que pertenecen a todos los misioneros y se recaudan con el pago de los impuestos, el Frente Renovador contrata prestigiosos y costosos consultores de prensa, imagen y marketing político, quienes los asesoran para ocultar sus debilidades y mostrar sus fortalezas como espacio político, imponiéndose en una situación de ventaja sobre otras fuerzas políticas que no cuentan con las arcas del Estado para solventar estos costosos contratos, que también incluyen permanentes sondeos de opinión sobre imagen e intención de voto de las principales figuras del gobierno.Sólo para tener dimensión de los números que se manejan, PRIMERA EDICIÓN averiguó con especialistas que una encuesta en toda la provincia de aproximadamente cuatro mil casos, en período de campaña electoral, puede costar entre 100 mil y 500 mil pesos, dependiendo de la empresa que lo haga y las condiciones que se acuerden.Fuentes confiables del Gobierno aseguraron a este diario que permanentemente se realizan encuestas de imagen e intención de voto en la provincia y que estos trabajos se multiplican en épocas electorales.Dos ejemplosPRIMERA EDICIÓN accedió a dos decretos que demuestran que el ministro de Gabinete, Ricardo “Pelito” Escobar destina importantes sumas de dineros públicos al pago de especialistas en estrategias de campañas electorales, encuestas y manejo de la comunicación oficial.Las contrataciones se hicieron en forma directa, sin convocar a licitación pública.A través del decreto 238, del 8 de abril de 2013, el ministro Escobar contrata al conocido especialista en marketing político Mario Riorda con el objeto de “proporcionar servicios en los campos de análisis estratégico del marco de la comunicación gubernamental, la definición y recepción de los targets receptores de la comunicación, la definición y selección de los temas de la agenda de comunicación y sus mensajes de transmisión, también la definición de argumentos e imágenes”.“Por tanto la consultoría comprenderá todo el proceso de diseño y planificación estratégica, desde la organización de la comunicación gubernamental hasta la evaluación del impacto de la misma en la opinión pública. Realizará el diseño de las estrategias puntuales de publicidad gubernamental inclusive la asesoría en la creación publicitaria y el seguimiento de su producción. Hará también el diseño, coordinación y análisis del trabajo con los equipos del gobierno, ya sea en cuestiones políticas como en lo relacionado a comunicación del mismo”, añade el decreto.El gasto resultante (el decreto no aclara los montos) se imputa a la jurisdicción 02, Gobernación, Unidad de Organización 01, Unidad Superior, 02-01-0-1-90-1-01-012-01220 código SCD 0-01 erogaciones de la Unidad de Presupuesto Vigente.El otro caso es el decreto 239, también con fecha 8 de abril, (firmado por Pelito Escobar) por el cual se contrata al consultor Gustavo Córdoba con el objeto de servicio de consultoría en diseño y planificación de la estrategia de comunicación, incluyendo la definición y selección de los targets receptores de la comunicación, el diseño de la estrategia de comunicación y sus mensajes de transmisión, diseño de estrategias puntuales de publicidad gubernamental. “El servicio de consultoría también consistirá en el diseño, coordinación y análisis del trabajo con los equipos de gobierno, sea en cuestiones políticas como en las netamente organizativas relacionado a la comunicación de Gobierno”, remarca el decreto, similar pero no igual al anterior.Esta contratación viola una normativa vigente y por esta razón el decreto se exceptúa del alcance de otro decreto, el número 08/94 que pone límites a la contratación de personal en plena vigencia de la ley de emergencia económica.Para los dos casos se autoriza a la dirección de Servicio Administrativo de Gobernación, Acción Cooperativa y Fiscalía de Estado el pago de los servicios y las partidas de éste se imputan a la misma cuenta que el decreto anterior.Tampoco se indica el monto de esta contratación pero se indica que se les paga por los servicios prestados desde enero hasta la fecha del decreto.Más de dos millones por mesSe calcula que el gobierno gasta más de dos millones de pesos por mes en publicidad oficial a medios y periodistas.Los números no son exactos porque los gastos en publicidad y propaganda no están controlados ni centralizados en una sola oficina, ya que cada organismo se maneja con libertades para cada caso.Los diferentes ministerios manejan sus cuestiones administrativas por gobernación, pero además existe una importante porción de la caja de los organismos autárquicos y empresas del Estado que aportan siderales sumas a los medios.Emsa, a pesar de su situación de crisis, destina alrededor de 300 mil pesos mensuales; el IPLyC una suma similar, el IFAI, el IPS, la Dirección de Rentas también ponen jugosas pautas en medios, ni hablar de Yacyretá y otros espacios de menor relevancia que también aportan fortunas.El reparto de publicidad, al igual que a nivel nacional, no se realiza de acuerdo a criterios objetivos de audiencia, lectores o masividad, sino que se reparte con criterios arbitrarios, que podrían ser políticos y se observa que se llevan mayor porcentaje de la torta aquellos medios o periodistas que menos critican o evitan las noticias conflictivas.El Gobierno del Frente Renovador, al igual que el gobierno de Cristina Fernández, incumple lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2007, donde estableció en un fallo que un gobierno no puede distribuir arbitrariamente pauta a los medios de comunicación.Editorial Perfil presentó una acción de amparo durante el gobierno de Néstor Kirchner para que su empresa no fuera excluida de la publicidad oficial que otorgaba el Poder Ejecutivo.Para tener una dimensión de los números, según la ONG Poder Ciudadano, durante 2010 se gastaron 13.500 millones de pesos en public
idad: los anunciantes privados más las provincias (entre ellas Misiones) invirtieron 12.180 millones, el Gobierno de la Nación 1.224 millones y el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires 154,7 millones.En 2011 la Corte volvió favorecer la libertad de prensa dándole la razón a Perfil. Sin embargo, los gobiernos siguen con la actitud de premiar a medios favorables al gobierno y castigar a los que le parece que no son muy favorables. Las similitudes entre el kirchnerismo y la Renovación no son fruto de la coincidencia. Ninguno de los dos gobiernos acata la orden de la justicia.Algunos pagos publicadosLos pagos a medios que se publican en el boletín oficial son solo una pequeña parte del dinero que circula desde el gobierno a los medios amigos. El resto sale de empresas estatales y organismos que no publican sus balances.Pero entre los pagos publicados, se pueden mencionar los siguientes decretos: 107/2013 del 22 de febrero por 150 mil pesos; el decreto 194/2013 del 22 de marzo por 700 mil pesos; el decreto 76/2013 del 6 de febrero por 165 mil pesos; el Nº 75/2013 del 6 de febrero por 70 mil pesos; el Nº 2258/2012 del 28 de diciembre por 22.500 pesos; el Nº 2260/2012 del 28 de diciembre por 304 mil pesos; el 2224/2013 del 28/12 por 14 mil pesos; el Nº 2216/2012 del 28/12 por 70 mil pesos; el Nº 2215/2012 del 28/12 por 17 mil pesos; el Nº 2214/2012 del 28/12 por 589 mil pesos; el Nº 2211/2012 del 28/12 por 90 mil pesos; el Nº 2208/2012 del 28/12 por 14 mil pesos; el Nº 2207/2012 del 28/12 por 14 mil pesos; el Nº 2205 del 28/12 por 20.520 pesos; el Nº 2202 del 28/12 por 150 mil pesos 2201/2012 del 28/12 por 70 mil pesos; y el Nº 2198/2012 del 28/12 por 70 mil pesos.Todos los pagos son por publicidad oficial, consultoría o propaganda y corresponden solamente a los publicados en el boletín oficial durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de este año y diciembre de 2012. A puro decretazo, Gobierno reparte contratos En los últimos días, entrando de lleno en el proceso electoral, el gobierno se pone generoso con los fondos públicos y reparte contratos a los cuatro vientos. Esta situación, como el reparto de la publicidad oficial, lo pone en una situación de cómoda ventaja sobre el resto de las fuerzas políticas de la oposición que no cuentan con la caja del Estado y de los impuestos públicos para disponer y repartir como le de la gana.Se registraron varios ejemplos en pocos días, sugestivamente a poco del inicio de la campaña electoral.Por ejemplo, el decreto 154/2013 del 8 de marzo, autoriza a la presidenta del Instituto de Previsión Social de Misiones a contratar con relación de dependencia a 48 personas, todas en el agrupamiento administrativo desde la fecha de publicación del decreto hasta el 31 de diciembre; incluso reconociendo los servicios desde el 1º de enero.Para sortear los impedimentos legales (ya que la ley de emergencia económica y otras no lo permiten) las contrataciones quedan exceptuadas de los decretos N° 2653/92 y 08/94, y de acuerdo con las facultades conferidas en el artículo 8° – 2do. párrafo de la “Ley N° VII – N° 13 (antes Ley N° 2723)”.Otro caso es el decreto 114 del 22 de Febrero, que también queda exceptuado del N° 08/94 y de la prohibición contenida en el Artículo 8°, primer párrafo de la Ley VII – N° 13 (Antes Ley 2723), y reconoce desde enero los servicios prestados por las personas que se detallan en los contratos anexos” y hasta el 30 de junio. En este caso es el Ministerio de Desarrollo Social, manejado por el multicandidato Joaquín Losada, el que efectúa la contratación de 11 empleados en el sector administrativo.En ninguno de los casos se menciona el monto que percibirán, las tareas que desarrollarán ni las capacidades técnicas o conocimientos que ameriten las contrataciones. Tampoco se realizan por concurso público como establece la normativa, sino que por decisión arbitral de las autoridades.La ministra de Ecología, Viviana Rovira no se quedó atrás ya que efectuó la contratación de cuatro personas por decreto 228 del 8 de abril con remuneraciones que van entre 48 mil y 60 mil pesos cada una; desde enero hasta diciembre. También exceptuando de los alcances del artículo 1°, Inciso a), del decreto N° 08/94 y de la prohibición contenida en el Artículo 8°, Primer Párrafo de la Ley VII – N° 13. Rovira reincidió con otro decreto similar (el 230 del 8 de abril), y aprobó desde enero hasta diciembre “el contrato con pago de honorarios técnicos profesionales” de una ingeniera forestal de 30 años de edad por una partida anual de 60 mil pesos; a pesar de tener a numerosos de ingenieros forestales de vasta experiencia a su disposición como empleados de planta del Ministerio.
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