ELDORADO. El escándalo saltó a la luz en abril pasado y motivó el descabezamiento de la cúpula de la Unidad Penal III de esta ciudad, bajo sospechas de recibir sobornos y permitir gravísimas irregularidades puertas adentro de la prisión. Entre ellas, el ingreso de drogas, la comercialización de celulares y hasta el montaje de carpas para que los internos pudieran tener encuentros íntimos a cualquier hora, fuera de los días establecidos para visitas.La Justicia decidió intervenir a partir de dos denuncias: la de la esposa de un interno marginado de semejantes beneficios y la de aquellos penitenciarios que estaban hartos de soportar semejantes irregularidades.Y no sólo eso, también de aguantar la persecución de las autoridades que los tildaban de “traidores” por querer ventilar el caos que reinaba muro adentro.Los pesquisas judiciales allanaron la UP III. Efectuaron una inspección ocular y croquis del lugar para cotejar con los dichos de los testigos que tiene la causa.Para ese entonces sabían que las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) habían secuestrado marihuana, armas blancas y celulares en los pabellones de internos.El procedimiento, al parecer, hasta habría motivado la reacción del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia porque la población carcelaria fue obligada a formar en plena noche y en condiciones inhumanas.Además, superaba ampliamente en número a los guardiacárceles, una circunstancia irregular a todas luces, al menos de acuerdo con lo que establece el manual de procedimientos.Todos estos elementos ya están en manos del Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, que subroga por el momento el juez penal de Puerto Iguazú, Juan Pablo Fernández Rissi.Justamente, la Justicia continuó ayer con la ronda de recepción de testimonios a los distintos testigos que posee la causa.En este sentido, trascendió que varios de ellos habrían sido amenazados de muerte o recibido presiones para que no testimoniaran en sede judicial.Al parecer, uno hasta habría dado la identidad de la persona que intenta hacer caer la investigación.Ya desatado el escándalo, el Servicio Penitenciario Provincial decidió relevar a la cúpula de la UP III, aunque no quedó claro si se trató de un premio o un castigo.El director, subdirector y el tercero en escala jerárquica fueron trasladados al Instituto de Formación Superior Penitenciaria (Infosip).Nada más controversial: allí se encargarán de la formación ético-profesional de los futuros cuadros penitenciarios.Lo más insólito aún es que, al menos quien se desempeñó como director de la UP III, habría presentado certificado médico y desistido de concurrir al Infosip.Optó, al parecer, por quedarse en Eldorado, donde tendría domicilio permanente.Fuentes judiciales ya adelantaron que sería citado a declarar en las próximas semanas.Los investigadores no descartan que la causa pudiera extenderse a otros cuadros del SPP, aunque por el momento deja de ser una posibilidad. Sólo para presos vip: las carpas del amorEl caso saltó a la luz en abril pasado, cuando la esposa de un interno denunció las gravísimas irregularidades que ocurrían dentro del penal de Eldorado, en simultáneo con un penitenciario que se habría hartado de tanta corrupción.Tras la presentación en el Juzgado de Instrucción 2, la Justicia ordenó allanar la prisión. Los investigadores efectuaron una inspección ocular y un croquis del lugar para cotejar con los dichos de los testigos.El resultado de ese trabajo ya está en manos del juez Juan Pablo Fernández Rissi, quien subroga el juzgado que interviene en la pesquisa.Uno de los objetivos era determinar si aún estaban montadas las carpas en que los reclusos mantenían encuentros íntimos, una circunstancia que ahora queda en claro a partir de las fotos publicadas por este diario. Pagaba por estar en la Enfermería y no en un pabellón comúnLa Justicia podría acceder en las próximas horas a una grabación en la que la esposa de un detenido contaría detalles del dinero que pagaba en la UP III para que su marido permaneciera en el sector de Enfermería y no fuera trasladado a un pabellón común, con los otros presidiarios, porque tenía temor de que lo agredieran o vejaran.Ese hombre no sería otro que uno de los detenidos por su presunta vinculación con el crimen del remisero Miguel Ángel Rojas, cuyo cuerpo apareció el 29 de diciembre pasado atado a un árbol en una zona inhóspita de Colonia Mado.Al parecer, su acomodada situación económica le permitía acceder a ese beneficio.Pero no sería el único interno que sacaba provecho de su billetera. En la agenda de sospechosos aparecerían al menos dos condenados por delitos de índole sexual. Uno recientemente, según pudo averiguar este diario.El descontrol en la cárcel, supuestamente de mayor seguridad de la provincia, llegó al extremo de que en una requisa se secuestró una planta de marihuana.Otra arista curiosa es que parte de los internos hasta podía acceder a Internet y habría subido fotos a facebook, atentando contra todos los códigos de seguridad del penal.
Discussion about this post