PUERTO IGUAZÚ. Los familiares de Hernán Céspedes, el joven detenido y acusado de matar a la joven Liani Itatí Piñeiro, que apareció ahorcado en una celda de la sección Resguardo y Custodia de la UR V, pidieron ayer el apartamiento del juez Juan Pablo Fernández Rissi.El magistrado investiga las circunstancias del deceso del muchacho de 18 años, que al momento del trágico episodio estaba más que comprometido en la causa. Incluso, con pruebas de ADN en su contra.No obstante, su implicancia en el tremendo homicidio no justificia la impericia o negligencia de parte de quienes tenían la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo.Fue lamentable porque el caso estaba prácticamente esclarecido.Al parecer, el planteo ingresó ayer al Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, aunque no habría sido analizado por el magistrado porque se encontraba en Eldorado, donde subroga el Instrucción 2.El planteo se produjo a horas de la manifestación en la que el propio juez fue agredido verbal y hasta físicamente por un sector de los concurrentes que se encolumnaron hasta las puertas de su juzgado, el lunes pasado, en horas de la mañana.El primer aniversario del crimen del joven Jordi Díaz fue la excusa para que un grupo de violentos, que nada tenía que ver con el dolor de aquellos que solamente piden justicia a los culpables, arremetiera contra el magistrado.Cualquiera puede coincidir o no con el desempeño de un juez, con o sin razón, llámese Fernández Rissi o Raúl Zaffaroni, pero la violencia no es el camino ni la manera de manifestar esa discrepancia.Y la Justicia, como ningún otro órgano, establece claros lineamientos para ello.La agresión violenta a un juez constituye, en cierto modo, un ataque a la institución y el mismísimo Superior Tribunal de Justicia (STJ) debería expedirse al respecto.




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