SAN IGNACIO. Los padres tienen derecho a elegir la escuela a la que enviarán a sus hijos. Podrán buscar una educación laica o religiosa, pues esta libertad está consagrada por la Carta Magna del país. Pero el ejercicio de este derecho sobre el que nadie discute se hace difícil y a veces imposible en algunos pequeños pueblos y comunidades aborígenes. Esta es la base del conflicto de la comunidad mbya guaraní Katupyry que, una semana antes del inicio del actual ciclo lectivo, anunció que no inscribirán más a sus hijos en el colegio de gestión privada “Ñu Pora” (dependiente del Obispado de Posadas) que está emplazado dentro de la aldea. Las 40 familias de Katupyry, a través del cacique Antonio Morínigo, expresaron su voluntad de tener una escuela pública, donde no se enseñe ninguna religión. En una nota que contó con la adhesión del intendente de la localidad, Juan Esteban Romero, el cacique de Katupyry solicitó al Consejo General de Educación (CGE) la creación de una escuela pública y el pase de las tres docentes que dependen del Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (Spepm) al plantel del CGE. Aprender día a día Las clases comenzaron más allá del conflicto pues, los cinco auxiliares indígenas y las tres maestras del colegio religioso prestaron diariamente este servicio. Incluso, durante todo marzo, las maestras enseñaban por la mañana y regresaban a la tarde para cumplir su antiguo horario de trabajo. Después, el representante legal de la institución, Hugo Castro, aceptó cambiarles de horario. El pedido de la comunidad mbya, la creación de una escuela pública, no está basado en conflictos de relaciones, pues existe una excelente comunicación entre el representante legal y las familias. Lo mismo ocurre con las maestras, a quienes la comunidad respetan y quieren. PRIMERA EDICIÓN visitó en abril Katupyry y confirmó los buenos vínculos entre las docentes y las familias guaraníes. Por esos días, los chicos tenían clases bajo el quincho comunitario y el edificio donde funcionaba el colegio privado (que fue donado por un fundación alemana a la comunidad mbya) permanecía cerrado. “Estamos bajo el quincho comunitario para no mezclar las cosas, nos pareció que es lo que debíamos hacer”, explicó en ese momento el cacique. Recién cuando comenzaron los días más frescos y las lluvias, las clases volvieron a dictarse dentro del edificio escolar. El anuncio tan esperado En abril, el presidente del CGE, Adolfo Safrán, se comunicó con el cacique de Katupyry y acordaron una audiencia. En ese encuentro, que tuvo lugar el 18 de abril, y en el que participaron además de Safrán y Morínigo el jefe de Gabinete Educativo, Alberto Galarza; el ex cacique de la comunidad Vicente Acosta; los auxiliares docentes Marta Benítez y Marcelo Duarte; y el director de la Escuela 1390 Aníbal Ríos; se firmó un acta donde consta la decisión de que a partir del primer día de junio comience a funcionar la escuela pública en esa aldea. La comunidad de Katupyry recibió la noticia con felicidad. El cacique visitó casa por casa, familia por familia para contar la buena nueva. Pero la alegría duró solo unos días porque el Obispado no quiere cerrar la institución educativa y pidió al Spepm que intercediera ante el CGE y la comunidad guaraní. Así, cuando el conflicto por fin parecía resuelto y el CGE anunció el funcionamiento de la escuela pública a partir del primer día de junio, el Obispado demostró su intención de no ceder ante el pedido del pueblo guaraní y pidió -a través del Spepm- que reconsideren la situación. Dieron por terminado el diálogo Al día seguiente de la reunión con Safrán, el cacique informó a las docentes y al representante legal de Ñu Pora sobre las novedades y este último se comprometió a notificar sobre la situación al Obispado para poder organizar el cierre de la escuela. El lunes 22 de abril, el representante legal anunció que al día siguiente visitarían la escuela representantes del Spepm y del Obispado.En esa reunión en la que participaron también los docentes y padres, los representantes del Spepm y del Obispado volvieron a insistir en los motivos del cierre y presentaron una contrapropuesta a la comunidad: que ellos elijan al director de la escuelita. Pero las familias de Katupyry, a través de su cacique, ratificaron que la decisión estaba tomada y que querían que la escuela sea pública. Además, el cacique entregó al supervisor del Spepm, Roberto Britez, un documento que este leyó en voz alta y, al finalizar, aseguró ante todos los presentes que “ya está todo dicho, ya no tenemos nada más que hacer acá” y dirigiéndose al representante legal de la institución le dijo que procediera a realizar los trámites correspondientes ante la patronal para el cierre de la escuela.Pero en vez de eso, este 3 de mayo se le notificó a la comunidad mbya de una audiencia conciliatoria entre las partes, en el CGE, para el día 7. En esa oportunidad, los representantes de Katupyry leyeron el acta de la última reunión con la gente del Spepm y del Obispado; después se limitaron a escuchar manteniéndose en su postura. El Spepm pidió una nueva audiencia conciliatoria para el 11 de mayo, pero la comunidad aborigen decidió no asistir por considerar que estaba todo dicho e intimó al Spepm a tramitar el cierre de la escuela privada en un término de 48 horas. Ese plazo se cumplió el martes 14 pasado y desde entonces -como medida de fuerza- ninguna de las familias de la aldea envía a sus hijos a la escuela.
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