POSADAS. Mientras avanzan en el Congreso nacional los proyectos de reforma de la Justicia argentina (podrían ser tratados en sesión la semana que viene), más voces provenientes del sector del derecho, se suman al rechazo explícito a las propuestas presentadas por el Ejecutivo nacional.La ex ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y reconocida docente universitaria Marta Catella opinó sobre la elección popular -mediante la participación en listas partidarias- de Consejeros del Consejo de la Magistratura nacional. Dicho Consejo es el órgano que selecciona y hasta sanciona a magistrados federales. El mencionado, es apenas uno de los aspectos que conforman el proyecto de “democratización de la Justicia”, tal como lo denominó el oficialismo. Pero no resulta menor, cuando se reclama el derecho ciudadano a ser juzgado por un juez imparcial. En ese sentido, la ex magistrada del STJ misionero, apeló a códigos de ética internacionales que muestran claramente la contradicción del Gobierno con las propuestas presentadas en el Congreso, en materia de independencia judicial.Prohibición política partidariaPara Catella, “el artículo 4 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial es suficientemente claro respecto a la prohibición ética de todo acto de participación política partidaria para los magistrados judiciales”, y fundamentó el rechazo al proyecto de reforma sobre elección de integrantes del Consejo de la Magistratura por sufragio universal, al considerar que “constitucionalmente implica ser propuesto por partidos políticos. La independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria”, resaltó. Catella destacó que “esta prohibición se encuentra dispuesta en todos los Códigos de Ética del mundo en resguardo de la independencia judicial”.Asimismo, recordó que el artículo 1 del mismo Código “muestra la importancia de la independencia judicial cuando indica que ‘las instituciones que en el marco del Estado Constitucional garantizan la independencia judicial, no están dirigidas a situar al juez en una situación de privilegio. La razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados, con parámetros jurídicos como forma de evitar la arbitrariedad y salvaguardar los derechos fundamentales’”.“Este derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial se encuentra expresamente regulado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregó Marta Catella en diálogo con este diario.Claro avasallamientoConsideró: “Resulta claro, entonces, que la reforma implica un avasallamiento de la independencia judicial, al derecho de las personas a ser juzgado por un juez independiente e imparcial regulado en tratados de derechos humanos”.Para la jurista, “el control del oficialismo de turno, se ve reforzado en el proyecto que propone dejan sin efecto la mayoría especial”. Y agregó que “lejos de democratizar la Justicia, la reforma implica una violación de la democracia constitucional y de los códigos de ética de los jueces”.“Qué paradoja: a quien le está vedado éticamente toda participación política – partidaria, para garantizar derechos de los ciudadanos- sería seleccionado y destituido por la mayoría simple elegida a través de participación en partidos políticos. Los derechos y garantías de los ciudadanos están en peligro, la corrupción y la impunidad quedarían bajo un manto protector”, advirtió finalmente.
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