ELDORADO. Drogas, armas blancas, celulares y hasta salidas de reclusos al exterior del penal sin autorización judicial forman parte de las gravísimas irregularidades que fueron detectadas en la prisión de Eldorado, que motivaron como primera medida el relevo de la cúpula penitenciaria de la Unidad Penal III, confirmaron fuentes de la investigación a este diario.El caso saltó a la luz mediante la denuncia efectuada por la esposa de un interno en la fiscalía del Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado y ahora amenaza con transformarse en un escándalo.Ante el cúmulo de evidencias respecto de esas graves irregularidades, las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), con el alcaide general Miguel Ángel Maidana a la cabeza, y el mismísimo Ministerio de Gobierno decidieron apartar de sus cargos a los máximos referentes del presidio del Alto Paraná.Es más, ni bien trascendió la denuncia el SPP intervino en el caso y ordenó la requisa sorpresiva de la cárcel, pabellón por pabellón.Las pruebas quedaron a la vista. Se secuestraron 200 gramos de marihuana, que pese a la exigua cantidad confirma el ingreso de droga; teléfonos celulares, cuchillos y “facas” (armas blancas de fabricación casera).La Justicia quiere saber cómo ingresaron el estupefaciente y los otros elementos a la prisión. Sin dudas, hay indicios para sostener que al menos una parte del personal facilitó la maniobra. Habría que ver la manera y los involucrados.Es complejo imaginar, y menos sostener, que una maniobra ilegal de esta magnitud pueda mantenerse en el tiempo sin que trascienda a las más altas esferas de la Unidad Penal.Por esta razón, para darle total transparencia a la investigación, se dispuso el alejamiento de la cúpula penitenciaria de la UP III.Lo más curioso es que la causa trascendió merced a la denuncia de la esposa de un interno y no por iniciativa de los guardiacárceles de Eldorado. Eso suma una dosis significativa de suspicacia al contexto de una pesquisa que ya está en manos de la Justicia ordinaria.¿Pudo ocurrir que ese tipo de irregularidades no llegaran a oídos de las más altas autoridades carcelarias? Aunque fuere difícil de creer, será la Justicia la encargada de decirlo.De arranque resulta positivo que el SPP haya ordenado una profunda investigación interna para deslindar responsabilidades y que si las hubiere, que los implicados respondan por sus actos, administrativa y judicialmente.Ojalá también que esos nuevos vientos de transparencia se mantengan a cielo abierto y perduren en el tiempo, hasta las últimas consecuencias.La causa está radicada en el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, a cargo por subrogación legal del magistrado Juan Pablo Fernández Rissi. Salían internos que no estaban en condicionesTodo parece indicar que la situación estaba fuera de control en la Unidad Penal III. La Justicia indaga en los libros de guardia y novedades ante la denuncia de que las autoridades permitían la salida de convictos afuera del Penal sin la correspondiente autorización judicial.El dato no es menor; más bien de una gravedad significativa. Es más, trasciende el límite de los nombres/hombres y se transforma en una irregularidad a nivel institucional.La explicación que se brindó al respecto es que eran salidas con custodia penitenciaria, para tareas comunitarias como el arreglo de plazas, reparación de espacios públicos y la pintura de escuelas.Pero ese programa es para reclusos que estén en condiciones legales de hacerlo, que han cumplido con cada una de las etapas de evaluación y seguimiento del Servicio Penitenciario Provincial (cumplimiento de la condena, conducta y comportamiento). En ese contexto, ya no irregular sino ilegal, la gran pregunta radica en un aspecto: quién se hubiera hecho responsable si alguno de esos reclusos hubiera aprovechado un descuido de los custodios y escapado. Y peor aún, si en plena huida hubiera robado, matado o violado.Una situación demasiado grave como para pasarla por alto.Además de los mencionados requisitos, que tienen estrecha relación con los informes que efectúan los profesionales en psicología y psiquiatría del SPP, se necesita una autorización judicial para que los reos vuelvan a las calles. No es el alcaide en jefe de turno de la Unidad Penal quien lo decide, por motus propio y en forma unilateral.
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