PUENTE ALTO Y LA COLORADA, San Pedro. Pasaron 17 días desde que unas 100 familias fueron desalojadas violentamente en estos dos parajes. 17 días en los cuales unas 42 familias debieron instalarse con sus hijitos a la vera de la ruta provincial 17. Tras dos semanas de vivir a la intemperie, cortar la ruta y ser apoyados por unas 19 organizaciones sociales y partidos políticos, tanto el municipio como la Provincia acercaron dos propuestas para buscarle una salida al conflicto. La primera la acercó el intendente local Miguel Ángel Dos Santos, quien el día martes les ofreció un lote de 20 o 25 hectáreas para la totalidad de las familias (lo que da menos de una hectárea por familia) con una casita del Iprodha. Esta propuesta fue rechazada de plano por las familias quienes no quieren vivir en un barrio y del asistencialismo sino que pretenden seguir trabajando y produciendo la tierra (como lo hicieron durante toda su vida), y en un predio de esas dimensiones sería imposible.La segunda propuesta, que es la que posiblemente destrabe el conflicto, fue consensuada y transmitida en conjunto por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y miembros del equipo del ministro coordinador de gabinete de Misiones, quienes se acercaron hasta la ruta 17 y le plantearon a las familias que busquen ellos mismos los lotes donde ser reubicados y los gobiernos nacional y provincial se harían cargo de la compra de los mismos y de la relocalización. Esta oferta cayó bien las familias y ya se encuentran a la búsqueda de tierras.ComunicadoCabe destacar que de estas familias el que menos tiempo vivió en esas tierras de las cuales fueron desalojados fueron cinco años. El grupo de delegados que la semana pasada se reunió con funcionarios provinciales indicaron a este diario que muchos de ellos hace años compraron en ese espacio las mejoras a otros productores que vivían allí. Además, estas familias afirmaron desde un primer momento que repudiaban “forma violenta en la que fueron desalojados” y el haber sido privados de salvaguardar sus pertenencias, sus animales y sacar sus cosechas. Esta aclaración es válida para indicar que desde la Provincia enviaron un comunicado de prensa ayer el cual dice, entre otras cosas: “Asumiendo la responsabilidad que por la situación de estas ciudadanas y ciudadanos argentinos le compete, el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Pedro les han propuesto ubicarlas en predios adquiridos con fondos de Rentas Generales asignando una superficie aproximada de dos hectáreas a cada una de las que efectivamente vivían en el área desalojada, con una especial asistencia para la construcción de sus viviendas hasta que su asentamiento definitivo se concrete como así también una vivienda en forma inmediata para la familia que tiene uno de sus integrantes con discapacidad. La propuesta que fue presentada por el señor intendente de San Pedro el día de ayer, martes 23 de abril, ha sido rechazada.En virtud de ello, en el día de la fecha la misma propuesta será notificada por escrito.Quiénes han cometido un delito, violando el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional y Provincial, no pueden exigir ni imponer condiciones para obtener una solución, mucho menos que se adquieran tierras a otros intrusos. Entendemos que existe una necesidad social pero queda claro que detrás de esta necesidad hay quienes quieren hacer negocios vendiendo lo que intrusaron.Se propuso una solución razonable con visión social: no es posible resolver cuestiones sociales pretendiendo resolver la situación económica de cada involucrado asignándoles chacra de 25 hectáreas a cada una. Desde hace décadas miles de familias de agricultores y colonos misioneros, con esfuerzo y dedicación trabajan sus pequeñas unidades productivas en paz y respetando las leyes”. Ratificación de corte de rutasPor su parte, desde las organizaciones sociales que estuvieron junto a estas familias en la ruta 17 la semana pasada informaron que “organizaciones sociales y campesinas ratifican cortes de ruta simultáneos en solidaridad de campesinos desalojados. La medida será este viernes y fue consensuada el pasado jueves en una asamblea intersectorial realizada en la ruta provincial 17”. Exigen la restitución y reparación inmediata de los daños; la aplicación efectiva de la Ley de Arraigo y Colonización; y el respeto de los Derechos Humanos de todas estas familias.Agregan que “las organizaciones que luchan por la tierra para quienes la trabajan, solidarios con los desalojados y reprimidos en Puente Alto y Las Coloradas, ratifican las medidas de movilización y corte de rutas 17,12 y 14 simultáneamente consensuados por más de 19 organizaciones el jueves pasado en Mondorí ante la falta de propuestas dignas y urgentes para resolver el problema de las familias desalojadas”. Exigen se proceda a aplicación efectiva de la Ley 4093 de “Arraigo y Colonización” como forma de garantizar la función social de la tierra que manda el artículo 30 de la Constitución Provincial; respetar la plena vigencia de los Derechos Humanos en lugar de la violación como fue la brutal represión”. Invitaron a todas las organizaciones a participar hoy en Mondorí a las 9 de una asamblea junto a las familias desalojadas para decidir los pasos a seguir.
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