POSADAS. De los habituales cortes de ruta, los adjudicatarios autoconvocados del Iprodha contra el cuotazo pasaron a una mateada en la plaza 9 de Julio, frente a la Rosadita. Fue ayer por la mañana, ante la presencia de medio centenar de personas que representaban a vecinos de Garupá y la capital provincial.Portaron numerosos carteles de identificación de los barrios y duras consignas contra la suba de las cuotas de las viviendas sociales que construye el Estado. Representantes sumaron apoyos de otros vecinos de barrios donde las cuotas subieron fuerte en febrero pasado. Intercambiaron además información respecto de los incrementos registrados. Sin embargo, nadie los atendió desde la Gobernación, razón por la cual se trasladaron luego hacia la sede del Iprodha en avenida Roque Pérez. En el organismo de la obra pública los recibió José Bonorino (vicepresidente), ante la ausencia de Santiago Ros. Pero, en medio de excusas, dijo que nada podía decir ni comprometerse.Sin respuestas, otra vez, los autoconvocados volverán a encontrarse el próximo viernes, en el acceso al barrio Santa Helena, de Garupá, para una nueva asamblea.“Inmobiliaria del Estado”Elsa Alegre de Duré, ex presidente del Concejo Deliberante de Garupá, fue una de las que se manifestó en la plaza. “Estamos con mucha fortaleza, porque hoy los vecinos autoconvocados de Garupá hace dos meses que estamos organizados. Hemos llegado a distintos barrios de Posadas. La gente donde vamos muestra indignación. Estuvimos en Candelaria, Miguel Lanús, nos llamaron de Iguazú, lo que significa que hay un llamado firme a las autoridades que al aumentazo que estamos sufriendo no podemos hacerle frente. No porque queremos que nos regalen la casa, es imposible pagar porque hay barrios con un 200% de aumento en un año. Y los sueldos no aumentaron con esos porcentajes”, aseguró.Resaltó que hay casos de “empleados estatales que están con 2 mil pesos de sueldo y no pueden pagar una cuota de la casa de mil. Es algo incoherente”, opinó Alegre.“El Iprodha perdió lo que significaba su creación: construir viviendas sociales. Hoy se convirtió en una inmobiliaria del Estado y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, dijo a PRIMERA EDICIÓN.En Garupá, el barrio 100 Viviendas tenía “una cuota de algo más de 400 pesos y hoy está superando los 970. En un año se dio el incremento. Sabemos que es anticonstitucional porque no se puede aplicar ese aumento porque al Estado se le ocurre. Es un disparate”, afirmó. Finalmente, reveló que se enviaron a la Nación unas mil firmas contra la suba. “De las notas que presentamos, a la fecha no fuimos convocados por nadie. Entonces, lamentamos muchísimo, pero deberemos pasar a los legal, con un recurso colectivo y haríamos depósitos judiciales de las cuotas. Queremos pagarlas y luego que el juez determine”, aseguró.“Una barbaridad”Por su parte, Beatriz Sosa, vecina del barrio 90 Viviendas, en Cocomarola, contó a este diario que la cuota de las viviendas que ocupan pasó de 390 a 688 pesos. “Es una barbaridad, una injusticia total, no podemos estar pagando eso. No puede ser que nos sigan sacando la comida de nuestros chicos”, afirmó.Al igual que muchos otros vecinos de barrios del Iprodha, Beatriz aseguró que su casa muestra serios deterioros. “Tuve problemas con rajaduras. En las habitaciones se levantó todo el piso, hace un año también se me levantó en la cocina, la sala y todavía no me terminaron el trabajo”, relató la vecina.En Cocomarola Oeste hay unas noventa viviendas entregadas hace tres años. “Hicimos reclamos en el Iprodha, pero nadie te da respuesta, te ignoran, te guardan las notas”, afirmó. “Nunca pensamos que esto iba a ocurrir. Pensamos en una cuota fija”, explicó.
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