BUENOS AIRES (NA-Medios Digitales). Finalmente, el paquete de leyes que envió el Poder Ejecutivo en el marco de su plan para “democratizar la Justicia” no tendrá sanción definitiva esta semana, como pretendía el oficialismo. La presidente Cristina Kirchner recibió el lunes a un grupo de diputados y habilitó que se practiquen modificaciones, al parecer motivadas por la preocupación manifestada por una entidad que nuclea a jueces y acercada a la Casa Rosada por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Al cabo de una jornada marcada por las observaciones y críticas de distintas organizaciones ligadas al Poder Judicial, los diputados del Frente para la Victoria dieron dictamen en mayoría al proyecto que refiere a la conformación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, uno de los que más resistencias había generado, aunque con modificaciones. Luego de una efusiva defensa de las medidas impulsadas por el Gobierno realizadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de la cartera, Julián Álvarez, la presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti, comunicó los cambios.Conti dijo entonces que el dictamen contiene cambios en distintos aspectos del proyecto, sobre todo en aquel que quitaba la administración presupuestaria al máximo tribunal y lo otorgaba al Consejo de la Magistratura.De hecho, muchos de los artículos que se modificaron y eliminaron no hicieron sino restar una serie de atribuciones que el Poder Ejecutivo pretendía darle a ese cuerpo, y devolverlos en algunos casos a la Corte. Entre ellas figuró aquella que permitirá a los jueces designar a sus secretarios y funcionarios de jerarquía, un pedido que habían hecho los magistrados en el documento que dieron a conocer. Además del manejo de recursos, fijó funciones de contralor al Consejo en distintos puntos y limitó otras que había endilgado. Los cambios obligarán a que ese texto vuelva al Senado, donde ya había sido aprobado. En el SenadoEl oficialismo firmó en el Senado los dictámenes para dos de los tres proyectos de reforma judicial y postergó el de “ingreso igualitario” al Poder Judicial para el próximo martes, tras hacerle una serie de modificaciones.En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Legislación General, el oficialismo decidió modificar el proyecto que establece el ingreso por concurso al Poder Judicial y postergar la firma de su dictamen para el próximo martes.En cambio, les dio dictamen a las iniciativas que plantean la publicación en Internet de las decisiones judiciales y de las declaraciones juradas de todos los jueces y funcionarios públicos, aunque no será tratadas la semana próxima en el recinto porque el miércoles es feriado.La intención del oficialismo es que el próximo martes el plenario de comisiones trate el proyecto de “ingreso igualitario” al Poder Judicial conjuntamente con el de reforma del Consejo de la Magistratura, que en caso de ser aprobado por Diputados con modificaciones este miércoles, volverá al Senado para su ratificación.Así, la Cámara alta recién podría convertir en ley el 8 de mayo los dos proyectos de publicación de las decisiones judiciales y de las declaraciones juradas más la reforma del Consejo de la Magistratura, mientras que el de “ingreso igualitario” regresaría a Diputados para ser tratado en la semana del 15.Las modificaciones a esta última iniciativa consisten especialmente en reemplazar aquellos párrafos que le daban atribuciones al Consejo de la Magistratura por otros que le otorguen esas atribuciones a la Corte Suprema de Justicia.Por ejemplo, el artículo 10 del proyecto establecía que “los concursos para el ingreso al Poder Judicial de la Nación se deben realizar en el Consejo de la Magistratura” y ahora dice “en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.Otra modificación similar se le hizo al artículo 11, que señala que “en cada caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos”.Uno de los senadores de la oposición que reparó en esto fue el radical Ernesto Sanz, quien sostuvo que estas modificaciones “cambian el eje de la reforma” porque “se elimina la intervención del Consejo de la Magistratura en todo el proceso de regulación de concursos”.El presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que “se buscó un punto de equilibrio entre el Consejo y la Corte”.Los cambios están en línea con los que las comisiones de Diputados le realizaron a la reforma del Consejo de la Magistratura. “Hubo un pacto entre Lorenzetti y Cristina”La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) denunció un “pacto” entre el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y la presidenta Cristina Kirchner tras conocer las modificaciones en la reforma judicial, que el oficialismo le concedió a la Justicia luego de una carta de los magistrados.“Esto no me lo imaginé de (el ex presidente Carlos) Menem ¿Qué le pasó a esta mujer?”, se preguntó Carrió en alusión a Cristina Kirchner. Y lanzó: “Les está haciendo votar a ustedes lo que ella jamás hubiera votado. Esto es obediencia debida”. Fue allí cuando aludió a un “pacto” entre los poderes del Estado. “Hoy cuando vi la carta de los jueces, me quedó claro: Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte Suprema y la Presidenta de la República Argentina”, denunció Carrió.Y se extendió: “¿Qué es lo que retiene el Poder Judicial, qué es lo que le da el Gobierno? Lo que le da es el manejo del dinero, del presupuesto y del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución. Le dan todo. Es un acuerdo espurio de punta y punta”.¿Qué le va a dar Lorenzetti a la Presidenta? ¿Le dará un fallo favorable en la ley de medios, le dará rechazar los juicios por el cepo cambiario?, se preguntó luego.“Están rompiendo el orden constitucional”, dijo a los diputados K. La carta que llegó desde la Corte SupremaLa carta que la Corte Suprema de Justicia envió a la presidenta Cristina Kirchner contiene críticas sobre la reforma judicial, en particular a lo que refiere al Consejo de la Magistratura, y advierte del riesg
o de una “paralización del Poder Judicial”.Se trata de una carta que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y de Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales del país, Gustavo Hornos, remitió al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien a su vez la volvió a girar a la Casa Rosada.“Este cuerpo debe hacer referencia en estos días a la preocupación que nos provocan las reformas legislativas propuestas en cuanto disponen el traspaso de las facultades técnico-administrativas de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación al ámbito del Consejo de la Magistratura, órgano que, de aprobarse el proyecto, será el encargado de fijar la política salarial, disponer la asignación de contratos a tribunales que lo requieren, designar magistrados subrogantes y ejecutar el presupuesto de este Poder del Estado”, indicó la carta.Remarcó que el Consejo de la Magistratura “posee una estructura típicamente parlamentaria alejada de la agilidad y celeridad” que se requiere, por lo que “de concretarse la reforma propuesta se produciría una paralización del Poder Judicial”.El contenido de la nota fue evaluado el lunes por la noche en la Casa Rosada y motivó que la presidenta Kirchner pidiera modificaciones en el proyecto de reforma del Consejo, que de aprobarse este miércoles en la Cámara baja deberá volver al Senado para su ratificación.En la misiva, además, los magistrados también manifestaron “diferencias” respecto de la propuesta de modificar el sistema de selección de empleados, al cuestionar el método de sorteo propuesto por la Presidenta para cubrir las vacantes.“La convocatoria a concurso implicará la inscripción de una gran cantidad de ciudadanos deseosos de incorporarse al Poder Judicial”, señalaron y, agregaron que “en ese contexto, las vacantes que se produzcan en los distintos tribunales, llevarían años en cubrirse, generando numerosos inconvenientes en la labor jurisdiccional y administrativa de los órganos judiciales”.“Es necesario que un porcentaje de las designaciones sea efectuado directamente por los magistrados, resultando indispensable la absoluta confianza entre el magistrado y sus colaboradores”, apuntó.
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