POSADAS. A la causa judicial que se tramita en esta ciudad para determinar la validez del contrato de concesión del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Oberá, “la Municipalidad de esta ciudad excedió sus atribuciones al pretender extender la concesión por un plazo legal mayor al permitido por las ordenanzas vigentes, por lo que es “impostergable un nuevo llamado a licitación en forma urgente”. Lo aseguró el convencional constituyente obereño Rafael Pereyra Pigerl al señalar que más allá de la investigación penal, “el plazo para renovar concesiones es de solo diez años, ya vencidos, por lo que la Municipalidad deberá llamar a una nueva licitación en forma inmediata”.“El intendente tiene plazos legales para suscribir válidamente un contrato de concesión del servicio público y ese plazo se venció ya que el contrato otorgado a la Empresa Capital del Monte data del año 1993”, dijo el funcionario.Señaló que hay que remitirse a los alcances de la ordenanza 29/93 la cual “en forma expresa determina en su artículo 6 que la explotación de los servicios “se acordará a la adjudicataria solo por un plazo desde un mínimo de tres años hasta un máximo de diez años, renovables a su vencimiento por igual plazo, salvo que la Municipalidad determine que no es conveniente a los intereses de los usurarios la prosecución de los servicios, o si estos no fueran prestados eficientemente por la adjudicataria. En todos los casos serán intransferibles total o parcialmente”, recordó Pereyra Pigerl. Agregó que esa ordenanza perduró vigente hasta el dictado de la ordenanza 2036, de noviembre de 2011.“El municipio y el Concejo, en vez de iniciar una acción Declarativa de Certeza que se contrapone con el orden jurídico municipal, debería seguir adelante el llamado a licitación”, dijo.
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