POSADAS. Tras cuatro días del violento desalojo de más de cien familias en los parajes Puente Alto y La Colorada, en la localidad de San Pedro, los productores aún siguen apostados a la vera de la ruta provincial 17, pidiendo soluciones para su situación, ya que no sólo se quedaron sin sus chacras, el trabajo de toda una vida, sino que también sin sus pertenencias, sin su producción y sin un techo para los más de 400 niños que también están en la calle junto a sus padres. Sin recibir respuestas del Estado provincial, ni municipal, ya que nadie se acercó a dialogar con ellos después de que más de 300 policías ingresaran a lo que eran sus hogares, tiraran sus cosas, quemaran otras (según lo que denunciaron) y terminaran con un desalojo violento. En medio de este contexto, en el cual se mezcla una orden judicial de desalojo por invasión de propiedad privada con la desesperación y la situación en la que quedaron más de cien familias agricultoras misioneras, PRIMERA EDICIÓN dialogó en forma exclusiva con Ramiro Fresneda, abogado y funcionario de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, quien explicó que hace un mes la dependencia que dirige Emilio Pérsico, le envió una nota al intendente de la localidad de San Pedro (“un escrito que firmé yo”, aclaró) en la cual manifestábamos que estábamos “muy preocupados por la actual situación y haremos todo lo que esté a nuestro alcance desde nuestra Subsecretaría para buscar soluciones estructurales a partir de la conformación de una mesa de diálogo entre Nación, Provincia y organizaciones del sector. Hemos iniciado diálogo institucional a fin de llegar a un Acuerdo Nación-Provincia para abordar de manera conjunta la problemáticas de tenencia de la tierra, saneamiento de títulos, arraigo y elaboración de una propuesta sustentable desde lo productivo, social y ambiental que permita a los agricultores familiares desalojados acceder a sus derechos elementales tales como la vivienda digna, la tierra y la posibilidad de producir dignamente”. Esta nota fue enviada el 4 de marzo, un mes antes de los desalojos y en vista de que se había firmado un acta acuerdo para buscar una solución a esta problemática. Violación de los derechos humanosEl abogado y funcionario nacional dijo a este diario que concretamente con esta situación de las familias desalojadas y sin un lugar donde quedarse con sus hijos “nos parece una situación muy grave, tenemos la íntima convicción que el desalojo violento de familias de pequeños agricultores familiares es una violación a los derechos humanos, y que los estados, tanto provincial como nacional, tenemos que trabajar fuertemente para evitar estas situaciones tal cual como lo expresan nuestra Constitución y nuestras leyes. Nosotros creemos que hay que trabajar en los postulados de mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores y permitiendo el acceso seguro a la tierra desde la parte activa de la función social dentro del marco del estado de derecho”. Además dijo que en vista de lo sucedido el lunes, desde la Subsecretaría de Agricultura familiar de la Nación “ya hemos iniciado un diálogo con el Estado provincial de Misiones para plantear esta cuestión formalmente y constituir una mesa de diálogo entre Nación, Provincia y las organizaciones del sector para buscar soluciones alternativas de acceso a la tierra como cuestiones de mediano plazo y como cuestiones de inmediato y urgente ver si le pueden garantizar los derechos básicos a las familias que han sido desalojadas”.También contó que en el Gobierno nacional “estamos muy preocupados y estamos viendo la posibilidad de viajar. Ayer (por el miércoles) hemos tenido una reunión con gente del Estado provincial, con el jefe de Gabinete de la provincia, porque la situación es muy dolorosa y nos preocupa mucho y vamos a activar todos los mecanismos institucionales desde el respeto de la competencia provincial y vamos a trabajar desde Subsecretaría de Agricultura Familiar, a cargo de Emilio Pérsico, para también buscar criterios ecuánimes, hay que buscar equilibrio”. Además, habló sobre la decisión judicial del desalojo y dijo que “tenemos entendido que hubo un juez que ha ordenado el desalojo, y nos parece que muchas veces los jueces únicamente tienen una mirada limitada y centrada a la defensa de la propiedad privada, pero también tienen que ver y tener en cuenta la función social de la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación que tienen estas familias tal cual como lo establecen los pactos internacionales así que creemos que el poder judicial también tiene responsabilidad en la materia”. De todos modos aclaró que no es la intención “inmiscuirse” en las decisiones del Poder Judicial. Las familias continúan sobre la ruta 17 y los colonos siguen detenidosSAN PEDRO. En medio de tanto conflicto y mientras esperan que llegue alguna solución, mujeres, niños, ancianos, hombres siguen cortando la ruta provincial 17 e instalaron carpas a la vera de la arteria provincial para resguardar a los más vulnerables. Asimismo, los más de doce colonos que fueron detenidos el lunes tras el violento desalojo de la ruta que hizo la Policía, para que levanten el corten, siguen incomunicados. Mientras esperan allí a ver qué solución tendrán y dónde podrán instalarse, el único que se presentó en el lugar fue el diputado provincial Héctor Bárbaro, quien incluso elaboró una propuesta. El legislador del PAyS estuvo presente en el piquete y luego de dialogar con los productores desalojados transmitió a este matutino la propuesta que elevarían al Gobierno provincial: “Me acerqué hasta la zona para solidarizarme con las familias desalojadas y tratar de alguna manera de construir junto a los damnificados una propuesta superadora para solucionar este conflicto, que considero grave y ejemplificador de la situación que padecen gran parte de los productores de la provincia, y digo esto refiriéndome a la tenencia de la tierra que, como todos sabemos, es una cuestión importantísima sobre la cual no se ha iniciado aún un proceso serio y ordenado de regularización de la misma”.“La propuesta que hemos elaborado junto a los productores es la de trasladar a las familias que habitaban la zona de Puente Alto, liberando ese lote, y re-ubicarlas en la zona de La Colorada, donde existe tierra suficiente como para que sean todos ubicados en unidades productivas. Si bien disminuirían las proporciones de los lotes donde habitaban y producían, permitiría un reordenamiento asegurado por el estado y darí
a solución definitiva en la zona”.Hasta anoche los productores seguían apostados sobre la ruta provincial 17 y a la vera de la misma, con sus pocas pertenencias y con la asistencia de los vecinos que llevan, solidariamente, comida y agua para pasar las jornadas.
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