POSADAS. Menos de un tercio de las ordenanzas existentes en el Municipio, desde 1954 a la fecha, sobrevivirían a la recopilación y consolidación que de ellas se hace para la elaboración del Digesto Jurídico Municipal y tendrían aún validez. En los próximos días esa tarea de codificación y ordenamiento normativo comunal concluirá su primera etapa, parte de un extenso trabajo que se prevé esté finalizado para noviembre próximo.Unas cincuenta personas (16 abogados, 26 pasantes de Abogacía y coordinadores), realizan esa labor que aún es eminentemente técnica en un local alquilado para ese destino, sobre la calle Colón, pasos de su intersección con Belgrano. Un amplio espacio acondicionado para el caso y al que se ha incorporado el más moderno sistema informático permitirá garantizar lo que se desea sea el más fiel de los trabajos posibles de consolidación normativa comunal.Comisión de redacciónEsta labor se desarrolla, en esta etapa técnica, bajo la supervisión del concejal José Raúl Moglia (FR), quien preside la Comisión de Redacción y Elaboración del Digesto Jurídico Municipal, creado por ordenanza 2.808 de abril de 2011. Este grupo de trabajo lo conforman además otros dos concejales, Carlos Báez (FR) y Hernán Damiani (UCR); está pendiente la designación de otros dos, ya que sus miembros iniciales Ana María Irrazábal y Miguel Ángel Pintos, concluyeron su mandato como ediles en diciembre de 2011.Esas nominaciones se producirían en una próxima sesión del Concejo Deliberante local, previo al inicio de una segunda etapa de análisis y compilación normativa, prevista para mayo, donde serán necesarias definiciones políticas del cuerpo normativo que, se estima en noviembre, estará concluido para su consideración por el pleno de los ediles posadeños.Lo que resta de marzo y abril será destinado a la clasificación y un tercer control de los textos copiados. Los dos primeros se realizan al momento de la informatización, uno, y el otro cuando se lo clasifica; hay un tercero, aunque éste solo se hace mediante muestreo.“Este es el primer proyecto que presenté como concejal, en febrero de 2010, a poco de asumir, y tengo la esperanza de que sea el último que logre aprobar antes de concluir mi mandato”, se esperanzó Moglia, durante una visita de PRIMERA EDICIÓN a la amplia oficina de la calle Colón. “Esperamos ponerlo a disposición de los demás concejales a principios de noviembre para que se lo sancione antes de concluir el período ordinario de sesiones; si no fuese posible, trataríamos de hacerlo en una sesión extraordinaria, antes del 10 de diciembre”.Primera etapa próxima a concluirEl trabajo realizado hasta ahora, de recopilación y digitalización, abarca un período que se inicia en 1954 y va hasta nuestros días. Sobre un estimado de 6.000 normas, ya se llevan cargadas 5.562, de las cuales 5.384 corresponde a ordenanzas y otras 178 a decretos ordenanza sancionado por el interventor municipal “de facto”, durante la última dictadura militar. Estas últimas, según explicó Moglia, cumplían un circuito que reemplaza la labor deliberativa del Concejo, por su previa aprobación a través de un decreto provincial que autorizaba al intendente municipal a promulgarlas.De este total ya digitalizado y controlado doblemente, están pendientes aún unas 300 ordenanzas de ese período y otras 202 sancionadas este año. A las que cabe sumar numerosas normas nacionales y provinciales que las complementan, llevando a un total de 5.946 los textos copiados. De ese todo, son 730 las que han sido clasificadas, según si son normas generales o transitorias, temporarias o permanentes, y de plazo u objetivos cumplidos. Estas a su vez, serán ordenadas en 17 rubros (Comercio y Promoción Industrial, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Servicios Públicos, por ejemplo) que, al igual que determinará el número conque las identificará.El trabajo realizado determinó también la necesidad de incorporar nuevos rubros a los previstos en la ordenanza 2.808 y que serán contemplados cuando se la modifique para ampliar la Comisión Redactora. Lo que deberá ocurrir antes de mayo próximo, cuando comience la segunda etapa de esta labor que será la de compilación, previo a un paso siguiente de consolidación, aunque la labor final estará a cargo del Deliberativo en pleno que debe avalar la tarea realizada. Las fuentes utilizadas y los años de atrasoLa recopilación normativa surgió de un amplio trabajo que incluyó varias fuentes de provisión de datos (el máximo escollo estuvo determinado en cómo rescatar de distintos toda la documental perdida durante el incendio del edificio municipal el 11 de enero de 1994).En esta tarea se recurrió a cuatro fuentes generales: Biblioteca del Concejo Deliberante, Biblioteca de la Cámara de Representantes de Misiones, Archivo General de la Casa de Gobierno y Archivo Histórico de la Municipalidad de Posadas. Fue a través de las normas publicadas en los Boletines Oficiales de Misiones y Posadas, copias originales de archivo y protocolo de textos definitivos de ordenanzas originales. Con estas últimas, por ejemplo, surgió uno de los problemas que fue el de conocer el proceso posterior de las normas allí contenidas (veto o promulgación y publicación) que en la mayoría de los casos, logró determinarse por otros antecedentes.En abril de 2011 se sancionó la ordenanza 2.808 que dispuso la redacción y elaboración del Digesto Jurídico Municipal. La norma surgió de tres iniciativas diferentes, dos de 2009 y una de 2011. Las primeras correspondieron a los entonces concejal Raúl Aníbal Fortte y defensora del Pueblo, Hilda Graciela Escalante; la última, al aún edil José Raúl Moglia.A fines de septiembre de ese año se constituyó formalmente la Comisión creada por esa norma y se designó a Moglia para presidirla, dando inicio a un largo período de escasa acción que concluyó a fines de octubre de 2012, cuando se firmó un acuerdo entre el Concejo y la Legislatura provincial para que esta última brinde la colaboración y asesoramiento necesario para llegar adelante la tarea.Sin embargo, recién en enero de este año la labor tuvo un impulso mayor, cuando se habilitó el local donde se desarrolla la recopilación, compilación y consolidación normativa, y se contrató a la mayoría del medio centenar de personas que desarrollan esa labor.
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