POSADAS. “Hoy aparecen actores nuevos, que ocupan ahora y quieren tener el mismo derecho de otros que están hace mucho y tienen toda una historia de vida en esos lugares”, dijo el subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, sobre el conflicto que se desató esta semana en Puente Alto, donde unas 20 familias fueron intimadas a desalojar por la justicia y cortaron la ruta en señal de resistencia.El funcionario accedió a una entrevista con PRIMERA EDICIÓN donde explicó las actuaciones del Estado, la postura ante los casos de nuevas ocupaciones y los datos de la gestión en los últimos años.“La intención es entregar la mayor cantidad de títulos posibles para que la mayor cantidad de gente pueda heredar algo a sus hijos, que tengan su tierra. Hay dos activos muy importantes que son la educación y la tierra segura, es nuestra base de acción filosófica. Cuando regularizas una tierra el que vive ahí se siente de otra manera, trata de cuidarlo, como estrategia de conservación, de desarrollo económico, ambiental y social”, añadió Ledesma.Pero enseguida dejó en claro que “No es lo mismo el productor que tiene una historia de vida en esta zona, como hay muchos, que aquel que se metió hace poco y ahora lo van a desalojar y sale a protestar y buscar apoyo de otra gente. La justicia no le da la razón y le dice ‘señor usted tiene que regresar de donde vino’”.En funcionario dijo que en los casos de nuevas ocupaciones, la postura de la Subsecretaría será la que decida la justicia; aunque, por otra parte, aclaró que “siempre defenderemos a los más débiles y a aquellos que se encuentren hace mucho tiempo en el lugar, porque la tierra tiene que tener un fin social, si el propietario no la ocupa, no la posee ni la cuida, entonces defenderemos al productor que sí lo haga”.¿La subsecretaría tiene alguna estimación total de las familias en situación de tenencia irregular urbana y rural?No, en los casos que tenemos identificados son 2.500 familias, eso implicaría un trabajo de relevamiento muy fuerte, ahora estamos concentrados más en solucionar que en relevar.El Mocami dice que de 40 mil familias de productores la mitad está irregular¿Poco más de 40 mil…? Yo creo que en tierras rurales estaríamos hablando de entre 15 mil o 20 mil familias, pero no 40 mil. Para tener un dato cierto tendríamos que tener un censo.La queja de las organizaciones es que es muy lento el trabajo y no observan decisión política fuerteEl trabajo es complejo. La decisión está porque se instrumentaron mecanismos legales, pero estamos hablando de regularizar un título. En tierra fiscal hay que hacer controles exhaustivos para no caer en errores porque en otra época los terrenos que se le entregaban a pequeños productores terminaban en manos de grandes empresas, yo eso no quiero.En Colonia Alberdi se trabajó en conjunto municipio, provincia y nación y se regularizó 950 hectáreas que tenían problemas hace mucho tiempo. No hay una solución única, en el país es un problema complejo. Hay que mirar qué pasaba antes de 2003 y qué pasa ahora. Si en aquel entonces iniciaban las acciones que iniciamos nosotros, hoy no tendríamos estos problemas.En mi gestión se mensuraron casi 15 mil hectáreas. Otras 4.000 del plan arraigo, otras 2.000 que se rehicieron para avanzar en Aristóbulo del Valle. La cantidad de tierra es significativa. Esta gestión, con aciertos y errores, ha hecho mucho, reconociendo que hay mucho por hacer. Este subsecretario bajó en 2007 todas las veces que lo requirieron a Pozo Azul para hablar con los productores y las organizaciones. Ahora hay un juicio y somos respetuosos de los tiempos de la justicia. La subsecretaría es pequeña, con lo poco que tengo se está haciendo mucho.¿Qué piensa del conflicto de Puente Alto, que explotó esta semana?Es una situación muy particular donde un grupo de familias se introduce a mediados de 2011 en una propiedad privada, un territorio que está por fuera de lo que es la Ley de Arraigo y Colonización, no está dentro de la superficie que la subsecretaría determinó para hacer juicio de expropiación. Ante esta situación los propietarios ejercieron su derecho de propiedad, la justicia entendió esto y le dijo a la gente que se tiene que retirar. A mí me consta porque recorrí la zona y hasta se ejerció actos de vandalismo para apropiarse de cosas que no eran de ellos y no es así…Tenemos que trazar una línea diferenciadora entre una situación de legitimidad en donde hay una historia de vida de una familia y entonces hacemos el esfuerzo para regularizar esta situación, lo otro es meterse en una propiedad y comprar un inmueble sin saber si el que vende es el dueño.Hoy aparecen actores nuevos, que ocupan ahora y quieren tener el mismo derecho de otros que están hace mucho y tienen toda una historia de vida en esos lugares. La justicia no hizo ninguna barbaridad, actuó bien y puso las cosas como deben ponerse, no cometió ninguna barbaridad.No es que había gente viviendo hace mucho tiempo y apareció recién un dueño y los quiere sacar, no es así, acá hay gente que se metió a mediados de 2011, algunos hasta con actitudes vandálicas, no son todos. Y algunas de estas familias en su buena fe fueron perjudicados. Pero cuando van a comprar una propiedad tienen que revisar las condiciones legales mínimas, no puedo comprar una propiedad que no es de quien me vende. Hay algunos pícaros que dicen ‘en Pozo Azul tenemos 500 hectáreas, o 200 hectáreas, una cosa es resolver el problema de gente que quiere un inmueble para vivir, no más de 25 hectáreas, pero ahí se quiere crear un mercado inmobiliario informal.Supongamos que el caso de Puente Alto se repite. Familias ocupan propiedades que no están incluidas en la Ley de Arraigo. ¿cuál va a ser la postura de la Subsecretaria? ¿dejar que decida la justicia?Hay un decreto vigente 384 donde establece un marco de cooperación entre Ecología y Gobierno para articular tareas de prevención de futuras intrusiones en el territorio. Yo generalmente no hablo de intrusos, hablo de ocupantes irregulares, pero en este caso cabe la palabra intrusos porque irrumpen de manera irregular y reciente. No se puede bajo ningún punto, por más loable que sea el fin, tolerar que alguien vaya y se meta y diga necesito y me tienen que dar. Si esto sigue caemos en un espiral que es muy difícil salir. El día de mañana cualquiera puede venir por nuestra casa, por nuestra propiedad. Nuestra constitución es muy clara y defiende la propiedad privada.Pero la propiedad tiene que cumplir una función socialYo tengo muy claro que la propiedad tiene que cumplir una función social. La propiedad tiene que estar cuidada, no abandonada, el p
ropietario tiene que ocupar esa propiedad; no puede decir: “bueno yo tengo 11 mil hectáreas y quiero que el estado me las cuide que no se metan”. No, el propietario tiene que hacer uso y ocupar, hacer la posesión. Ser propietario implica deberes y obligaciones y hay que ejercerlas. Generalmente cuando la ocupación es grupal es porque se está induciendo, hay otro interés detrás. La ocupación irregular siempre ha sido paulatina, muy lenta, de familias individuales, pero cuando irrumpe un grupo de familias hay algo que las está motorizando.Este decreto es para evitar o prevenir pero ¿cuál será la postura de la Subsecretaría si se repiten estos casos?El propietario tiene la obligación de ejercer su derecho y si la justicia le da la razón, de algún lado vino esa gente, no salió de la nada, deberían regresar de donde vinieron. ¿Cuál fue la motivación de venir ahí? Algunos dicen vendí mi chacra.¿Y si son nuevas familias que se conforman y no tienen dónde ir?Con ese criterio el espacio de la provincia es limitado. No es como antes que cada familia podía tener su chacra. Hoy hay que empezar a ver cómo se hace más productivo el espacio territorial, cómo las familias hacen más eficaces y eficientes sus producciones.Ellos reclaman que el estado expropiePero no es la solución. La tierra por si sola no garantiza nada, tiene que venir acompañada con acciones que el gobierno las está haciendo. No pueden decir quiero tener 25 hectáreas, si la podes comprar nadie dice que no, la compras legalmente en el mercado inmobiliario, ahora lo que no se puede convalidar es que vos compres una mejora porque siempre el pícaro termina ganando y pierden los otros. Esto es inaceptable, como sociedad si aceptamos esto no estamos respetando las normas básicas de derecho. Te dice alguien que tiene muy asumido que la propiedad tiene que cumplir una función social.No se advierte que la justicia interprete que la tierra debe tener una función socialPor ahí es la deuda. Hay que reglamentarlo también. Brasil lo tiene reglamentado. La justicia acá defiende la propiedad privada pero la propiedad tiene que contribuir a un fin social. En ese entendimiento queremos resolver los conflictos, pero siendo muy cuidadoso en los límites. Hay que garantizar la seguridad jurídica cuando alguien está viviendo, por ejemplo, esas 10 mil hectáreas de Colonizadora Misionera tenían un emprendimiento turístico que tuvieron que cerrar, por eso hay un propietario que reclamó rápidamente. No es un caso de gente que vivió toda la vida y de repente apareció un nuevo propietario que compró en un remate y les dijo “se tienen que ir”. Eso sería una injusticia muy grande, pero en el caso actual de Puente Alto, en el año 2007-2008 no había nadie, yo recorrí esa zona y no había nadie. Es mentira que viven hace 10 años. Ahora aparecen y nosotros tenemos que poner toda la estructura, esas familias tendrán que volver a donde estaban. Si tuvieron capacidad de dinero para comprar eso, tendrán que reclamar a quien los estafó. Pero no pueden pretender que el estado cargue todo. Presupuestariamente no podemos tener todos los planteos de expropiación.En Pozo Azul hay gente que tiene real historia de vida y otra que pretende que el estado le regularice grandes extensiones y esto no es bueno, esto es picardía, ilegalidad y propiciar un mercado informal.
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