Expectantes

A  pocos días de la apertura del período ordinario de sesiones del Congreso, y en tanto la mayoría oficialista en el Senado le daba media sanción al discutido acuerdo con Irán por el atentado a la AMIA, las tensiones se concentraban esta semana fuera del palacio legislativo; en torno de las paritarias docentes.La discusión de la pauta salarial de los maestros es significativa por la importancia del sistema educativo para la sociedad y el atraso de los sueldos docentes, tanto como porque a través ella es posible medir anticipadamente la temperatura de un año económico con pronóstico reservado, en el que las expectativas juegan un rol principal. Escasos resultados tuvo, en este contexto, el intento del Gobierno nacional de cerrar las negociaciones en forma unilateral, otorgando un simbólico 22% de aumento. Para las provincias, que son las que pagan los salarios docentes con presupuestos afectados de una crónica insuficiencia y dependencia del Estado Nacional, el cierre intempestivo de las negociaciones equivale a un presente griego casi imposible de resolver en lo inmediato.  Hasta ayer, únicamente las provincias de Salta, La Rioja y Córdoba habían cerrado las negociaciones provinciales y estaban en condiciones de iniciar normalmente el ciclo lectivo. El panorama es distinto en el resto del país y especialmente en el estratégico territorio bonaerense, donde las clases se inician con un paro nacional docente que coloca al gobierno de Cristina Kirchner muy cerca de enfrentar un  indeseado precedente: la posibilidad de que por primera vez desde que asumió Néstor Kierchner en 2003 -y en un año electoral- las clases se inicien con un paro generalizado de docentes. “Es que estamos ante una involución política”, respecto a la etapa en que el kirchnerismo rescató para los sectores asalariados el instrumento de las paritarias, interpretó el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, (UDA), Sergio Romero, quien también es secretario de políticas educativas de la CGT Alsina, alineada con el Gobierno kirchnerista. Tres gremios nacionales representativos, UDA, SADOP y AMET, decidieron no iniciar las clases en protesta por el cierre unilateral de las paritarias.Porcentajes y presupuestosEn una entrevista a una emisora misionera, el  titular de UDA  subrayó que  el 22% de  aumento que ofrece el Gobierno implica en la práctica “en muchos casos sueldos de bolsillo que promedian los tres mil pesos, es decir que no llegan a cubrir el salario mínimo”.  Por otra parte, y tras  considerar inaceptable que se legitime en paritarias un nivel salarial semejante, Romero aclaró que en la óptica del sector que representa, las paritarias tendrían que reabrirse y mantenerse en el tiempo, convirtiéndose en un instrumento permanente.  La advertencia coincide con expresiones del sindicalismo opositor en el mismo sentido, la inviabilidad de pactar a esta altura del año un reacomodamiento salarial que -además de tener que conciliar las expectativas de los trabajadores, los empresarios y el Estado-  se ajuste a una evolución previsible del costo de vida.  Las diferencias en los niveles remunerativos, entre los diferentes sectores de actividad y entre las regiones del país, hacen que sea una utopía hablar de un porcentaje único para  el país, y exigen un profundo proceso de revisión y adecuación regional y por sectores. El maltratado sector docente no es más que la punta del iceberg.  El descrédito del Indec y la persistente tendencia inflacionaria de los últimos años recalientan las expectativas y obligan a los sectores afectados a refugiarse detrás de una perspectiva inflacionaria de máxima. De esa manera, se discute mirando hacia atrás (el 25% que se estima fue el resultado de 2012); y al no haber una política integral contra la inflación, dominan  necesariamente las expectativas negativas a futuro.  En las provincias, además, los reclamos por un aumento de entre 25 y 30% que impulsan los gremios  ponen a prueba la capacidad recaudatoria del Estado y obligan a buscar ayuda en el endeudamiento; al mismo tiempo que ponen de manifiesto en muchos casos -como Buenos Aires y Misiones- que el régimen centralista de reparto de recursos coparticipables, y los vicios que este ha generado con el tiempo, profundizan las inequidades regionales. En la provincia, mientras  la gremialista y diputada oficialista “Marilú” Leverberg aseguraba que en el plenario del gremio mayoritario en el que se aceptó la propuesta del gobierno de un 24% de aumento salarial escalonado “nunca se habló de no iniciar las clases”; la  la titular de Udnam, Estela Genesini, ratificaba que mañana ese sector gremial irá a la huelga y realizará una clase pública frente al CGE.  Las tensiones provenientes de los reclamos docentes se  combinaron, en la última semana, con una prolongada ocupación del acceso al puente San Roque González de Santa Cruz que el Gobierno provincial no supo resolver en siete días. Al cabo de una semana, puso en práctica la salida de habilitar un ingreso alternativo con fuerzas de élite de la Policía provincial y el apoyo de la Gendarmería. La medida descomprimió la crisis e hizo que se levantara el piquete a las 24 horas. El prolongado corte en el paso internacional puso otra vez sobre el tapete la ausencia de una política social que llegue a los cordones de pobreza que crecen en Posadas, y no sólo en esta capital. También resalta, en este cuadro, la inoperancia de un Ministerio político que corre detrás de los hechos consumados, sin prevenir ni anticiparse a los conflictos. Justicia efervescenteAl escenario económico complejo de 2013 se sumó otro foco de conflicto. Hace tiempo, funcionarios judiciales vienen haciendo saber su malestar por sus salarios. Esta semana la bronca llegó a un pico: salió a la luz un duro documento elevado a la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia de Misiones, Rossana PíaVenchiarutti, solicitando una urgente asamblea de afiliados.  Una nutrida cosecha de firmas, incluyendo a funcionarios de alto rango, le da una fuerza inusual a un documento que  detalla aspectos de la “distorsión y acelerado deterioro” de los salarios judiciales.  La nota estima que existe un “grosero  alejamiento” entre los sueldos locales y los  de la Justicia Federal y estima que las remuneraciones de los funcionarios judiciales misioneros son “prácticamente las últimas en la escala nacional”. También se menciona “una sustancial y desproporcionada distancia” entre los sueldos de los ministro del Superior Tribunal de Justicia y los  de los vocales de las Cámaras de Apelaciones. No es exagerado pensar que detrás de la irru
pción de este medular descontento  salarial en el interior de la Justicia misionera resuena el hartazgo con la subalternización de la Justicia a favor de intereses político-partidistas. El conflicto, de aquí en más, es un capítulo abierto que pondrá a prueba a la administración clossista.