POSADAS. Sin doblegarse a pesar de atravesar cinco días y una fuerte tormenta en la tarde del domingo, las organizaciones sociales independientes que reclaman al Gobierno puestos de empleo mantienen su protesta con un bloqueo en el puente internacional Roque González de Santa Cruz. Esto pese a a que anoche detuvieron a uno de los referentes de la protesta.Desde el jueves al mediodía, alrededor de 400 personas acamparon en la intersección de las avenidas Mitre y Saenz Peña, permitiendo el paso de vehículos durante treinta minutos cada dos horas.Ayer recibieron una notificación con una orden de desalojo del juez de Instrucción 6, Ricardo Balor, que los intimaba a abandonar el piquete. Sin embargo, pensaban resistir y trasladarse más cerca del puente, en jurisdicción federal.La situación hizo disminuir notablemente el permanente flujo de ciudadanos que atraviesa el puente todos los días para realizar compras, turismo, comer o visitar parientes. Antes del bloqueo se calculaba entre 20 y 30 mil el número de ciudadanos que cruzaba de Encarnación a Posadas o viceversa; ahora no supera las 5 mil personas diarias.Consultados por PRIMERA EDICIÓN, los voceros señalaron que se mantendrán en el lugar el tiempo que sea necesario, hasta que el Gobierno los atienda.Carlos Correa, uno de los referentes, indicó que el año pasado “tuvimos diálogo con el secretario privado del gobernador, Miguel Onetto, a quien le pedimos puestos de empleo para las 1.500 familias que estamos unidas en este movimiento social independiente”.“Nosotros nos manifestamos el 28 de diciembre y Onetto dijo que nos iba a atender el 31. Fuimos a hablar con él ese día y nos comentó que el 8 de enero iba el Gobierno a Buenos Aires con los intendentes y el Gobernador y que ahí se iba a conseguir trabajo y obras. Nos enteramos que efectivamente fueron a Buenos Aires y consiguieron un montón de obras, entonces lo llamamos el 12 de enero y nos respondió que para nosotros ‘no hay nada’. Le avisamos que los compañeros se iban a manifestar y respondió: ‘Ustedes hagan lo que quieran’; así que acá estamos”, relató Correa.Son alrededor de 400 personas las que se encuentran prácticamente a la intemperie. Según correa se están turnando en tres grupos para que cada uno descanse unos días en su casa y luego regrese al piquete.El reclamo puntual es que el Gobierno cree puestos de empleo a través de cooperativas de trabajo a las que asista con obras públicas y otros programas. Pero desde el jueves ningún funcionario los atendió.El vocero denunció que “hay grupos de policías, de la Brigada, que están trabajando para debilitarnos. Había un auto que nos traía agua y algunos víveres pero lo persiguieron y lo amenazaron con secuestrarle el coche, entonces ese muchacho, que es un vecino nuestro, dejó de colaborar por miedo”.“Ellos esperan debilitarnos de esta manera, buscando que nos quedemos sin comida y agua, que nos cansemos y nos vayamos a nuestra casa, pero no tenemos problema, si es necesario vamos a tomar agua del río. Vamos a quedarnos acá hasta que nos solucionen nuestro problema”, enfatizó. Por último, aclaró que “esto no tiene nada que ver con política, nosotros somos organizaciones de desocupados independientes que reclamamos por nuestros derechos, el trabajo digno, el salario, la vivienda, y queremos que este Gobierno los haga cumplir”.En total son tres organizaciones sociales -RMPC, Esfuerzo Social Compartido y Patria y Futuro- las que integran un Frente Social por la Dignidad, que aglutina a vecinos de los barrios más humildes de Posadas, como A-4, A.3-2, San Lorenzo, San Marcos, Villa Dolores y San Isidro, entre otros. La postura del GobiernoConsultado sobre esta situación, el secretario del gobernador, Miguel Onetto, indicó que “en este momento no estamos en ninguna negociación con este grupo. Ellos ya tienen obras de veredas y puestos de empleo de barrido y limpieza, y en este momento no estamos en condiciones de ampliarlas”.“El monto total de obras y trabajos que se está ejecutando actualmente con el conjunto de las organizaciones sociales es de 15 millones de pesos. El presupuesto mensual que se destina alcanza aproximadamente los 2 millones de pesos por mes”, señaló Onetto a PRIMERA EDICIÓN.Agregó: “A esto se suma la asistencia alimentaria que alcanza un millón y medio de pesos por mes para el conjunto de las organizaciones, esto incluye CCC, Barrios de Pie y todas las organizaciones sociales que funcionan en la provincia”.“El problema que surge es que, en principio, eran pocas organizaciones que canalizaban toda la ayuda. Después se van dividiendo y cada facción reclama la misma cantidad de ayuda que recibía la otra, surgen nuevos grupos y en este momento al Gobierno no le resulta factible extender la asistencia hasta terminar las obras que están en ejecución y reacomodar los presupuestos”, explicó Onetto, quien interviene en la mayoría de los reclamos sociales desde 2007 en adelante.Aclaró que “toda la asistencia sale de fondos provinciales, de Rentas de la provincia. En el año serán unos 30 millones de pesos o más que se destinarán a programas de empleo a través de cooperativas”.Finalmente, sobre la especulación de que existan intereses políticos detrás, dijo: “Nosotros no negamos la urgencia de la gente, pero suponemos que en los análisis internos que hacen estas organizaciones suponen que al ser un año electoral el Gobierno no querrá conflictos así que cederá a todos sus reclamos”.
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