POSADAS. Las finanzas de la empresa eléctrica provincial están igual que las líneas de alta tensión en rojo y al borde del colapso. Por esta razón, discretamente, desde la presidencia se inició un lento “operativo limpieza” que apunta a reducir al abultado número de empleados y oxigenar las presionadas cuentas salariales.Esta semana comenzaron a distribuirse unas 150 cartas documento desde la gerencia a los trabajadores que están en condiciones de jubilarse, que cuentan con los años y los aportes necesarios. En el escrito se les intima a iniciar los trámites jubilatorios. Esta maniobra estaría conversada con la conducción del gremio de Luz y Fuerza, que tiene muchísimo poder de decisión como nunca antes e incluso participa con voz y voto en la distribución de cargos y la designación de puestos claves en la estructura.El problema es que la mayoría de los que recibieron las cartas no estaría dispuesto a pasar a retiro ya que sufriría una reducción de más de la mitad de sus ingresos en actividad. En promedio, los trabajadores con más de treinta años de aporte y antigüedad perciben un ingreso cercano a los 25 mil pesos mensuales; y pasando a jubilación el Instituto Provincial del Seguro les abonaría un mensual de unos diez mil pesos, debido a los topes que establece la emergencia previsional.Fuentes de la empresa indicaron que “se prevé que esto es el inicio de un operativo plan de limpieza, el presupuesto de la empresa no aguanta la cantidad de sueldos que tienen que pagar, habrán otros mecanismos pero la decisión de reducir personal está tomada”. Los empleados de Emsa especulan que después de la intimación al retiro se implementará un régimen de retiro voluntario para el personal que no cumpla todavía con la edad ni los aportes. Con menos años de los debidos se podrá pasar a retiro, pero cobrando alrededor del 70% del sueldo, hasta cumplir la edad y los aportes correspondientes, cuando entonces podrá completar el trámite normal.Emsa tiene actualmente más de 1.700 empleados en planta y cerca de mil contratados -que son obviados en los informes anuales a la Legislatura, sin contar con el personal de las cooperativas eléctricas del interior. Cerca del 70% de la recaudación mensual se destina a sueldos, la otra parte a pagar por la energía que se compra y prácticamente no queda presupuesto para hacer inversiones, y por ello la Provincia tiene que estar permanentemente auxiliando con aportes financieros.Incluso no se descarta que si persiste el ahogo financiero no se renueven muchos de los contratos tercerizados que tiene la empresa; sería la tercera variante para reducir personal.
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