SANTIAGO, Chile (Medios Digitales). La fiscalía de la región chilena de La Araucanía imputó bajo la ley antiterrorista a uno de los tres mapuches detenidos en relación con un atentado incendiario en el que murieron el pasado 4 de enero un empresario agrícola y su esposa, informaron fuentes judiciales.Se trata de Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, detenido tras el atentado en las cercanías de la destruida casa donde murieron el agricultor Werner Luchsinger y su esposa Vivianne MacKay, con una herida de bala y portando una linterna, entre otros elementos.Córdova Tránsito, que oficia como “machi” (médico tradicional mapuche) en su comunidad, también deberá responder por otro atentado incendiario, ocurrido el 23 de diciembre en un fundo perteneciente a Pío Seco, en el que los autores quemaron su casa e incineraron a sus perros.El fiscal del caso, Alberto Chiffelle, imputó formalmente al “machi” por dos “incendios terroristas”, uno de ellos con resultado de muerte, robo con violencia e incendio de tres vehículos, mientras el juez de garantía Luis Olivares dispuso su prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación.La audiencia, celebrada bajo férreas medidas de seguridad en Temuco, la capital de La Araucanía, a 672 kilómetros al sur de Santiago, cobró un tono dramático cuando el fiscal incluyó entre las pruebas la grabación de una llamada de auxilio que Vivianne Mackay hizo a la policía en pleno ataque.“Nos están disparando, por favor ayúdennos, (somos) Vivianne MacKay y Werner Luchsinger. Werner está herido”, dijo, llorando, la mujer, de 69 años. “Escuché que uno (de los atacantes) decía ’mátalo, mátalo’. Por favor vengan luego (pronto), mi marido está herido”, insistió.“Si esto no es terrorismo, ignoro lo que es terrorismo”, dijo tras exponer la grabación el fiscal Chiffelle, quien indicó además que los cadáveres no tenían impactos de bala y subrayó que las víctimas “fueron quemadas vivas”.María del Rosario Salamanca, defensora de Celestino Córdova, pidió al tribunal revisar la carpeta de investigación para analizar los antecedentes que no están bajo secreto, lo que fue rechazado por el juez Olivares.El magistrado dispuso no obstante que la investigación se mantenga bajo secreto durante 70 días y dio a la Fiscalía seis meses de plazo para completar la información.
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