POSADAS. El 36% de los chicos y adultos mayores con desnutrición de los 9.025 incorporados al programa Hambre Cero vive sin tener acceso al agua potable domiciliaria. Es decir, 3.249 niños y adultos mayores que reciben asistencia alimentaria debido a su bajo peso carecen de un servicio vital. Para empezar a remediar esta situación, el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, y el titular del Ente Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Timoteo Llera, firmaron ayer un convenio para abastecer a estas familias. Si bien ambos funcionarios se mostraron optimistas y anunciaron que las acciones para dar agua potable comenzarán en forma inmediata, admitieron que se analizará caso por caso, familia por familia, pues muchas viven en calidad de intrusas en tierras privadas o fiscales. Para ellas, según remarcó Soria Vieta, “se pondrá la calidad de vida por encima de la cuestión legal de las tierras, porque la vida de una familia y especialmente la calidad de vida de los niños debe estar en primer lugar y que hoy se le ofrezca el servicio de agua potable no legaliza ni consolida la instrucción o dominio de la tierra, ni nada por el estilo. No puede haber ningún impedimento para que un niño acceda al agua potable, mucho menos el dominio de la tierra”, argumentó y aseveró que en este nuevo paradigma el orden de prelación de derechos está encabezado por los derechos de la infancia. Canillas públicas Más cercano al marco legal actual, Llera precisó que para las familias que viven en situación de intrusión, el Eprac ya tiene un servicio previsto: el de la canilla pública cercana y gratuita. “Nosotros tenemos para los asentamientos irregulares la posibilidad de llevar la canilla pública, que es gratuita para estos asentamientos. Como dijo el ministro Soria Vieta, la ocupación irregular es un hecho secundario… lo primario es tratar de llevar el agua potable”, señaló Llera. En este contexto, “se van a dar distintas respuestas en función de las situaciones, en algunos casos se harán extensiones de la red; en otros, por ejemplo en las casas donde hay medidor y no pueden pagar el servicio, se subsidiará el agua (14 metros cúbico durante un año)”, detalló el titular del Eprac, quien recordó que el área de jurisdicción del organismo incluye Posadas, Garupá, Eldorado y Oberá. Llera indicó que el “agua potable es sinónimo de salud” y admitió que es poco probable que un niño desnutrido supere ese cuadro nutricional y se mantenga saludable si reside en una vivienda sin agua potable. Sin cronograma En cuanto al cronograma de las acciones previstas en el marco de este convenio, Soria Vieta indicó que avanzarán a medida que vayan surgiendo los pedidos específicos desde los 75 municipios provinciales. “Donde no tenga jurisdicción el Eprac, trataremos de coordinar con las cooperativas de agua y el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas). Acabo de pasar a Llera un pedido de un grupo de once a quince familias que viven en Posadas y no acceden al agua potable… se sirven de un vecino que les presta. Ahora van a ir a verificar esta situación para ver si corresponde extender la red de agua potable unos cien metros y colocar una canilla pública para que puedan utilizarla hasta tanto esté finalizada la instalación domiciliaria”, precisó Soria Vieta. Al respecto, Llera recordó que hay distintas áreas de jurisdicción de los proveedores de agua potable, el Eprac tiene jurisdicción en estas cuatro localidades, el Imas que tiene Iguazú y San Pedro; y las cooperativas en el resto de los municipios. Soria Vieta admitió que la conexión al agua potable de todas las familias no es tarea sencilla. “Se dificulta mucho en las zonas rurales, a veces hay tres o cuatro familias que viven en un paraje y no tienen agua potable; tenemos escuelas rurales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) sin agua corriente”. Señaló también que son pocas las comunidades aborígenes que tienen perforaciones, sólo unas pocas que ocupan tierras desde hace muchos años”.
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