POSADAS. Pasaron 18 meses de la toma de Emsa por parte de trabajadores vinculados al gremio y la justicia no movió un papel para buscar a los responsables y hacer pagar las millonarias pérdidas que sufrió una empresa con mayoría estatal que se financia con fondos públicos.La causa permanece paralizada desde diciembre de 2011 en las oficinas del juez de Instrucción Fernando Verón; quien no respondió a los tres pedidos de pronto despacho que presentó el letrado Rafael Pereyra Pigerl, quien oficiaba en aquel momento como abogado de la empresa.Durante el año, de acuerdo a información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, se han presentado y reiterado tres solicitudes de pronto despacho en forma escrita el 06 de marzo de este año, el 28 de mayo y la última el día 14 de diciembre pasado. En ésta se hace reserva de recurrir a los mecanismos Constitucionales como Corte Interamericana de Derechos Humanos para formular la denuncia correspondiente.Además, por la inacción del presidente de la empresa Emsa, Sergio Ferreyra, que no se presentó como actor civil ni inició acción de daños y perjuicios contra quienes destruyeron el edificio y sus instalaciones, se hizo perder una suma millonaria a la provincia de Misiones.Este diario accedió al último escrito de pronto despacho presentado ante Verón el 14 de diciembre donde se indica que “atento al tiempo transcurrido; sin que V.S. haya proveído las reiteradas solicitudes de pronto despacho presentada el 28/05/12; vengo por el presente a reiterar la misma”.Asimismo se reclama en el escrito que “desde el mes de diciembre de 2.011, el Sindicato de Luz y Fuerza no ha cumplido con la orden judicial de ‘…remitir, con carácter de urgente el Libro de Acta de Reunión de Comisión Directiva correspondiente a los meses de junio y julio del año 2010 y el Libro de Asamblea correspondiente al año 2010’, sin que V.S. realice actuación alguna a fin de proteger la probanzas del proceso”.Pereyra Pigerl además describe en la presentación que “tampoco se ha resuelto la situación procesal de los imputados, ordenando el procesamiento de los mismos, conforme el mérito del cuantioso material probatorio y la gravedad de los tipos penales”.Finalmente advierte que “Teniendo en consideración lo expuesto; y, la falta de tutela efectiva – en termino adecuado – esta parte hace reserva de recurrir a los mecanismo Constitucionales, como a los Tribunales Supranacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, para formular las denuncias correspondientes, si fuere menester”.La jornada del 29/06/2010“Yo soy el único responsable de lo que está ocurriendo en este lugar y el tema del incendio es para que salgan las ratas. Y no va a entrar ni salir nadie del edificio hasta que salga esa rata que está ahí”. La frase se la habría dicho el secretario general de Luz y Fuerza, Julio Héctor Cachilo Rodríguez, al jefe de la Policía, Benjamín Roa el 29 de junio de 2010, cuando el gremio tomó el edificio central de Emsa a las 9 de la mañana y logró la renuncia del cuestionado ex presidente Héctor López Ricci pasadas las 17. La frase consta en el expediente.Dos años y medio después Rodríguez no fue siquiera citado a declarar, aunque sí lo hicieron otros miembros de la conducción que estuvieron en el sexto piso y habrían presionado a López Ricci para que presentara su renuncia, de acuerdo a numerosos testimonios que integran el expediente.Todo se desató alrededor de las 9 de la mañana cuando más de 200 afiliados de Luz y Fuerza bloquearon las tres entradas del edificio central de Emsa y un grupo de unos 50 subió hasta el sexto piso.El vicepresidente de la empresa, Miguel Oliveras, estaba en la presidencia cuando ingresaron los manifestantes; ante el juzgado lo describió como “una horda incontrolable de empleados que nos acorralan en un rincón de la oficina que da a las ventanas sobre la calle Rioja. Ahí empiezan a insultar y agraviar al presidente”.El subjefe de la Policía Víctor Rutschman contó que subió y observó en la presidencia “habían unas 50 personas totalmente exaltadas”. En la jornada hubo enfrentamientos entre el grupo que tomó la sede con adherentes al ex presidente. Hubo destrozos de todo tipo, de vehículos, muebles y en el propio edificio.La situación se calmó cuando corrió la voz de que llegaban al lugar el ministro de Gobierno Jorge Franco con la vicegobernadora Sandra Giménez, para mediar en el conflicto que hasta ese momento estaba fuera de todo control. Franco habla con López Ricci y luego le comunica a “Escalante, Reineck y Vera” (integrantes del gremio) que el ex presidente había puesto su renuncia a disposición y que el gobernador la aceptaría.En una ampliación de su declaración López Ricci acusa al ex diputado provincial y ex director de la empresa (hoy concejal de Posadas), Fabián Florentín, de participar de la protesta y decirle en varias oportunidades: “dale Héctor, renunciá y se termina todo, te consigo un escribano”.
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