El Gobierno nacional volvió a ratificar su decisión de mantener desregulado el mercado de la yerba mate y dejó en claro que no contempla restablecer los mecanismos de intervención destinados a proteger los precios de la materia prima. Durante una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, sostuvo que la prioridad de la administración de Javier Milei es favorecer a los consumidores, aun cuando esa política entre en conflicto con los intereses de los productores y otros integrantes de la cadena yerbatera.
Las declaraciones surgieron en respuesta a una consulta de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz sobre las modificaciones introducidas en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y sus consecuencias para la actividad.
El funcionario reconoció que existen posiciones contrapuestas respecto del rumbo adoptado por el Gobierno y aseguró que las autoridades nacionales mantuvieron reuniones con representantes del sector y de las provincias productoras.
“Escuchamos a los productores, escuchamos a las autoridades de las provincias de Misiones y Corrientes”, señaló. También indicó que participaron de un encuentro con el directorio completo del INYM, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios nacionales.
Sin embargo, dejó en claro que esos planteos no modificaron el criterio económico de la administración libertaria.
“La contraposición de visiones para nosotros es decir: ¿hay que proteger a la cadena o hay que proteger al consumidor? Siempre nosotros estamos a favor de proteger al consumidor”, afirmó Cacace.
Cuestionamientos a las regulaciones del INYM
Durante su intervención, el secretario defendió la eliminación de distintas atribuciones que tenía el organismo yerbatero antes de las modificaciones impulsadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Entre ellas mencionó los mecanismos de fijación de precios para la hoja verde y las disposiciones que permitían limitar la expansión de las superficies cultivadas.
Según su interpretación, estas herramientas restringían la oferta de materia prima y dificultaban el funcionamiento del mercado.
“Había un precio mínimo que se fijaba para la materia prima”, recordó el funcionario, quien consideró que ese mecanismo resultaba restrictivo para la actividad.
También cuestionó las limitaciones a las nuevas plantaciones y ejemplificó: “¿Vos querías sembrar más hectáreas? No podías. No, no podés, pero tengo espacio, campo. No podés, solo te dejo producir hasta esto. Insólito”.
Cacace mencionó además disposiciones vinculadas con los controles de calidad de los palos de yerba mate, al enumerar las normas que el Gobierno considera restrictivas.
En ese contexto, sostuvo que el objetivo de Milei es eliminar las intervenciones estatales que, a criterio del Ejecutivo nacional, alteran la formación de precios y las decisiones productivas.
La postura implica sostener el esquema vigente, en el cual el INYM perdió sus facultades para establecer precios de referencia obligatorios para la materia prima, una de las herramientas centrales que había tenido el organismo desde su creación.
Exportaciones récord y caída de precios
Para respaldar los resultados de la desregulación, Cacace presentó cifras correspondientes al desempeño de la actividad yerbatera durante 2025.
Destacó que las exportaciones alcanzaron los 57,98 millones de kilogramos, un incremento interanual del 32%, y aseguró que se trató del mayor volumen registrado por el sector.
Los datos coinciden con las estadísticas oficiales del INYM, que contabilizó 57.980.911 kilogramos exportados durante ese año, con una suba del 32,2% respecto de 2024.
El funcionario también señaló que el consumo interno mostró una recuperación cercana al 3%. En efecto, las salidas de molinos destinadas al mercado argentino alcanzaron los 266,8 millones de kilogramos en 2025, un 3,1% más que el año anterior.
Otro de los argumentos centrales de su exposición fue la evolución de los precios minoristas.
Cacace afirmó que, de acuerdo con los datos del INYM y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la yerba mate registró una reducción cercana al 40% en términos reales en las góndolas.
Esto significa que el precio del producto evolucionó por debajo de la inflación general durante el período considerado, y no necesariamente que los consumidores paguen nominalmente un 40% menos.
El secretario atribuyó estos resultados a la eliminación de las restricciones regulatorias, aunque las cifras de exportaciones, consumo y precios, por sí solas, no permiten establecer cuánto de esa evolución respondió específicamente a la desregulación.
La situación de los productores, el punto de conflicto
Las afirmaciones del funcionario se producen en un contexto de dificultades para los pequeños y medianos productores yerbateros de Misiones, que vienen cuestionando la pérdida de las facultades regulatorias del INYM y el deterioro de los valores percibidos por la hoja verde.
La controversia radica en que una reducción del precio final puede beneficiar al consumidor, pero no necesariamente garantiza mejores condiciones económicas para los productores primarios.
De hecho, los análisis sobre la evolución de la cadena yerbatera muestran que el ajuste de precios no se distribuyó de manera uniforme entre sus distintos eslabones.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos a marzo de 2026, señaló que la participación del productor en el precio final de la yerba mate se ubicó en el 13,1%, mientras que el promedio del primer trimestre fue del 11,6%, el nivel más bajo para ese período desde 2019.
El mismo relevamiento indicó que el precio máximo pagado por la hoja verde en marzo de 2026 fue de 220 pesos por kilogramo, un 27,9% menos que en mayo de 2025.
Estos indicadores exponen una diferencia entre la evolución comercial de la actividad y los ingresos que reciben quienes producen la materia prima.
En su presentación legislativa, Cacace reconoció que el Gobierno conoce las objeciones de los productores y las autoridades provinciales, pero insistió en que la política nacional responde a un criterio económico diferente.
“Ustedes lo que dicen es: tenemos que proteger a la cadena, que es cerrada, y están estos y son los productores, los secadores, todos hacen eso, y proteger la economía de la provincia. Entiendo esa perspectiva, la entiendo, y nos la han planteado”, expresó.
A continuación, defendió que la prioridad debe ser el acceso a productos más baratos para toda la población.
“En el contexto de la Nación Argentina, lo que conviene es que los consumidores tengan precios más baratos en todos los productos”, sostuvo.
Para justificar su posición, planteó que establecer precios mínimos para la yerba mate sería equivalente a aplicar regulaciones similares sobre otros alimentos, como la leche o la manteca.
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