La nueva etapa de reducción del empleo público impulsada por el Gobierno de Javier Milei comenzó a generar reparos dentro de la propia administración nacional. Mientras el Ejecutivo puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios, funcionarios de distintas áreas expresaron preocupación por las dificultades operativas que atribuyen a la disminución de personal y al deterioro de los salarios.
Las diferencias comenzaron a manifestarse en ministerios y organismos nacionales cuyos responsables consideran que los sucesivos recortes están afectando el desarrollo de tareas administrativas y de gestión.
El escenario representa un cambio respecto de los primeros meses de la administración libertaria. Durante 2024, cuando comenzaron las desvinculaciones masivas de empleados estatales, existía un mayor respaldo interno a la reducción de las estructuras públicas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, algunos funcionarios comenzaron a advertir las consecuencias de contar con menos trabajadores para sostener las actividades habituales.
A esa situación se suma el deterioro de las remuneraciones, que aparece como otro de los factores de malestar dentro de determinadas dependencias nacionales.
Una exfuncionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que posteriormente regresó al sector privado, cuestionó las dificultades para exigir el cumplimiento de tareas en un contexto de bajos ingresos.
“No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”, expresó, según consignó Noticias Argentinas.
Las objeciones recogidas por la agencia no constituyen un posicionamiento público conjunto de los ministerios, pero reflejan diferencias dentro de la administración respecto de las consecuencias de profundizar los recortes.
Un nuevo régimen para reducir la planta estatal
En medio de ese escenario, el Gobierno oficializó el Decreto 1203/2026, publicado el lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, mediante el cual aprobó un régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
El nuevo esquema forma parte de la política de reorganización del Estado que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger.
De acuerdo con los fundamentos de la normativa, el objetivo oficial consiste en optimizar las estructuras y dotaciones del sector público y mejorar la asignación de los recursos presupuestarios.
No obstante, la decisión incorpora una disposición relevante para el futuro de las dependencias alcanzadas: los cargos presupuestarios correspondientes a quienes accedan al retiro deberán ser eliminados una vez que se produzca la finalización de la relación laboral.
Esto implica que el programa no se limita a facilitar la salida de trabajadores, sino que también establece una reducción de los puestos previstos en las estructuras administrativas. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la autoridad encargada de aplicar el régimen. El decreto también la habilita a prorrogar, por única vez y durante un máximo de 30 días corridos, el plazo de adhesión.
Más de 74.000 puestos menos desde diciembre de 2023
La nueva medida llega después de una reducción sostenida de la dotación del sector público nacional. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) consignados por Noticias Argentinas, la cantidad de trabajadores de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales había descendido a 269.025 personas en agosto de 2026.
La cifra representa una disminución acumulada de más de 74.000 puestos respecto de diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei.
La reducción forma parte de una política que el Ejecutivo presenta como una estrategia de ordenamiento del gasto y transformación de la administración estatal. Sin embargo, el impacto de las desvinculaciones sobre el funcionamiento de distintas dependencias comenzó a convertirse en un motivo de preocupación incluso entre funcionarios que inicialmente acompañaron esa orientación, de acuerdo con las fuentes consultadas por NA.
La agencia también señaló que integrantes del equipo de Sturzenegger habían mantenido gestiones en diferentes ministerios para promover nuevas reducciones de personal. En ese contexto, el régimen aprobado esta semana representa una nueva instancia de una política que ya produjo cambios significativos en la estructura del Estado nacional.
El rechazo sindical y una nueva protesta
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el nuevo programa y convocó a una movilización para este miércoles 21 de octubre frente a la Quinta Presidencial de Olivos.
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, cuestionó el carácter voluntario de las desvinculaciones y sostuvo que los trabajadores enfrentan presiones para abandonar sus cargos.
Desde el gremio estimaron que el universo potencialmente alcanzado por la medida rondaría los 21.187 trabajadores, aunque esa cantidad no representa retiros efectivamente solicitados ni aprobados.
ATE también advirtió sobre las restricciones previstas para quienes acepten desvincularse y las consecuencias de la eliminación de los puestos presupuestarios.
La protesta se inscribe en una serie de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo, las desvinculaciones, la falta de renovación de contratos y las condiciones laborales en la administración nacional.
El debate por el funcionamiento del Estado
La nueva etapa de retiros voluntarios expone una discusión que trasciende la cantidad de empleados públicos: hasta qué punto pueden reducirse las estructuras administrativas sin afectar la capacidad de funcionamiento de los organismos.
Mientras el Gobierno mantiene como objetivo la disminución del gasto y la reorganización del sector estatal, las advertencias recogidas por Noticias Argentinas apuntan a las dificultades que enfrentan algunas áreas para cumplir sus tareas con dotaciones reducidas.
Por ahora, no existe una evaluación pública integral que permita establecer qué proporción de los problemas operativos mencionados responde exclusivamente a la reducción de personal y cuánto se relaciona con otras decisiones presupuestarias u organizativas. El nuevo régimen abre así otra etapa en la política de transformación estatal, en un contexto de cuestionamientos sindicales y diferencias internas sobre las consecuencias de continuar con las desvinculaciones.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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