Después de varios intentos frustrados y en medio de fuertes cuestionamientos del sector productivo, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, logró este viernes avanzar con las polémicas designaciones de Rosana Biale como gerenta general y Sebastián Pratto al frente de Auditoría Interna. Los nombramientos habían sido resistidos por distintos integrantes del Directorio, que en reuniones anteriores impidieron su aprobación.
La designación de Biale se concretó con siete votos favorables, entre ellos el de Marisol Fracalossi, representante de la Producción, quien quedó en el centro de las críticas de numerosas asociaciones yerbateras por su respaldo a la propuesta impulsada por la presidencia del Instituto.
También acompañaron la decisión Gustavo Barreiro y Gerardo López, por la Industria; Luis Konopacki, por los Secaderos; Mariel Gabur, representante del Gobierno de Corrientes; el sector de los trabajadores rurales, a través de UATRE; y el propio Correa.
Desde UATRE explicaron a PRIMERA EDICIÓN que el acompañamiento a las designaciones respondió a un mandato de la conducción sindical, y no a una decisión individual de su representante dentro del Directorio.
Desde el gremio remarcaron, además, que continuarán acompañando los planteos de los productores yerbateros, siempre que las iniciativas no afecten los intereses de los trabajadores rurales.
El respaldo sindical resultó relevante para que la conducción del organismo consiguiera avanzar con los nombramientos que habían quedado bloqueados en las sesiones anteriores. A diferencia de lo ocurrido el 29 de septiembre, esta vez también participó la representación del Gobierno correntino, cuyo voto contribuyó a alcanzar la mayoría necesaria.
Una designación atravesada por cuestionamientos
El principal foco de controversia es el regreso de Rosana Biale a la Gerencia General del INYM, después de haber mantenido un conflicto judicial con la propia institución. La funcionaria había ocupado anteriormente distintos cargos administrativos, hasta que su relación laboral terminó en una disputa que derivó en una demanda contra el organismo.
El litigio concluyó en 2024 mediante un acuerdo homologado judicialmente. A través de la Resolución 171/2024, el Instituto autorizó el pago de $40 millones para cancelar los reclamos de la exempleada, a los que se sumaron $9,68 millones en honorarios de sus abogados y otros gastos vinculados al proceso.
Ese antecedente había generado fuertes reparos entre integrantes del Directorio, quienes cuestionaron que una persona que litigó contra la institución y recibió una compensación económica regresara posteriormente para ocupar uno de los puestos de mayor jerarquía administrativa.
La otra designación cuestionada es la de Sebastián Pratto para Auditoría Interna. Los reparos se relacionan con las funciones que venía desempeñando dentro del organismo, particularmente en la subrogancia de la Gerencia General.
Según habían explicado fuentes del Instituto a este diario, su eventual incorporación al área encargada de controlar la administración podría generar conflictos de intereses, debido a que tendría que auditar decisiones correspondientes a períodos en los que ejerció responsabilidades administrativas.
Ambos nombramientos habían sido impulsados reiteradamente por Correa, pese a que distintos sectores del Directorio reclamaban evaluar otras alternativas antes de cubrir esos cargos estratégicos.
El voto de Fracalossi
La aprobación de Biale también representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Marisol Fracalossi y las organizaciones de productores yerbateros que cuestionan su representación dentro del Instituto.
Apenas un día antes de la votación, cinco entidades difundieron un pronunciamiento conjunto en el que exigieron que la directora respetara la posición mayoritaria del sector o renunciara a su banca. El planteo se sumó al reclamo que ya había formulado la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA).
El documento del jueves llevó las firmas de Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, de Impulso Yerbatero; Antonio Franza, de la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, de Productores Yerbateros del Norte; y Salvador María Torres, del Movimiento Agrario de Misiones.
Las entidades sostuvieron que la representante había manifestado su intención de acompañar a Biale, pese a que distintas asociaciones habían expresado su rechazo a esa candidatura.
“Cuando quien ocupa esa banca deja de sentirse obligado por la voluntad del sector que representa, debe tener también la honestidad y la responsabilidad de renunciar”, señalaron en el comunicado.
Con su voto favorable de este viernes, Fracalossi mantuvo la postura que había provocado los cuestionamientos y profundizó las diferencias con las organizaciones que reclaman que las decisiones de la representación productiva respondan a los consensos sectoriales.
Del bloqueo a la aprobación
La controversia por las designaciones se arrastra desde agosto, cuando un grupo de directores rechazó que los nombramientos fueran incorporados sobre tablas durante una reunión del organismo.
El conflicto volvió a manifestarse el 29 de septiembre. En aquella oportunidad, representantes del Gobierno de Misiones, la Producción, las Cooperativas y otros sectores abandonaron la sesión y dejaron al Directorio sin el quórum necesario para continuar.
Diez días después, Correa consiguió revertir aquel escenario y obtener los respaldos suficientes para concretar los nombramientos. Sin embargo, la aprobación no pone fin a las diferencias internas ni a los reclamos de las entidades yerbateras.
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