Los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) tomaron velocidad en 2026 y en apenas siete meses, ya igualan la totalidad de los pedidos en 2025. Así lo confirmó el Gobierno a través de un pedido de acceso a la información pública cursado por Perfil sobre la cantidad y el avance de este tipo de trámites que suelen ser indicadores de crisis ya que se realizan en momentos de “emergencia”, con el objetivo de evitar despidos masivos e incluso al borde del cierre de una empresa.
Los números muestran una aceleración: hasta el 31 de julio, el Ministerio de Capital Humano abrió 163 expedientes. Una cifra que en un poco más de un semestre casi equipara a los 164 registrados durante la totalidad del año pasado y que supera por bastante a los 131 trámites contabilizados en 2024, según consiga la respuesta oficial.
Los PPC, administrados por la Secretaría de Trabajo, buscan brindarle a una firma al límite de la quiebra inminente un margen de maniobra para aplicar suspensiones masivas o licuar el costo de las desvinculaciones, habilitando el pago de indemnizaciones reducidas. Según el detalle del informe que el área gubernamental envió a este medio, la presentación advierte que si bien 24 ya derivaron en un acuerdo homologado, todavía existen 42 que continúan en trámite y 19 fueron cerrados o enviados a guarda temporal.
“Resulta oportuno mencionar que los expedientes administrativos donde tramitan los Procedimientos Preventivos de Crisis resultan ser dinámicos, dada la naturaleza de los mismos, es decir, que con el paso del tiempo pueden modificarse aspectos como su estado, la cantidad de trabajadores, las medidas planteadas, entre otros”, aclaró Capital Humano.
En total, en los dos años y medio que van del gobierno de La Libertad Avanza, los PPCs totalizan 458. En 2024 la actividad económica cayó 1,7% pero al año siguiente, el PBI creció un 4,4%. Pese a ese rebote, el 2025 y el 2026 superan en cantidad de pedidos a 2017, uno de los dos años de escalada de la gestión de Mauricio Macri, cuando totalizaron 158; y están en camino a igualar al 2018, cuando los trámites llegaron a 183. Ambos años con desplome del producto en 2,5% y 2,2%, respectivamente. El pico fue durante el 2020, bajo la administración de Alberto Fernández, con 498, en plena crisis por la pandemia de COVID-19.
El peso de la recesión en el entramado productivo
A junio del 2026 el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que realiza el INDEC marcó un salto interanual del 2,7%, traccionado principalmente por sectores como minería, pesca, agricultura y energía. Áreas como la industria, el comercio y la construcción – los de mayor aporte al PBI y de mano de obra intensiva – crecen de forma anual en mucha menor medida, aunque marcan caídas mensuales del orden del 5% mensual e interanual en sus indicadores particulares.
El correlato de la aceleración de los PPCs es que la crisis de la actividad más vinculada al sector productivo empezó a quedarse sin herramientas para sostener sus estructuras a la espera de una recuperación. Según Federico Filippini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero, el año en curso terminará con crecimiento por debajo del 3% de lo esperado y el terreno positivo será gracias al arrastre estadístico del 2025, alrededor de un 2%. La Universidad de San Andrés (UDESA) aseguró que la caída del segundo trimestre de 2026 habría borrado un rebote del primer trimestre, tras marcar una baja del 0,89%. Analytica estimó que julio fue el mes de peor desempeño, con una proyección del 1,1% de merma. En el caso de la construcción, la consultora MAP ajustó su predicción al 2,4% y el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central prevé un 2,1%.
Desde el cambio de gestión gubernamental en noviembre de 2023, la economía local perdió 30.633 empresas, lo que representa la destrucción del 6% del total de la matriz de empleadores formales, según el relevamiento que actualiza de forma mensual Fundar. Los registros marcan que es la peor caída del tejido productivo en los primeros 30 meses de un gobierno. Solo tomando el último dato disponible de mayo de 2026, cerraron 2371 compañías, y ya suma 16 meses consecutivos de retroceso intermensual e hilvanando 27 caídas interanuales seguidas.
Tensión financiera y cadena de pagos
Las firmas que siguen en pie se mantienen con algunas alertas rojas y amarillas. La cadena de pagos es el principal eslabón en tensión: al menos un 47% de las compañías industriales tuvo problemas para afrontar alguna de sus obligaciones financieras y un 9,2%, la totalidad de sus pagos, indicó la Unión Industrial Argentina (UIA).
Además, la mora de las empresas en el sistema financiero se quintuplicó en menos de dos años, trepando desde el 0,7% registrado en noviembre de 2024 hasta tocar un inquietante 3,7% en julio de 2026, indicó Equilibra, aunque está lejos del pico histórico. En términos absolutos, las personas jurídicas en cesación de pagos saltaron de 16.212 a casi 37.500, afectando al 13,4% del total de las firmas endeudadas.
El impacto es más fuerte en las PyMEs. Para los préstamos menores a $5 millones, rango que abarca al 60% de las pymes, el nivel de irregularidad vuela al 9,3%. Al abrir los datos por actividad, la Construcción (7,7%) y el Comercio (6,5%) lideran el ratio general de mora crediticia, sectores que experimentan marcadas caídas en sus niveles de PIB sectorial.
Entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, los atrasos totales en los esquemas de pago se duplicaron. Hoy, incurrir en rojo con el banco es la última carta que juegan los empresarios (8,6%), ya que el mecanismo de supervivencia primario consiste en financiarse licuando pasivos con el fisco, acumulando deudas impositivas (17,3%), y pateando compulsivamente los giros a sus proveedores (15,3%). Dentro de la manufactura, un rubro ilustra la gravedad de la apertura de importaciones: el sector Textiles y cuero acumula un nivel de morosidad que roza el 14,6%.
Impacto directo: cierres y despidos
Entre las últimas noticias que muestran la crisis en el último mes, Fundar señaló que la textil Will Der cerró su planta productiva en la localidad bonaerense de Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en Pacheco, apuntando directamente a la crisis sectorial y a la flexibilización aduanera.
La multinacional Unilever avanzó con el cierre de su fábrica de vegetales deshidratados en Mendoza, expulsó a 60 operarios bajo el argumento oficial de un cambio de reposicionamiento en las categorías de consumo.
En paralelo, en el canal supermercadista, la histórica cadena marplatense Toledo liquidó apenas un 40% de las nóminas salariales de julio, encadenando conflictos laborales de forma sistemática durante el último año.
La Granja Tres Arroyos ejecutó la desvinculación de 250 operarios de su planta avícola, justificando la drástica reducción por la caída de precios internos y el cierre de fronteras de exportación por cuestiones sanitarias.
En la provincia de San Juan, la fabricante de galletitas dulces Tía Maruca bajó la persiana definitivamente tras reportar que apenas lograba sostener la operatoria al 52% de su capacidad instalada, asediada por el consumo deprimido.
En el norte del país, Indumentaria Catamarca firmó su certificado de defunción para fines de este mes; la empresa textil que supo cobijar a 150 empleados redujo su plantilla de a cuentagotas por sobrestock no liquidado y terminará cerrando con apenas 20 personas en sus instalaciones.
Finalmente, la firma de electrodomésticos Peabody anunció que abandonará la producción local luego de 16 años ininterrumpidos en el país; la empresa ya desmantela sus máquinas para fugar la producción a Paraguay apostando a un esquema netamente importador, en el marco de un severo concurso preventivo que arrastra pasivos por $40.000 millones.
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