El Gobierno de Javier Milei instrumentó una amplia reestructuración del Presupuesto 2026 mediante el DNU 867/2026, que redistribuye recursos entre distintas áreas del Estado y establece fuertes refuerzos para Defensa, Inteligencia, Justicia, el Poder Legislativo y organismos vinculados al desarrollo tecnológico.
Como contrapartida, la modificación presupuestaria contempla importantes reducciones en partidas destinadas a las provincias, asistencia social al personal de la Administración Pública Nacional y activos financieros.
Según los considerandos de la norma, la decisión responde a la necesidad de realizar una adecuación inmediata del presupuesto, ya que, de no concretarse, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.
El Ejecutivo también argumentó que “la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, por lo que informó la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Más de $217.000 millones para Defensa
Uno de los principales beneficiados por la reestructuración es el área de Defensa. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa reciben en conjunto un refuerzo superior a los $217.000 millones.
La mayor parte de esos fondos se canaliza como aplicaciones financieras bajo la modalidad de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, financiados por el Tesoro Nacional.
El Ministerio de Defensa recibe $114.732,8 millones, mientras que el Estado Mayor General del Ejército suma $60.429,4 millones y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea incorpora $31.211,1 millones.
A su vez, el alistamiento operacional de la Armada Argentina obtiene $8.115,5 millones, dentro de los cuales aparece una partida de $50,75 millones destinada a “Gastos reservados”.
La SIDE también recibe un fuerte refuerzo
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) también figura entre las áreas favorecidas. El organismo recibe un incremento de $30.518,9 millones para su programa de “Información e Inteligencia”.
De ese monto, $19.613,9 millones corresponden a gastos de capital destinados a la adquisición de maquinaria y equipos informáticos y de oficina.
Otros organismos también recibirán importantes refuerzos. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) incorpora $120.081,3 millones, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) suma $119.289,5 millones para el desarrollo de misiones satelitales y el diseño de cuatro satélites SARE II A.
El Poder Judicial de la Nación obtiene un refuerzo de $111.210,3 millones, de los cuales $100.000 millones corresponden a aportes directos del Tesoro para gastos de personal.
Por su parte, el Poder Legislativo incrementa sus créditos en $63.810,9 millones, destinados principalmente a retribuciones de cargos vinculados con la actividad de formación y sanción de leyes.
De dónde salen los recursos
Para financiar la redistribución, el Gobierno combina nuevos ingresos con reducciones en partidas centralizadas del Tesoro.
Entre los recursos incorporados aparece un incremento de $222.911,9 millones derivado de la venta de activos propios, como edificios e instalaciones públicas.
Sin embargo, el principal ajuste recae sobre la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde se reducen partidas vinculadas con asistencia financiera y programas de carácter social y provincial.
El programa “Otras Asistencias Financieras” registra una quita global de $288.474,8 millones. Dentro de ese recorte, la asistencia social destinada al personal de la administración pública sufre una reducción de $253.333 millones.
Además, las transferencias corrientes destinadas a las provincias bajo el concepto de “Administración Central Provincial” disminuyen en $35.141,7 millones.
Finalmente, el Tesoro reduce en $202.158,3 millones su partida destinada al incremento de activos financieros a largo plazo por cuentas a cobrar.
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