El Gobierno nacional habilitó un plazo excepcional de 60 días para completar más de 700 trámites de baja de automotores con recuperación de piezas que habían quedado vencidos, una medida que permitirá regularizar alrededor de 23.000 autopartes que actualmente no podían ser comercializadas.
La decisión fue establecida mediante la Disposición 217/2026 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, publicada este viernes en el Boletín Oficial y vigente desde hoy.
La norma alcanza exclusivamente a los trámites de baja con recuperación de piezas inscriptos después del 31 de marzo de 2021 en los cuales hayan caducado los elementos identificatorios asignados porque el desarmadero no presentó dentro del plazo correspondiente la planilla que acredita el correcto marcado de las autopartes.
Esos expedientes tendrán ahora 60 días para ser finalizados correctamente.
Más de 23.000 piezas quedaron fuera del circuito comercial
La magnitud del problema quedó expuesta en el propio expediente. La Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (CARVA) informó a la Dirección Nacional que había relevado más de 700 bajas de automotores con recuperación de piezas sin finalizar, situación que equivaldría a aproximadamente 23.000 autopartes imposibilitadas de ser comercializadas.
El inconveniente no estaba necesariamente relacionado con el estado físico de las piezas, sino con el vencimiento de los elementos que permiten identificarlas y acreditar legalmente su procedencia. Cuando esos identificadores caducan, las autopartes recuperadas pierden la habilitación necesaria para regresar al circuito formal de comercialización.
El problema surgió durante el cambio de sistema
El régimen de baja con recuperación de piezas fue modificado profundamente en octubre de 2025, cuando la Nación avanzó hacia una tramitación íntegramente digital mediante el Registro Único Virtual (RUV). La reforma eliminó registros en papel y sistemas manuales con el objetivo de reducir tiempos y, especialmente, mejorar la identificación y trazabilidad de las piezas recuperadas después de la baja del vehículo del que provienen.
Sin embargo, durante la implementación se permitió que coexistieran temporalmente dos procedimientos: el nuevo sistema digital a través del RUV y el mecanismo mixto anterior, que continuaba involucrando a los Registros Seccionales. Esa transición provocó que, en determinados expedientes, vencieran los plazos para presentar la documentación final, lo que produjo la caducidad de los códigos correspondientes y dejó las piezas fuera de circulación.
Plazos diferentes según quién retiraba los identificadores
El procedimiento anterior contemplaba dos situaciones. Cuando era el propio desarmadero el que retiraba los elementos identificatorios en el Registro Seccional, disponía de 30 días para estamparlos sobre las piezas y remitir la planilla correspondiente.
En cambio, cuando los elementos eran entregados a la persona que realizaba el trámite de baja del vehículo, el plazo para completar esa instancia podía extenderse hasta un año.
Una vez vencidos esos períodos sin la documentación requerida, los identificadores quedaban caducos y las piezas recuperadas no podían reutilizarse comercialmente.
No cambia el trámite general para los propietarios
La disposición publicada este viernes no introduce un nuevo procedimiento general para quienes quieran dar de baja un vehículo ni habilita indiscriminadamente la venta de autopartes usadas. Se trata de una regularización excepcional destinada a los desarmaderos con expedientes antiguos que quedaron inconclusos.
El actual procedimiento establece que la baja con recuperación de piezas debe tramitarse mediante el Registro Único Virtual y con intervención de un desarmadero que tenga inscripción vigente en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC).
Entre la documentación requerida se incluyen datos del vehículo, documentación registral, fotografías y la identificación de las piezas que podrán ser recuperadas.
Una vez autorizado el trámite, las autopartes recuperables son individualizadas mediante códigos de seguridad vinculados al vehículo del que provienen, mecanismo destinado a permitir su trazabilidad y diferenciarlas de piezas provenientes del mercado ilegal.
Con el nuevo plazo excepcional, Nación busca ahora cerrar el stock de expedientes que quedó pendiente durante la transición y permitir que las piezas que cumplan los requisitos puedan reincorporarse legalmente al mercado.
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