Organizaciones sindicales, sociales, sectores agrarios y comunidades originarias se movilizaron ayer por el centro de esta ciudad en rechazo al proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional y busca media sanción a cambios sobre los alquileres, los desalojos, las expropiaciones del Estado y las restricciones que impedían cambiar el uso del suelo de campos quemados.
Aunque desde el miércoles estaba confirmada la eliminación del capítulo del megaproyecto que habilitaba la extranjerización de las tierras, los manifestantes decidieron mantener la convocatoria de ayer para exigir la derogación completa del paquete de reformas y advertir sobre el impacto que estas medidas tendrían en Misiones.
Al respecto, Miriam López, secretaria general de ATE Misiones, dialogó con PRIMERA EDICIÓN y valoró la marcha atrás del Gobierno como el resultado directo de la movilización popular, pero aclaró que el retiro del capítulo sobre tierras no es suficiente para frenar el reclamo.

“Lo recibimos bastante bien en el sentido de que creemos que lo hicieron por la presión que ejercimos los argentinos, pero decidimos igualmente salir a la calle porque es solo un artículo. Necesitamos que se revise toda la ley, que se dé de baja y que se vuelva a discutir. Jamás en la vida vamos a aceptar que de la noche a la mañana aprueben una ley entera así”, afirmó López.
Asimismo, la dirigente gremial remarcó la desventaja geopolítica de la provincia ante el avance de capitales privados. “En Misiones tenemos más de 1.000 kilómetros de frontera internacional y más del 15% de nuestra tierra está extranjerizada. Para un proyecto colectivo o de vivienda tenemos que comprarle la tierra a extranjeros que además vienen y explotan a nuestra gente. Esta marcha es una prueba de que cuando el pueblo sale a defender la soberanía, las cosas pueden cambiar. Como trabajadores del Estado, damos fe de eso: con organización y presentaciones judiciales le doblamos el brazo al Gobierno nacional”, sostuvo.
En la concentración se manifestó también el malestar generalizado de distintos sectores de la sociedad frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional, la pérdida de derechos laborales y el riesgo que corre el patrimonio natural de la provincia y el deterioro socioeconómico general.
“Vinieron para destruir y acechar a los trabajadores argentinos en general. Prueba de ello son las 31.000 empresas que se cerraron en el país y también acá en Misiones, donde hay miles de desocupados. La situación se nota en las calles y en la cantidad de ollas populares que no se pueden parar. Vinieron por el presupuesto universitario, la Ley de Discapacidad, el Hospital Garrahan, los salarios y las tierras. Vamos a resistir con organización y lucha”, concluyó Miriam López.

Reclamo agrario
El sector productivo también estuvo presente en la jornada a través de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). Hugo Sand, su presidente, también dialogó con PRIMERA EDICIÓN e instó al Congreso a no tratar el proyecto, además hizo hincapié en la necesidad de restituir las facultades operativas al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
“Hay que dar de baja toda esa ley, no hay que tratarla. Es muy peligroso lo que están haciendo, por eso venimos del interior a decirle al Gobierno nacional que está haciendo mal las cosas y que tiene que devolverle todas las funciones al INYM”, declaró.
En ese sentido, el dirigente agrario destacó la postura de la gestión provincial sobre el tema. “Es sumamente importante que el gobernador Passalacqua haya dicho públicamente ‘no a la extranjerización de las tierras’. Les pedimos a los senadores y diputados que lleven ese mensaje a la Nación. Los norteamericanos ya se quedaron con el manejo del río Paraná, de las proteínas que salen por ahí y de los minerales. Acá quieren quedarse con Misiones, querrán comprarse las Cataratas del Iguazú como se compraron el Lago Escondido”, advirtió.
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En cuanto a la quita del apartado de extranjerización de tierras, Sand manifestó: “Yo no les creo absolutamente nada. Retroceden para venir con más fuerza porque vienen por todo. Desde el INYM hace muchos años decimos que vienen por las tierras de los productores y por el Acuífero Guaraní, y ahora abiertamente lo están diciendo”.

Pueblos originarios
La jornada contó además con la participación de referentes de los pueblos originarios. Hilario Moreira, cacique de la comunidad Tamanduá, expresó a este Diario la preocupación de las familias indígenas ante cualquier intento de flexibilizar el acceso a la propiedad inmueble por parte de firmas extranjeras.
“Para el pueblo indígena, y para la Nación mbya guaraní en especial, esto afecta indiscutiblemente el derecho al territorio. La sociedad misionera sabe que la población indígena es preexistente, por lo que somos los más afectados en la provincia y a nivel nacional, ya que esto va a significar la pérdida de territorios que seguimos defendiendo porque son nuestra casa grande”, señaló.
Moreira concluyó pidiendo que se cumpla la ley y se respeten los derechos de las comunidades originarias. “Reafirmamos nuestro derecho al territorio porque es un derecho constitucional desde 1994. La Nación reconoce nuestra preexistencia y los gobiernos deben ser garantes de eso. Somos parte de esta Nación y estamos en el mismo camino de defender la soberanía como pueblo indígena y como argentinos”, finalizó.






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